En las últimas décadas, la incidencia del dengue ha aumentado de forma considerable como consecuencia del cambio climático, el crecimiento urbano incontrolado, el transporte, los viajes, y la falta de instrumentos sostenibles para la lucha contra el mosquito, así como su aplicación insuficiente.
Los cultivos de la aromática quillquiña perecieron en la última helada que afectó a la comunidad Cuno Cuno en junio. Lo mismo paso con la lechuga, vainitas, perejil y acelga que crecían en las carpas solares de la familia de agricultores Quispe Álvarez.
Cuno Cuno es una de las 36 comunidades del municipio de Calamarca, población ubicada a 56 kilómetros de la sede de gobierno, impactada por las heladas y las sequías situación que motivó a Germán Quispe a probar nuevas técnicas para producir papa con mayor rendimiento.
Su curiosidad de saber cómo sería la producción de papa en un ambiente atemperado, lo cual no es usual, lo llevó a experimentar con la variedad huaycha, que tiene alta demanda en las ciudades de La Paz y El Alto. El resultado: papas producidas en menor tiempo y con menos riego.
“Usamos riego por inundación y hemos tenido buenos resultados: papas de buen tamaño, peso y buen sabor”, afirma Germán Quispe. Las ha consumido con su familia y siente que esas papas eran más dulces y arenosas.
Para él la única diferencia importantes es que produjeron esa papa en menor tiempo. En tres meses y medio ya pudo cosecharla, mientras que en campo abierto tiene que esperar un mes más.
El rendimiento por surco fue de más de un quintal de papa. Eso en época de sequía es una alternativa para la familia, la comunidad y otras asociaciones, que podrían implementar a gran escala en los siguientes años, resalta Quispe.
“Les ha resultado bastante bien. Una de las carpas, por ejemplo, hemos hecho cálculos, ha producido casi 30 toneladas por hectárea. Han ingeniado una serie de manejos de la carpa, por ejemplo, para que no haya mucho calor han abierto las ventanas y las puertas regularmente. Así evitaron que crezca el follaje”, cuenta Fredy Villagómez, director de CIPCA Altiplano.
Cuando está completamente cerrada la carpa la temperatura llega hasta los 40 grados Celsius. En esa situación tienen que abrir las ventanas, aunque eso no es necesario en invierno.
La ONG CIPCA ha acompañado este proceso de experimentación de algunos productores de Calamarca como la familia Quispe Álvarez. Ha evidenciado rendimientos altos, más de 33 toneladas por hectárea, afirma Orlando Ticona Flores, responsable de la Unidad de Desarrollo Territorial de CIPCA Regional Altiplano, quién realizó un análisis comparativo de los rendimientos a campo abierto y en carpas solares.
Con la implementación de la Propuesta Económica Productiva (PEP) de CIPCA, que plantea una agricultura sostenible con manejo agroecológico, evidenciaron rendimientos altos en superficies considerables llegando al promedio en el Altiplano de La Paz y Oruro de 18 toneladas por hectárea en los municipios San Pedro de Totora, San Andrés de Machaca, Taraco, Calamarca y Colquencha.
Bolivia en la actualidad produce papa con un rendimiento de 7 toneladas por hectárea. El gobierno tiene la meta de duplicar la productividad y alcanzar un promedio de 15 toneladas por hectárea y exportar hasta 2025.
La rentabilidad versus la necesidad
A inicios de este año, la sequía impactó la producción de papa, tanto que por su escasez el precio de la arroba subió de cuarenta bolivianos a ochenta e incluso a cien bolivianos. En ese contexto, era rentable producir la papa en carpa y vender la arroba en ochenta bolivianos.
Para Quispe, la rentabilidad está en vender la arroba de papa en ochenta bolivianos, pero habitualmente el costo en el mercado es de cuarenta bolivianos. A ese precio, dice que le conviene más producir lechuga, no papa.
Villagoméz considera que se debe hacer un estudio más detallado de los resultados obtenidos, para ver cómo continuar, si puede ser viable para ampliar la producción o si solo sería para casos de emergencia, cuando hay mucha sequía.
Para Orlando Ticona, la producción en carpas solares se convierte en una alternativa real porque quintuplica la productividad por superficie de La Paz y existen otros factores favorables como la reducción del periodo del cultivo a 3,5 meses lo que permitiría realizar hasta tres cosechas por año.
Pérdida económica por eventos climáticos adversos
Las sequías, heladas, inundaciones, principalmente han afectado a las comunidades de Calamarca en el último lustro. Tanto que en 2018 se promulgó la Ley Municipal de Gestión de Riesgo Agropecuario para enfrentar los impactos atribuidos al cambio climático.
A nivel nacional, en el verano 2022-2023, la sequía afectó a más de 140 mil familias productoras de todo país y a cerca de 190 mil hectáreas de cultivos, según el ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
En Calamarca, las lluvias no comenzaron en septiembre sino en noviembre de 2022 y fueron discontinuas. “Tres semanas sin lluvia, luego llovía fuerte y otras dos semanas nada”, rememora Germán Quispe.
Pero no ha sido la sequía sino la helada la que ha golpeado este año la producción de la familia Quispe Álvarez. En la visita que realizó La Pública el 14 de junio a la comunidad Cuno Cuno, se evidenció la gravedad de la afectación. En una de las carpas solares se pueden ver hileras de lechugas florecidas cuyas hojas tienen una mezcla de color amarillo tenue con manchas marrón. Están quemadas por la helada.
Un panorama similar se observa en la carpa de las acelgas. Hace un mes que no están cosechando. Esto les representa unos mil bolivianos de pérdida mensual. Junto a la acelga, perdieron repollo y vainitas. “Cada domingo, media arroba de vainitas llevábamos para vender”, remarca Quispe. Y cada semana vendían 100 amarros de acelga.
“En esta carpa hemos perdido como unos dos mil bolivianos (285 dólares, aproximadamente)”, explica Gladys Aroata. Ella hace un recuento a detalle de las pérdidas. Habitualmente venden sus productos los jueves y domingos en la ciudad de El Alto, hasta antes de la helada sacaban a la venta 80 amarros de apio, 60 de perejil, cilantro y quillquiña. Estas plantas son demandadas para el chairo y el fricasé, por ejemplo.
En el caso de la quillquiña en un área de dos metros cuadrados de producción tenían una venta de 100 bolivianos semanales, vendiendo amarros de un boliviano. Ahora solo hay hojas secas y amarillentas. Hasta la raíz se ha quemado con la helada. La temperatura llega a menos 12 grados Celsius en estas ocasiones.
El impacto abarcó también a las lechugas que se extienden a lo largo de una de las carpas. No han sido removidas porque deben mantener la humedad de la carpa para que no se deteriore. Para agosto preparan la nueva siembra escalonada.
En el caso del perejil vendían de diez en diez los amarros a sus caseros de la ciudad de La Paz. “Me preocupan los caseros que hemos perdido, los que compraban hasta 30 amarros. Se van a ir a otro lado a comprar. Volver a empezar es difícil”, lamenta Gladys Aroata.
La sequía es otro problema. “Desde febrero dejó de llover y el agua poco a poco ha bajado. En otros años, nevada caía, de eso salía agua”, dice Aroata, a quien le preocupa que sus vecinos no tengan agua para el riego y se estén secando la producción de sus carpas solares.
Gladys Aroata muestra el estado en que quedaron las lechugas y otros cultivos tras la helada de junio. Foto: Miriam Jemio
Una malla contra las heladas
En una de las carpas solares se ven hileras de lechugas en pleno crecimiento. Tienen dos semanas y para el día de la visita tenían planificado realizar el deshierbe. Las 1.500 lechugas crespas serán cosechas a fines de agosto. “Hay deshierbar para que no le quite los nutrientes. En un día lo hacemos. Es un trabajo sencillo”.
Las lechugas están cubiertas por una tela blanca. Es una malla “antihelada”, dice Quispe, a quien le parece que “es una buena inversión pagar un boliviano por el metro”.
“La helada es terrible, ha quemado el pepino, el tomate y la arveja. La carpa solar no controla el frío, si afuera estamos a menos diez grados Celsius aquí adentro estamos a menos ocho grados Celsius. Con la malla antihelada logramos controlar y se puede estar aquí adentro a menos cinco grados”.
Estamos pensando introducir la papa con la malla antihelada y vamos a ver cómo nos va, adelanta sus planes de experimentación.
“Este año fuerte afectó la helada. No conocíamos esa malla, si hubiéramos conocido antes no nos habría afectado”, dice Gladys Aroata en mención a sus cultivos perdidos.
Germán Quispe muestra la malla antihelada en su cultivo de lechugas. Foto: Miriam Jemio
La producción agrícola continua
La cebolla que producen es la arequipeña. La siembran en toda la provincia Aroma, donde está Calamarca. Está en pleno crecimiento. Estará lista para la cosecha en septiembre.
“La moradita, la más común, es la más demandada en el mercado”, afirma Quispe. Tardan tres meses y medio en estar listas para la cosecha, en ese tiempo al menos tres veces se tiene que deshierbar y requiere riego semanal por inundación. Es una especie resistente a la helada. “En campo abierto resiste, pero no desarrolla bien. Va a estar sufriendo hasta que pase la helada y recién va crecer”.
Piensan introducir otras variedades de acelgas porque hay demanda de la morada. “Incluso hemos producido acelgas aromáticas, pero no compraban y ahora están empezando a buscar”. También producirán col rizada, col china, nabo gigante.
La familia Quispe Álvarez ya se están preparando para realizar una siembra escalonada en las seis carpas, cada semana un producto para que la cosecha no sea simultánea, eso les permite contar con diferentes productos para vender en el mercado.
Eso está programado para finales de agosto, porque la temperatura va a empezar a subir. Por ahora, Gladys, Germán y su hermana están a cargo de la producción en las seis carpas, porque Franklin Quispe - papá de Germán- es el actual mallku, la máxima autoridad de la comunidad Cuno Cuno. Germán ya cumplió con ese deber en 2022. Las autoridades comunales tienen un año de gestión.
Van a privilegiar la producción de lechuga es el producto que más rápido sale, entre 35 a 40 días, y les da mejores ganancias. Venden a un boliviano cada lechuga, de las 1.500 que plantaron obtendrán 1.500 bolivianos.
También han proyectado producir cebolla, zanahoria y forraje en campo abierto desde agosto.
La cosecha de agua surge como opción
Cuando llueve o cae una nevada, los comunarios captan esas aguas para el riego. Usan una motobomba para llevar desde una vertiente agua a los tanques desde donde circula por las cañerías instaladas a lo largo del campo.
El pozo de agua de esta familia tiene una profundidad cuatro y medio metros y una capacidad para almacenar entre cinco a mil a seis mil litros, que se recargan en cuatro horas con la ayuda de una motobomba. “Alcanza tranquilamente para el riego. Nos costó unos cinco mil bolivianos, pero tiene beneficios”, dice Quispe.
La familia Quispe Álvarez tiene uno de los pozos más grandes de la comunidad, a los demás comunarios les alcanza solo para su consumo familiar no para el riego.
Los meteorólogos predijeron que, a nivel mundial, entre 2023 y 2026 se presentará uno de los años más calurosos desde que se tienen registros. Este año habrá un incremento del calor por la presencia del fenómeno de El Niño. A mayor calor mayor probabilidad de sequías.
“Si es así estaríamos perjudicados -dice Quispe-. Estamos viendo la posibilidad de captar proyectos de la cosecha de agua. recolección de agua de la lluvia, perforación de pozos estamos en esos proyectos como asociación como familia, como comunidad estamos viendo esa posibilidad”.
Actualmente, han instalado el riego por goteo en el 50% de sus carpas solares, lo que proyectan es hacerlo en el 100 %. “Tenemos que implementar en toda la infraestructura de las carpas solares, debido a que no sabemos si en los siguientes años va a seguir lloviendo o si va a empeorar la situación”, remarca Quispe.
Adelanta que buscarán alternativas para que estas zonas sigan siendo productivas, “porque de otra forma vamos a ser obligados a migrar a la ciudad. Es una preocupación, pero estamos con las ganas de seguir buscado soluciones”, dice.
Para Gladys Arota, la solución está en la cosecha de agua. Van a colocar canaletas en el techo de las carpas solares y sembrar agua. Es lo que han determinado del intercambio de experiencia que han hecho en Cochabamba, Sucre, Potosí, donde los agricultores también están sufriendo por la falta de agua.
Aroata lamenta que desde hacer tres a cuatro años no hay agua para sembrar a campo abierto. “En enero y febrero llueve mucho y el agua está corriendo. Tenemos que cosechar esa agua”, remarca.
Esto lo podrán lograr con el apoyo de alguna institución que pondrá la geomembrana para impermeabilizar el suelo y la mano de obra la podrán los agricultores. “Con ese apoyo vamos a poder salir de estas sequías que está afectando a todos los productores”, dice la agricultora.
Una de las dificultades centrales es que hay menos agua para producir alimentos en campo abierto y en carpas solares, pero también para la producción ganadera, dice el director de CIPCA Altiplano. Cita como ejemplo el que este año hay menos forraje lo que lleva a la gente a vender sus bovinos o sus llamas porque no va a alcanzar el follaje para alimentarlos.
Por eso están trabajando en varias acciones como la cosecha de agua, la construcción de zanjas de infiltración o la reforestación, que son a largo plazo, no son inmediatos. Se implementa una serie de estrategias para un poco mitigar la escasez de agua que es muy severa en el altiplano.
Una de las mayores fortalezas para mejorar la producción es que tanto las familias productoras de hortalizas de Calamarca y de la asociación se reúnen y cuenta sus experiencias. Por ejemplo, recién conocieron los beneficios de la malla antihelada. Quispe ha invertido ya 200 bolivianos en esa malla y piensa comprar para todas sus carpas, al igual que las seis familias de esa comunidad que producen en carpas solares.
Quispe comenzó a introducir mejoras a su producción en 2016. Con el apoyo de un proyecto construyó su primera carpa solar que aún está de pie en su propiedad, es de adobe. Allí introdujo la producción de tomate cherry con éxito, dice. No continúo porque es un producto muy sensible a las bajas temperaturas.
En sus proyectos está producir fruta como durazno, ciruelo, manzana, plátano y frutilla. “Hay que probar todos”, dice entusiasmado, con una sonrisa que no lo abandonó durante toda la visita.
Usan fertilizante que preparan ellos mismos en bidones con el huano de la vaca, le agregan chancaca (un dulce de caña), levadura, suero de la leche de vaca y lo dejan fermentar por uno o dos meses. Esa preparación la aplican a sus cultivos.
“Son nutritivos, hemos hecho la prueba con cebolla y haba en campo abierto, los resultados han sido increíbles con la cebolla a cambio abierto. Las habas tenían dos metros de altura. En noviembre va a ser una belleza”, señala entusiasmado el agricultor de Cuno Cuno.
El sistema de riego le permite bombear agua de una vertiente hasta los tanques y de allí se distribuye el agua por las cañerías a las carpas solares. Foto: Miriam Jemio
Lo que necesitan
Por la experiencia de más de 12 años trabajando en la producción agrícola. Quispe dice que cuando a la comunidad llega un proyecto completamente gratuito las familias no lo cuidan. Prefiere los usar los créditos de fácil acceso no como el SIBOLIVIA, que otorga el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), a una tasa anual del 0,5%, porque pide muchos requisitos y hacen esperar más de tres meses.
“Los créditos ayudan a no depende de un gobierno o del municipio. Los gobiernos tienen que trabajar en créditos de más fácil acceso y con un interés del 2 o 3%. Creo que eso estaría bien, devuelves ese dinero con interés, pero trabajando te fortalece la responsabilidad de seguir creciendo”, resalta el agricultor.
A decir de Quispe, la asistencia técnica es necesaria para cuando el productor quiere iniciar. Piensa que los proyectos vienen con técnicos que no saben la realidad por eso prefiere el intercambio de experiencias, como en los que participó en otros departamentos y Perú. “Entonces un productor dice esto me interesa y se lo trae. Incluso lo implementa y mejoramos. Es así como estas tecnologías las hemos traído acá y las hemos mejorado y las vamos a seguir mejorando”, dice.
Quispe reconoce que en todo lo que avanzó contó con el apoyo de ONG como CIPCA y Ayllu. Así también han construido un centro de procesamiento. “Todas las hortalizas que vamos a producir las vamos a procesar ahí. Se va a embolsar y etiquetar y se van a llevar al mercado. Tenemos un convenio firmado con una empresa comercializadora Valle Verde. A ellos les entregamos ahora nuestra producción. En el futuro como asociación tendremos nuestra propia marca”.
Algunas acciones
Una de las dificultades centrales es que hay menos agua para producir alimentos en campo abierto y en carpas solares, pero también para la producción ganadera, dice Fredy Villagómez, investigador y director de CIPCA Altiplano. Cita como ejemplo el que este año hay menos forraje lo que lleva a la gente a vender sus bovinos o sus llamas porque no va a alcanzar el follaje para alimentarlos.
Por eso están trabajando en varias acciones como la cosecha de agua, la construcción de zanjas de infiltración o la reforestación, que son a largo plazo, no son inmediatos. Se implementa una serie de estrategias para un poco mitigar la escasez de agua que es muy severa en el altiplano.
El investigador de la Fundación Proinpa, Miguel Barrantes, señala que hay varios colegas suyos que están probando nuevas formas de producción. Conoce que en Tihuanacu hay una carpa de más de media hectárea donde se trabaja con tractores y que están produciendo dos veces al año papa.
“Las carpas solares sí es una respuesta porque puedes optimizar el agua, puedes optimizar nutrientes y además puede sacar dos tres veces la producción en un año”, señala Barrantes.
El investigador de la Fundación Proinpa presentó en el congreso de Cambio Climático realizado en junio en La Paz, el proyecto “Jatun Puka una alternativa para la adaptación al cambio climático y la producción”. El cual busca generar alternativas para la adaptación al cambio climático y la producción de papa en el altiplano.
El resultado de la investigación muestra que en el altiplano es posible elevar la productividad con la introducción de la variedad de papa peruana Jatun Puka, usada para papa frita por su tamaño grande, sin ojos, fácil pelado, piel delgada y lisa.
Los resultados muestran que se ajusta su ciclo para las siembras tardías, la cosecha adelantada de la Jatun Puka rompe la estacionalidad en el altiplano, lo que permite obtener un mejor precio en el mercado. “Es competitiva en el mercado y tiene gran demanda para la comida rápida”, señala Barrantes.
Reducen el tiempo de crecimiento y tiene un mayor rendimiento. “Si se atrasan las siembras como en 2022, en diciembre se puede sembrar y alcanza a cosechar en febrero, mes en el que se tiene mejor precio por la papa”, explica Barrantes.
Los desafíos sin pausa
Estamos en el mes más seco del año, remarca Willy Rocha, jefe de la Unidad de Meteorología y Climatología del Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senahmi). Y según la ONU, julio será el mes más caluroso nunca antes registrado en la historia del mundo desde que se tiene mediciones del clima.
“Estamos con pocas precipitaciones, esto no es muy alentador. Adicionalmente a esto tenemos la condición de El Niño que se está haciendo visible”, dice Rocha.
Lo preocupante es que desde 2019 se ha extendido un periodo largo de sequía hasta 2023. “Son casi cuatro años de condiciones deficitarias continuas, pero este no es un problema solamente a nivel nacional, es un problema a nivel mundial. Uruguay por ejemplo ya no tiene agua potable, en Argentina de igual manera están en estas condiciones. Ha sido bastante largo este último periodo y bueno anteriormente no se ha registrado similar caso. Ha sido continuo desde el 2019”.
Con la confirmación que hizo la Organización Meteorológica Mundial, en la primera semana de julio, sobre la presencia del fenómeno de El Niño a partir del segundo semestre de 2023, se prevé un aumento global de las temperaturas lo que cambiaría las precipitaciones de diferentes puntos del planeta. En Bolivia, principalmente en la ciudad de La Paz, la academia ha alertado de una posible escasez de agua similar a la sufrida en 2016.
En tanto, la familia Quispe Álvarez no para con sus proyecciones, van a construir dos carpas más y cosechar agua. “Cada carpa te da en promedio 800 bolivianos al mes, con 10 carpas tienes ocho mil bolivianos al mes. Es mejor”, dice seguro Germán Quispe.
*Este informe ha sido redactado y elaborado en el marco de un programa de formación periodística impartido por la Fundación Thomson Reuters. El contenido es responsabilidad exclusiva del autor y del editor.
Por José Antonio Orella/Santa Cruz
Año tras año, el cambio climático amenaza los medios de subsistencia de las comunidades indígenas del Territorio Indígenas Monte Verde.
Las heladas que no se registraban antes, la sequía prolongada y los incendios forestales son las mayores amenazas.
En los últimos años, de manera inusual el territorio ha sido afectado por las heladas que en muchos casos ha llevado a perder, casi en su totalidad, las siembras que realizan en las comunidades indígenas.
Su bosque, cada año, es amenazado por los incendios forestales, quema por terceros, así como avasallamientos. Entre 2019 y 2021, se quemaron más 390 mil hectáreas de bosque en el Territorio Indígena Monte Verde. En 2022, 38 mil hectáreas de bosques quemado, los cusis y los copaibo se quemaron
Buscan adaptarse a la nueva situación, volviendo a prácticas aprendidas de sus abuelos. Como la recolección del cusi para elaborar aceite, practicando los sistemas agroforestales para proteger su bosque.
La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monteverde, está ubicada en el Departamento de Santa Cruz, en la Provincia Ñuflo de Chávez, 400 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Su territorio es de 947.440 hectáreas, superficie mayor a la de Puerto Rico, es una de las TCO más grandes de Bolivia, tiene un gran valor forestal, ya que casi en su totalidad, está cubierta de bosques.
Este vasto territorio abarca parte de la jurisdicción de tres municipios: Concepción, San Javier y Guarayos. En la TCO Monte Verde residen 128 comunidades, con aproximadamente 10.000 habitantes. Las comunidades chiquitanas se concentran en el Sur de la TCO, e incluso algunas están fuera del mismo.
Un territorio sin ley. En eso se convirtió la región del Madidi donde la minería del oro trabaja de manera ilegal, sin control estatal. Esa actividad irregular ya devastó la región del río Kaka y está en plena destrucción de la zona del río Tuichi.
El tentáculo de la minería aurífera ahora amenaza a la zona de protección estricta y permanente del parque Madidi, una de las áreas protegidas más biodiversa del mundo, y de poco está alcanzando al Pilón Lajas y a Cotapata. Está en retirada de Apolobamba, donde la destrucción es desoladora.
Este corredor de conservación, compuesto por las cuatro áreas protegidas, es uno de los hotspot (gran riqueza de especies) de biodiversidad más importantes. En él se concentran flora y fauna de relevancia al mismo tiempo que naciones indígenas cuyos medios de vidas están sobrepuestos al corredor al igual que el 80% de la minería aurífera del país.
La deforestación y la contaminación de las fuentes de agua por la remoción de tierra y el uso de mercurio son impactos ambientales que también afectan la salud de indígenas y campesinos que viven en esas áreas y cuya alimentación tiene como base la carne de pescado. se centra en el pescado de los ríos como el Beni, kaka y Tuichi.
Las víctimas de esa contaminación son los peces, que traspasan el mercurio acumulado a quienes se alimentan de su carne. Los indígenas de la nación Ese Ejja es la más afectada porque lo consumen a diario, esto se suma a los múltiples problemas que enfrentan debido a la pobreza y la falta de atención del Estado.
La escasa presencia de las autoridades llamadas a controlar la contaminación ambiental y las operaciones mineras permite que la ilegalidad incluya empresas extranjeras, en alianza con las cooperativas mineras extraigan desenfrenadamente oro de manera ilegal y causando un alto impacto socioambiental en la región.
Un esfuerzo privado intenta introducir nueva tecnología para reducir el uso del mercurio, fomentando la práctica de minería responsable. Aunque, algunos activistas consideran que los resultados positivos son incipientes frente a la magnitud de la actividad minera en el corredor de conservación, que solo se ve que crecerá por diversas razones ahora favorables para los mineros.
Corredor de conservación, la mayor zona minera de oro del país
El 60% de todo el oro exportado de Bolivia, en 2018, fue extraído por las más de 1.000 operadoras mineras, principalmente cooperativas, ubicadas en el corredor de conservación Madidi-Cotapata-Apolobamba-Pilón Lajas, que se superpone a la región minera aurífera más tradicional e importante del país.
Así lo afirma la WCS en una investigación que publicó en 2020. Se trata de un diagnóstico que refleja la situación de las actividades de minería aurífera en esta región de alta biodiversidad, su nivel de intensidad y expansión y sus impactos ambientales sobre áreas claves de biodiversidad, áreas protegidas, territorios indígenas, cuencas, bosques íntegros, biodiversidad y otros valores de conservación dentro del corredor.
El corredor de conservación abarca más de 4.620 hectáreas de extensión, el 43% de la misma es ocupada por las cuatro áreas protegidas, donde hay 14 áreas claves de biodiversidad.
Sus principales servicios y funciones ambientales son la provisión de agua y el almacenamiento de carbono, pero ese ecosistema tiene como principal amenaza a la actividad minera, la hidrocarburífera y la construcción de carreteras.
Es una región altamente dinámica en términos sociales, económicos y políticos, según la WCS porque allí confluyen distintos tipos de organizaciones como las centrales de pueblos indígenas, sindicatos campesinos, consejos indígenas, consejos regionales, comunidades campesinas, capitanías, cooperativas agrícolas, comunidades que son parte del Consejo nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu, organizaciones de mujeres, cooperativas agrícolas, cafetaleras y otras distribuidas en las diversas provincias.
A pesar de las actividades productivas, pero principalmente de la minera aurífera, la mayoría de los municipios son pobres; la gran mayoría, se encuentra con niveles de pobreza mayores al promedio nacional, y con bajísimos porcentajes de servicios básicos, principalmente alcantarillado.
La pobreza de la zona ha impulsado a muchos pobladores a insertarse en la minería cooperativista, que probablemente sea la actividad económica más importante de la zona en la actualidad.
La superposición también afecta a los territorios indígenas de lecos, tacanas, quechua, ese ejjas, chimanes y mosetenes, lo cual causó irregularidades y violaciones a los derechos de los indígenas en lo que referente a la consulta previa e informada.
“En la práctica muchas comunidades llegan a acuerdos de compensaciones económicas directas que debe pagar el operador minero sin que el Estado pueda intervenir en estos acuerdos que no están contemplados en la normativa vigente y que se constituyen en una práctica que distorsiona los alcances de los beneficios de los pueblos indígena-originario-campesinos al que se refiere la norma y que tanto el nivel central como gobernaciones y municipios no ha regulado con claridad este aspecto”, según el estudio de la WCS.
Una muestra de esta práctica se dio en Mapiri, en agosto de 2012. La comunidad indígena leco Charopampa y la Cooperativa 15 de Mayo firmaron un convenio por el cual se acepta que sigan con la actividad minera dejando de lado el daño ocasionado al río Mapiri y las consecuencias de las poza-minas trabajadas sin la correspondiente mitigación ambiental, que fue lo que motivó a esa población a pedir la cancelación del contrato minero a esa cooperativa minera.
La gran amenaza es que, en el caso de la minería, el plan sectorial tiene como meta la generación de ganancias, prioriza el desarrollo de cadenas de valor minero-metalúrgicas y la política minera no contempla medidas y acciones destinadas a la reducción de impactos negativos.
“Las cuestiones ambientales, sociales y laborales (relativas a Seguridad y Salud Ocupacional SySO), han sido relegadas a un segundo plano y se limitan a la obtención de licencias ambientales y contratos, con relación al sector minero aurífero no existen políticas específicas”, analiza la WCS.
Como ya ha sido ampliamente analizado por diferentes instituciones de investigación, existe una débil articulación interinstitucional entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería y Metalurgia, así como en sus entidades descentralizadas como el Servicio de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que ha derivado en el crecimiento de la informalidad e ilegalidad del sector.
Los procesos de otorgación de derechos mineros y adecuación a contratos son muy lentos. Los datos de WCS señalan que entre 2014 y 2019 sólo el 12% de los derechos mineros lograron su adecuación y sólo 21% de las solicitudes de Contratos Mineros pasaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) para su aprobación.
Son varios los factores para el escaso control y fiscalización al sector. No se concluyó con la migración de las concesiones a los contratos mineros que rige desde la Ley de Minería de 2014. Y ante la “excesiva burocracia” en la AJAM, las cooperativas mineras trabajan sin contratos, por tanto, no cuentan con licencia ambiental y no realizan la consulta previa e informada en los territorios indígenas.
El estudio, publicado en 2020 por la WCS, contabilizó 290 operaciones mineras: 231 en Apolobamba; 41 en Madidi y 18 Cotapata. En Pilón Lajas establecieron que la actividad es aún artesanal; en las comunidades indígenas La Embocada y Charque trabajan de manera esporádica.
En el corredor existen 1.066 operaciones mineras registradas que realizan minería, principalmente aurífera. Los impactos por estas actividades afectan una superficie de 259.794 hectáreas, equivalente a 5,7 % de la superficie del corredor.
Las 15 Áreas Clave de Biodiversidad (ACB) existentes en el corredor representan el 47 % de su superficie (2.130.022 ha) y tienen superpuestas 457 operaciones mineras que impactan en el 6,8 % de este espacio. Se han identificado 8 ACB con mayor impacto minero en el corredor.
Las áreas protegidas de interés nacional: Apolobamba, Madidi, Cotapata y Pilón Lajas, representan el 49 % del área del corredor (2.225.435 ha) y tienen 290 operaciones mineras superpuestas, que generan impactos ambientales en el 5,8 % de su superficie. Apolobamba tiene la mayor presencia y afectación minera (231 operaciones), seguida del Madidi (41) y Cotapata (18).
El investigador ambiental Oscar Loayza, miembro del equipo técnico de WCS, en un webinario del CIDES realizado en febrero, dio a conocer que más de 500 actividades mineras fueron registradas entre 2010 y 2020 en las cuatro áreas protegidas, según datos del Sernap. En Apolobamba se registraron 394 áreas mineras otorgadas y 94 en el Madidi como muestra el siguiente cuadro.
Las cooperativas mineras auríferas representan el 74% de operadores mineros dentro del área del corredor de conservación, el 24% son empresas privadas (al momento del estudio muchas de estaban sin actividad); mientras, que las estatales solo llegan al 2%.
Las cuencas hidrográficas presentes en el área del Corredor, de Norte a Sur son el Tuichi, Mapiri, Kaka, Quendeque, Beni, Coroico, Alto Beni y parte del rio Boopi. En estas cuencas, las aguas superficiales a nivel de escorrentía o cuerpos de agua que son afectadas por la actividad minera son principalmente la cuenca de Mapiri, Tuichi y Kaka.
También los macizos rocosos forman un tipo de acuíferos (o las aguas subterráneas) son afectados principalmente por los trabajos subterráneos, donde las excavaciones que se realizan permiten la salida de agua a manera de filtraciones, reduciendo el volumen de agua de los acuíferos.
Es precisamente la cuenca del río Mapiri, en su parte Central, donde las actividades mineras son de intensidad Muy Alta y que los acuíferos presentes se presentan en rocas sedimentarias con muchos planos de discontinuidad (macizo rocoso de calidad regular a mala) y por tanto es afectada en el volumen y en la calidad de agua de estos acuíferos. Otros acuíferos que son afectados por las actividades mineras son las que se encuentran en la cuenca del rio Tuichi principalmente en la parte alta de la cuenca.
Territorios indígenas vulnerados
Un problema recurrente de la expansión minera, es que normalmente se expande sobre territorios de Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOC), lo que supone una serie de conflictos de interés, precisamente por ello, se han desarrollado una serie de normas que intentan precautelar el cumplimiento de los mismos, pero a la vez se han delimitado sus competencias.
El Corredor de Conservación tiene una presencia importante de pueblos indígenas, el informe de Monitoreo de actividad minera en el Corredor realizado por el Ministerio de Medio Ambiente (2018) establece la existencia de los siguientes pueblos indígenas en el territorio mencionado
Los territorios indígenas más afectados por actividad minera, en proporción a su superficie son:
- Marka Cololo Copacabana Antaquilla, con una afectación 24.288 hectáreas, es decir el 62% de su territorio.
- Pueblos indígenas lecos de Larecaja, con una afectación de 23475 hectáreas,equivalente al 14% de su territorio
- Organización originaria Marka Camata, con una afectación d 5.882 hectáreas,equivalente al 12% de su territorio.
Otros que se encuentran vulnerables son: la Central Indígena de Pueblos Lecos de Apolo y Pueblo Indígena de San José de Uchupiamonas, en los cuales tiene lugar la minería de base comunitaria.
Este dato es importante, puesto que no solamente estamos hablando de minería realizada por externos, sino también por emprendimientos mineros realizados por las mismas poblaciones indígenas, en muchos casos por considerarse parte de una actividad tradicional y en otros por las expectativas de mejorar sus condiciones económicas.
Y en el caso de algunas comunidades de Madidi y de Pilón Lajas ya han decidido conformar sus propias empresas o cooperativas para realizar directamente ellos la explotación del oro.
El Corredor de Conservación Madidi – Pilón Lajas – Apolobamba – Cotapata está ubicado en dos departamentos, cuatro áreas naturales protegidas, nueve provincias y 18 municipios, ello implica el concurso de una gran cantidad de actores sociales.
Esta diversidad se refleja por ejemplo en los sujetos de consulta. En el departamento de La Paz más de la mitad (60%) de los procesos de consulta fueron llevados a cabo en sectores afiliados a la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a la Confederación Sindical de Comunidades Indígenas y Originarias de Bolivia (CSCIOB), vale decir, sectores campesinos e interculturales.
Mientras que los sectores afiliados a las matrices indígenas y originarias como la CIDOB y el CONAMAQ alcanzan al 30% de los procesos de la consulta. En el Beni, todos los procesos de consulta fueron presentados al sector campesino.
Es necesario mencionar, que todos estos actores cuentan con intereses diferenciados y en los últimos años han sufrido un proceso de cooptación, desinstitucionalización y resquebrajamiento de su estructura orgánica, que ha mermado su capacidad de organización y de negociación frente al Estado y frente a actores económicos como las cooperativas.
“No vamos a permitir que ninguna empresa o cooperativa minera entre a nuestra comunidad”. Esa afirmación la repiten en distintas comunidades indígenas del Madidi y Pilón Lajas. Aseguran que esa actividad solo les dejará contaminación y depredación en sus medios de sustento.
El rechazo se debe a que no quieren que sus territorios sean devastados como sucede en regiones como Guanay, Mapiri o Apolobamba, o con los ríos más cercanos como el kaka (La Paz), el Beni (en La Paz y Beni) y ahora con el Tuichi que está en el mismo Madidi.
En el último año afloró el descontrol de la ilegal actividad minera en el área protegida Madidi, una de las reservas naturales más biodiversa del mundo ubicada en el norte de La Paz, de donde se extrae oro con maquinaria pesada y dragas de grandes dimensiones, la contaminación que causa el uso excesivo de mercurio y los problemas sociales que han derivado en violencia en la zona de Apolo.
Frente a eso los indígenas ven que la única forma de salvar sus comunidades y sus medios de vida (sus tierras, sus cultivos y sus recursos naturales) es demandar las cuadrículas mineras y explotar ellos mismos el oro de manera artesanal. Lo hacen por décadas. Ya no trabajarán en sociedad con empresas o cooperativas mineras como pasa actualmente en algunas comunidades por un porcentaje de las ganancias, de más o menos 20%.
Así lo afirma Domingo Ocampo, dirigente de la comunidad Torewa ubicada dentro del Territorio Indígena Comunitario de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), en el Madidi. Si bien también están afiliados a la Federación de Campesinos de Apolo, más del 90% de sus habitantes son indígenas chimanes y mosetenes.
“A nosotros nos hubiera gustado no mover nada sobre el asunto minero, trabajar nuestros chacos como estamos acostumbrados a producir todo lo que es agricultura”, pero -dice Ocampo- se organizaron para crear una cooperativa minera y explotar el oro que hay en las riberas del río Beni para salvar sus áreas de producción.
Para llegar a la sede de la comunidad caminamos en medio de platanales, es “el producto estrella” de Torewa, según los habitantes. Era el último lunes de febrero. Los comunarios terminaban una reunión con técnicos de la AJAM y cooperativistas mineros. No divulgaron los términos del encuentro. Compartieron un almuerzo y se tomaron una foto conjunta.
Hasta esa sede, han llegado representantes de empresas chinas y de cooperativas mineras, en diferentes oportunidades en los últimos años.
“Principalmente, chinos han llegado. Aquí (cerca) estaban haciendo una medición para ver qué cantidad podrían invertir. Nos ofrecieron como 50.000 dólares para arreglar todo el asunto de las tierras. Ellos iban a trabajar (en la extracción del oro) y nos iban a dar un porcentaje. Así, lo tradicional”, recordó Ocampo, también miembro de la Mancomunidad de Comunidades afectads por las hidroeléctricas.
No aceptaron ninguna propuesta. En 2019, iniciaron los trámites ante la AJAM y el Sernap solicitando las cuadrículas mineras de su territorio. Tras la pausa por la cuarentena debido a la pandemia de la Covid19, han retomado los trámites.
“Nosotros no somos mineros, somos agricultores. Para nosotros hubiera sido lo ideal que nadie toque estos lugares, pero ahora muchos ya han anunciado que van a hacer este trabajo, empresas, cooperativas extranjeras, … y bueno lo único para cuidar nuestra área es lo que podemos hacer”, explica.
- ¿Y corresponde hacer consulta previa informada?
- ¿Aquí? ¿Nosotros a nosotros mismos? No, pues. No sé qué corresponde ahí, pero hay empresas, por ejemplo, hace poco han venido de la Cooperativa Minera Aurífera “Milliscuni II” S.R.L, de Río Hondo. Ellos están un poco afectando la parte norte de nuestro territorio. Han venido a ver cómo concretamos un acuerdo, pero nosotros estamos sujetos a una decisión de la asamblea. No sé qué decisiones tomaremos, explica.
No saben cuándo les otorgarán los derechos mineros sobre las cuadrículas solicitadas en la AJAM. Les falta “los últimos papeleos en el Sernap”.
“Pero la preocupación que siempre ha llevado a la comunidad a pensar era cómo protegemos nuestra área el lugar, es solamente organizándose, ser digamos una sociedad igual que los otros, pero con un fin distinto: de proteger nuestra área de producción. Podemos trabajar en el asunto minero en el lecho del río sin dañar nuestras áreas de producción, lo que no puede hacer un minero, uno que tiene ese espíritu de trabajo de esa naturaleza”.
En la comunidad indígena vecina, llamada también Torewa, a la cual llegamos tras caminar casi por una hora por medio de la selva desde el río Beni, hablamos con su corregidor César Sánchez.
Hasta allí llegaron tres empresas mineras en el último año, entre ellas Coboldrom. Sus propuestas han sido rechazadas, porque dice que no quieren ser otra Guanay o Maripiri donde “están arruinando el río con la maquinaria”.
Esas determinaciones le hicieron saber a la AJAM, a través de resolución comunal, recordándole que la Constitución Política los ampara y que antes de comenzar cualquier trámite tienen que hacer la consulta previa e informada. Le han pedido, al igual que al Sernap, que les hagan conocer a qué empresas ya dieron las cuadrículas de su comunidad.
“En estas semanas iremos al mismo tiempo a la AJAM y al Sernap, para que no nos tomen el pelo. El Sernap nos va a dar unos documentos, porque nosotros somos dueños del territorio como Polígono 1 titulado”, remarca Sánchez.
En las últimas asambleas, la CIPLA ha determinado adjudicarse las cuadriculas de su territorio, bajo esa consigna, el corregidor de Torewa tiene la meta de obtener los derechos mineros para su comunidad. Aunque piensa que, si no logran parar a las empresas, tendrán que negociar de alguna forma, para no pelear o hacer una demanda que es lo más costoso.
“Las empresas y cooperativas no quieren dejar ni un pedacito sin explotar y amplían sus trámites. Por eso nos oponemos a que otra empresa entre porque lo va a barrer todo. Nosotros solo lo necesario vamos a extraer de manera artesanal”.
Pilón Lajas y el CRTM
A media mañana del 28 de febrero, mientras navegamos en el río Beni hacia la comunidad Charque, ubicada en la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, observamos a algunos indígenas en la faena del lavado de tierra en bateas en busca de oro, en algunos lugares se ven solo los caballetes, formado por tres delgados y cortos troncos, y algún promontorio de arena.
Esa es la manera artesanal de extraen oro y así es como quieren seguir haciéndolo, por eso en octubre de 2021, rechazaron la intención de la empresa Coboldrom S.A., que tiene un contrato con la AJAM, de explorar y explotar minerales en Pilón Lajas.
Tras una asamblea, emitieron una resolución en la que acusan a la AJAM de dar autorizaciones mineras dentro su TCO “sin estudios de impacto ambiental, sin consulta previa e informada a los pueblos indígenas del Pilón Lajas que se ven afectados por la presencia masiva de poblaciones de fuera que llegan a dragar ríos y sus afluentes, que amenazan la cultura y forma de vida de nuestro pueblo, actividades que significan la contaminación de aguas, suelos y peces, que constituyente nuestro sistema alimentario”.
El último lunes de febrero, al llegar al ingreso a la comunidad Charque en busca del corregidor para conocer su versión sobre la oferta de la minera Coboldrom, dos indígenas se encontraban en plena faena. Usan bañadores para lavar el material y extraer el oro.
Están molestos con nuestra presencia. No quieren hablar del tema. Piden que le pregunte a su dirigente del CRTM. Mencionan que ya les han informado que van a organizar una cooperativa, “y estamos de acuerdo las seis comunidades”, dice uno de ellos, sin precisar los nombres.
Según el pronunciamiento del CRTM, de octubre de 2021, la comunidad rechazó la oferta económica que le ofreció Coboldrom, que incluía un pago extra para los dirigentes.
Un día después, en Rurrenabaque, hablamos con Fernando Ara, presidente del Consejo Regional Chimanes Mosetén (CRTM), quien nos confirma que es la voz autorizada para hablar sobre su territorio, el Pilón Lajas donde habitan más de 2.500 indígenas mosetenes, chimanes y tacanas, unas 535 familias en 23 comunidades.
Sobre la decisión de conformar una cooperativa, dice que hablaron del tema en las tres últimas asambleas, pero que la decisión final la tomarán en una asamblea donde participen no solo cinco representantes, sino 10 por cada una de las 23 comunidades y que tengan derecho a voz y voto.
“Cuando son cosas mayores y de gran riesgo, convoco a una asamblea para someterlo a consulta. Que sea la asamblea con cinco representantes por comunidad con derecho a voz y voto. Ellos son los que toman la determinación, previa información técnica clara de qué estamos hablando, y mi responsabilidad es hacer cumplir la determinación”.
- Insisto en la pregunta, entonces, ¿aún no han tomado la decisión de formar una cooperativa para explotar oro?
- Bueno, en sí ha habido asamblea, dos o tres asambleas para analizar y debatir (…). Más es de análisis del tema minero, para ver de qué manera nos va a afectar, cómo vamos a contrarrestar, cómo vamos a hacer resistencia. Vamos buscándole, una vez encontremos ya la forma de cómo resistir o resguardar el territorio, ahí ya vamos a sacar definitivamente una resolución…”
Dos semanas después, Ara fue denunciado porque su nombre aparece en un contrato minero con la AJAM por el cual tiene derechos mineros dentro de Pilón Lajas.
En la TCO San José de Uchupiamonas, la situación no es diferente. Aunque a pesar de su determinación de no permitir el ingreso de ninguna minera, los últimos días de febrero, se sorprendieron cuando una cooperativa con el mismo nombre de la comunidad intentó ingresar a su territorio con maquinaria para realizar actividad minera.
El Rurrenabaque, el último día de febrero, hablamos con Pedro Macuapa, corregidor de San José de Uchupiamonas, quien nos contó que enviaron una carta a la AJAM solicitando que dejen sin efecto los contratos con las mineras y las cooperativas hasta que la comunidad formalice su demanda de cuadrículas.
- ¿Van a demandar las cuadrículas?
- Exactamente.
- ¿Ya iniciaron los trámites?
- Ya hemos iniciado. Esta va a ser ya la tercera, (el) tercer documento que vamos a enviar al gobierno y a la AJAM.
- ¿Cuándo fue la primera vez?
- Si mal no recuerdo, en octubre del año pasado.
El corregidor uchupiamona espera que el gobierno tome en cuenta sus votos resolutivos y que se paralice la adjudicación de las cuadrículas a los mineros. Van a continuar con la minería artesanal.
Asegura que en su comunidad no usan mercurio. “Nosotros siempre lavamos con lavaderitos o bateítas (recipiente). Mi padre ha sido minero siempre y gracias a eso por lo menos nos puso a una escuela, un poquito a una educación superior. Eso es lo que venimos peleando y vamos a seguir peleando por ese tipo de actividad, que no sea tan contaminante tan depredador”, afirma.
LA ESTRATEGIA
Para Álex Villca, activista ambiental y emprendedor turístico, el gobierno de turno ha sido “muy hábil” al involucrar en estos temas a muchos actores como son los cooperativistas mineros, las organizaciones de los pueblos indígenas, las empresas mineras que tienen intereses en común y se burlan de las normativas nacionales e internacionales.
“Dada la aguda crisis económica en nuestros territorios, en nuestras comunidades, es obvio que surjan familias que quieren entrar a estas actividades, porque nos están induciendo a que nosotros tengamos como último recurso el convertirnos en parte también de ese modelo económico extractivista, ya sea minero, ya sea de explotación forestal, ya sea el agro-negocio, sea la ganadería, cualquier actividad con tal de encontrar sustento para nuestra familia”, lamenta Villca, también vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).
La responsabilidad del daño a las áreas protegidas es también de los autoridades locales y departamentales, pero el promotor es el nivel central con un conjunto de leyes y decretos que favorecen el crecimiento de estas actividades económicas extractivas.
Villca menciona que la Ley 535 de minería, por ejemplo, es permisible y atentatoria a los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos y de la naturaleza, porque abre las áreas protegidas y los territorios indígenas a las actividades extractivas mineras.
Ambientalistas e indígenas lamentan que se haya simplificado la consulta previa, libre e informada a un trámite administrativo que además establece que si en tres reuniones los interesados (el operador minero, la AJAM y los afectados) no llegan a entendimiento, el Ministerio de Minería toma la decisión final.
“Eso es violentar un derecho elemental que tenemos los pueblos indígenas, como es el derecho a la consulta, de hecho, ellos dicen que la consulta en nuestro país no es vinculante, entonces es simplemente un proceso administrativo el que intentan simular y al final siempre se van a imponer”, lamenta el indígena uchupiamona.
Con toda firmeza, dice, que los pueblos indígenas tienen que prepararse para entender las dinámicas económicas del país y no ser presa fácil del poder económico y político que los convencen de que tendrán mejores condiciones de vida o de empleo.
“Cuando vemos experiencias de casos similares de extractivismo, sea minero, petrolero, explotación forestal o de otra índole, allá donde se han desarrollado estas actividades han dejado a las poblaciones locales e indígenas en peores condiciones de lo que estaban antes de recibir el proyecto extractivista”, aclara.
En 2019, habían 550 cuadriculas solicitadas, sobre todo en la cuenca del río Tuichi. Según La Nube, la AJAM registra -entre mayo y noviembre de 2021- 6.023 cuadriculas mineras. “Eso representa alrededor de 150 mil hectáreas afectadas, es decir el 8% de la totalidad de la extensión que tiene el Madidi. El proyecto Chepete El Bala solo va afectar el 2% del Madidi, es una cifra abismal y debería preocuparnos a todo el pueblo boliviano”.
“Este ha sido un proceso bien planificado”, sentencia el guardaparque Marco Uzquiano.
Si vemos los mapas de marzo en Madidi, desde las nacientes del Tuichi hasta el río Beni no queda una sola cuadrícula. Sobre el Pilón Lajas, asegura que todo está cuadriculado desde el río Quembeque.
“Están completando el plan estratégico que tienen. Se han constituido una o dos cooperativas de los dirigentes del CRTM y lista de socios. Eso nos da a entender que el siguiente paso es Pilón Lajas”, dice Uzquiano.
Todo comenzó –dice- en 2013 con la rezonificación del Parque Nacional Madidi, luego en 2014 se promulgó la Ley Minera y en 2018 y 2019 se cambia el reglamento ambiental, se elimina la ficha ambiental y se activa la categorización ambiental.
“Así se preparó el marco normativo para que sea permisivo” y en 2021, se debilitó la institucionalidad del Sernap, varios guardaparques fueron despidos o cambiados a otras regiones sin justificación. Y finalmente, se dividió a su asociación, la ABOLAC, creando una paralela afín al gobierno.
“Se debilita el control y vigilancia para quitar el blindaje que tenían las áreas protegidas. Ahí viene una incursión con fuerza de la minería, que se vio primero en Apolobamba, y desde 2020 en Madidi”, analiza el guardaparque.
El aliado estratégico de los guardaparques para la protección eran las comunidades indígenas, ahora son captados por los actores mineros.
“Ahora están haciendo meter a los indígenas como cooperativas, para que sea el indígena que destruya su propio territorio. Van a decir, si son los propios indígenas los que están contaminando, y ¿a quién se va a defender? Se quita la moral la ética que queda todavía”, explica Uzquiano, quien ahora trabaja en la Estación Biológica de Beni.
Los grandes capitales les provean maquinaria, eso le preocupa porque les inducirán a que se despojen de sus tierras y sus recursos naturales.
Las áreas protegidas han sido rebasadas en su control y vigilancia, el guardaparque ya no tiene autoridad ahí dentro. Su trabajo se limita a exigir a los mineros la licencia ambiental y la autorización del Sernap. Con el control del ingreso de maquinaria, lo único que se logra es multar y recaudar por ello, pero no se parará la actividad minera.
Ya no se tiene la capacidad para activar lo mecanismo de vigilancia. No tenemos refuerzo. Los mineros están haciendo lo que les da la gana. Dejaron la responsabilidad al guardaparque, los de la Armada ni la policía hace el control.
“Nos quieren callar por completo. Quieren que todos sean mineros para que no molestemos. Ahora apuntan el cañón hacia los ambientalistas. A los guardaparques nos someten a acoso laboral, nos cambian, nos mueven”, lamenta.
Este material fue desarrollado en el marco del proyecto “Construyendo capacidades en comunicación para la conservación de la biodiversidad en el Corredor de Conservación Madidi – Pilón Lajas – Cotapata”
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Picota en mano, Alejandra Mamani golpea la tierra y la arrastra atrás, hacia sus pies, una y otra vez. Cuando se detiene, con una mano saca de entre la tierra las cabezas rojas de cebolla.
Es tiempo de cosecha. El tercer sábado de noviembre, ella recogió también habas y arvejas, para vender a los visitantes que llegaron a su comunidad como parte de la actividad agroturística que realiza con la Red Polinizar.
Alejandra Mamani revisa las cebollas que acaba de cosechar y que luego vendrá en la ciudad de La Paz.
A Mamani le toca regar sus sembradíos los miércoles. Lo hace por inundación con el agua que corre por los tubos que se extienden a lo largo de su parcela. Hace cinco años, a través de un proyecto, financiado por una ONG y el municipio, en algunas comunidades de Palca se instaló un sistema de riego.
Retamani fue una de las beneficiadas, ahora las familias agricultoras tienen días determinados para regar sus cultivos. A pesar de esa limitación y lo costoso de ese sistema de riego, David Quispe, esposo de Alejandra, se siente satisfecho con su producción agrícola.
Los pobladores de Retamani tienen garantizada la provisión de agua, pero deben respetar un cronograma para usarla en sus cultivos.
Durante nuestra visita, cosechó papa para usarla en la preparación del almuerzo que sirvieron a sus ocasionales visitantes. Antes de cocinarlas, las lavó con el agua cristalina que llega hasta su vivienda, gracias a su sistema de riego.
Retamani es una de las 69 comunidades que componen los tres distritos rurales del Municipio de Palca, ubicado a dos horas en auto de la plaza Murillo de La Paz. Su principal actividad productiva es la agricultura, le siguen la ganadería y la minería. Esta última es rechazada en algunas comunidades porque contamina sus fuentes de agua.
Retamani tiene 398 hectáreas de superficie. Es tierra fértil. Alejandra Mamani, con una sola toma de aire, nos cuenta que, además del ganado vacuno, producen arveja, haba, maíz, cebolla, papa, cebada. “Todo producimos. Fruta también: manzana, tuna, durazno, pera”, complementa.
– ¿Y de dónde viene el agua con la que riegan sus cultivos?
- Directo baja del Mururata, responde Alejandra.
2060, ¿el punto crítico para el glaciar Mururata?
El Mururata es un glaciar ubicado en la Cordillera de Los Andes, está muy cercano al Illimani. Se está derritiendo más rápido que hace tres décadas, al igual que los otros que están en la misma cordillera. Según científicos bolivianos y extranjeros, es víctima del calentamiento global.
El glaciólogo Edson Ramírez, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, estima que los glaciares como el Illimani, Wayna Potosí, Tuni-Condoriri, Mururata y Sajama, han perdido un promedio del 40% de su cobertura de nieve en los últimos 30 años debido al incremento de la temperatura.
El cambio climático avanza y el Mururata podría perder su cobertura glaciar en 2061.
El estudio “Deshielo del nevado Mururata y su impacto sobre los recursos hídricos de la cuenca de Palca”, realizado por Ramírez en 2008, establece que tuvo un retroceso generalizado en el último medio siglo del 20,13% de su superficie.
En la conclusión de su estudio, el glaciólogo Ramírez señala que: “el hecho de que la superficie del nevado por encima de los 5.300 metros es todavía significativa, muestra que el nevado Mururata, si bien experimentará en la próxima décadas retroceso de sus frentes glaciares, éno desaparecerá”.
Este año, tras un análisis multitemporal hecho con imágenes del satélite Landsat, Jerzon Quisbert Parra, investigador de la carrera de Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés, afirmó que hasta el año 2061 la cobertura glaciar del nevado de Mururata podría perderse totalmente.
El experto analizó el comportamiento glaciar a través de la obtención de imágenes Landsat de los años 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2014 y 2018. La investigación tuvo como herramientas a la Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG), con las que se obtuvo información cuantitativa y grafica del análisis multitemporal.
El Mururata cuenta con una altitud de 5.750 metros sobre el nivel del mar y la distribución espacial del glaciar es la siguiente: Yanacachi con un 57%, Palca con un 22%, e Irupana con un 21%.
Según el estudio, el área glaciar perteneciente al municipio de Irupana fue el más afectado, con una pérdida del 60,5%, en el municipio de Palca fue el segundo más afectado perdiendo 44,8% de su área glaciar y, por último, el municipio de Yanacachi con 25,6% de pérdida glaciar.
El periodo de mayor pérdida glaciar ocurrió a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, según Quisbert.
Adaptación, represas y cosecha de agua
El agricultor David Quispe ha percibido que en Retamani, donde tiene sus cultivos, hay más agua que antes. Cree que es porque el Mururata se está derritiendo “más que antes”.
“Hay épocas en que mucha agua suelta, más que todo cuando hace mucho calor”, explica. Sabe que el cambio climático es el problema. A él, como a otras familias de su comunidad, ya les han hecho conocer que el glaciar está desapareciendo.
Los pobladores han buscado las mejores alternativas para aprovechar el agua que llega del Mururata en sus cultivos.
Para Quispe una alternativa es construir pequeñas represas para colectar el agua de la lluvia.
Su vecina Dora Tola Pugro, de la comunidad Choquecota, donde el agua del Mururata llega sin pausa porque está ubicada en las faldas de ese cerro, piensa que “de aquí a 10 años, se va a perder esa agua”.
“Nosotros, en el municipio, pensamos hacer unas represas para captar el agua de la lluvia. Eso es para harta plata, estamos buscando proyectos de la Gobernación (de La Paz)”, dice contundente.
Consultamos al ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, sobre la estrategia o plan de adaptación al cambio climático del gobierno, respondió que si hay un plan que se está ejecutando.
“Tenemos varios ejes. El cambio climático está generando eventos climáticos en diferentes regiones del país durante el año. En el oriente del país, tenemos época fuerte de sequías e incendios que ya hemos controlado con Defensa Civil”, aseguró.
En tanto en la región andina, “las sequías y la granizada provocan desastres que perjudican la producción agrícola”. “Estamos iniciando una época de intensas lluvias, se vienen las inundaciones, pero vamos anticiparnos de manera responsable”, dijo.
Cinco municipios de la metrópoli del departamento paceño son vulnerables, en diferentes niveles, a las sequías, inundaciones por efecto de las lluvias, heladas, entre otros. Achocalla, Mecapaca y Palca aseguran que incluirán su plan contra el cambio climático en sus PTDIs en 2022. Mientras El Alto implementó su plan 2021, La Paz tiene uno hasta el 2026 que apunta más a la mitigación.
Vidal perfora la tierra entre rocas oscuras con una herramienta puntiaguda, llamada taquisa, hasta encontrar un poco de humedad que se evapora a los pocos segundos de estar expuesta al sol. Rápidamente coge de un bolso que lleva atado a la cintura unos 15 granos de quinua blanca, los echa con cuidado al hoyo y lo entierra con la misma tierra húmeda y le pone una piedra para darle sombra.
Hace lo mismo con otros surcos en una serranía a la que no llega maquinaria agrícola porque está llena de grandes rocas y piedras.
