Domingo, 29 Noviembre 2015 21:44

El proyecto de ley de la Comisión de la Verdad debe esperar al 2016

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Seminario "Avances sobre el derecho a la verdad en la Argentina y en Bolivia". Seminario "Avances sobre el derecho a la verdad en la Argentina y en Bolivia". Carlos Mercado, Asofamd

La propuesta trabajada por varias entidades del país, interesadas en que se esclarezcan las violaciones cometidas por los gobiernos dictatoriales en Bolivia, fue entregada a la Asamblea Legislativa en agosto de 2015, pero no llegó a la Comisión de Derechos Humanos. La semana pasada, Asofamd organizó el seminario “Avances sobre el derecho a la verdad en la Argentina y en Bolivia”. Surgieron recomendaciones para mejorar el proyecto que, según anuncio de la diputada Sonia Brito, será de los primeros que se trabajará el año próximo.

Karen Gil y Víctor Quintanilla / La Paz

De los países de la región que vivieron regímenes dictatoriales, Bolivia es el único que aún no cuenta con una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación para que se investigue y se dé con los responsables intelectuales y materiales de asesinar, torturar y desaparecer a personas en gobiernos militares entre 1964 y 1982. Por ello, en agosto de este año, organizaciones de derechos humanos y de víctimas de dictaduras presentaron un proyecto de ley para crear dicha entidad. Sin embargo, éste aún no llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

“En agosto, la Asofamd (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Mártires por la Liberación Nacional) presentó simbólicamente a la Presidenta de la Cámara de Diputados el documento que fue consensuado con el resto de organizaciones; pero no ha llegado al Comité de Derechos Humanos de Igualdad de Oportunidades de la Comisión de Derechos Humanos", dijo la diputada Sonia Brito, secretaria de dicho comité. Según ella, el proyecto debía ser entregado (oficialmente) con una carta y hacerlo ingresar por ventanilla. "Tengo entendido que aún no se hizo; este (proyecto) de Asofamd nos interesa porque es el consensuado".

Ruth Llanos, secretaria ejecutiva de la Asofamd, aseveró que el proyecto fue presentado por ventanilla única el 21 de agosto y una semana después, el 28, se hizo la presentación pública en la Cámara de Diputados, por el Día Internacional del Detenido Desaparecido que se conmemora el 30 de agosto. El documento fue recibido el 21 de agosto con sello de la Cámara baja, confirmó Victoria López, secretaria general de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano. Con tal evidencia, Brito se comprometió a preguntar por qué aún no llegó a la comisión parlamentaria, como corresponde.

El proyecto fue elaborado y discutido por la Asofamd, la Plataforma, el Movimiento Mujeres por Libertad, el Colectivo de Lucha Contra la Impunidad y el Instituto de Terapia e Investigación de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), con el asesoramiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La propuesta establece que la Comisión de la Verdad sea “una entidad independiente con autonomía funcional, financiera, descentralizada y administrativa para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”.

Dispone además que esté compuesta por siete personalidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos y que tenga acceso sin limitaciones a toda documentación estatal, de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional de la época. Su trabajo deberá tener una vigencia de dos años.

Brito dijo que el Estado boliviano está muy interesado en abordar este problema, porque se trata de una deuda histórica, y que el Gobierno pretende el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda der justicia y el resarcimiento de las víctimas. “Por supuesto que nos interesa que se esclarezcan los casos de desaparición forzada y los delitos de lesa humanidad contra las personas en dictaduras. El Presidente (Evo Morales) tiene el interés de que este tema sea puesto en agenda; lamentablemente los tiempos de esta gestión (2015) han sido muy cortos”.

Lo más probable, según Brito, es que este proyecto de ley sea uno de los primeros que se trabaje en 2016. Además de revisar el documento, se analizarán proyectos presentados en el pasado y que fueron rechazados por falta de consenso.

La constitución de la Comisión de la Verdad es un pedido que las organizaciones de derechos humanos realizan hace mucho tiempo. A ello se debe, por ejemplo, la vigilia que la Plataforma instaló hace tres años y ocho meses al frente del Ministerio de Justicia.

Intercambio de experiencias y mejora del proyecto

El 26 de noviembre de 2015, la Asofamd realizó, en el Salón de Honor de la Universidad Mayor de San Andrés, el seminario “Avances sobre el derecho a la verdad en la Argentina y en Bolivia”.  El objetivo fue difundir las experiencias diferentes de ambos países en la búsqueda de la verdad detrás de las dictaduras “y sobre todo darle espacio al proceso argentino para que esas lecciones aprendidas y sus logros puedan servir en la mejora de lo que es nuestra propuesta de ley”, indicó Llanos.

En el seminario, María Teresa Piñero, integrante de la Comisión de Relevamiento para la Memoria Histórica de la Cancillería argentina, contó que en su país los familiares de las víctimas de la dictadura se movilizaron y crearon organizaciones de derechos humanos para denunciar los hechos de violencia a nivel nacional e internacional.

La fuerza de esa movilización, recordó, motivó una investigación breve pero profunda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1978. Un año después, en 1979, el organismo parte de la Organización de Estados Americanos publicó un informe en el que se ratifican las denuncias de los familiares. “Fue un parteaguas porque a nivel internacional se estableció que la dictadura trajo violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos”.

La también investigadora y especialista en políticas sociales de la dictadura 1976/1983, explicó que el derecho a la verdad es reconocido internacionalmente por organismos como Naciones Unidas. “Existe un concenso universal de que hay un derecho a la verdad de las víctimas y de toda la sociedad, un derecho a conocer lo que hicieron las dictaduras”.

Además del seminario, la Asofamd se ha reunido con otras organizaciones y con un experto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Nos ha hecho conocer (el experto) ciertas limitaciones de nuestra propuesta, nos ha hecho recomendaciones de cómo mejorarla; vamos a discutir la proxima semana si mantenemos lo que ya hemos presentado públicamente o si incluimos estas mejoras que nos proponen ya en el reglamento”.

Recomendaciones de la CIDH

El 19 de marzo de este año, representantes de la Plataforma de luchadores sociales, la Asofamd, la Unión de Víctimas Violencia Política, el Movimiento Mujeres por la libertad y Amnistía Internacional, informaron en una audiencia ante la CIDH los avances insuficientes de Bolivia respecto de la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

En la audiencia estuvieron, en representación del Estado boliviano, la ministra de Justicia, Virginia Velasco; el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho; y el Embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pary. Informaron de los trabajos realizados por el Estado para resarcir a las víctimas de dictaduras y se comprometieron a realizar esfuerzos para concretar la Comisión de la Verdad, tal como se puede ver en el video oficial de la audiencia.

Tras escuchar a las dos partes, los comisionados James Carvallaro y Paulo Vanucci —relator para Bolivia— expresaron su preocupación ante la ausencia de una Comisión de la Verdad para investigar los hechos de 18 años de dictaduras en el país.

“Pienso que hay que ampliar los caminos para seguir adelante en las reivindicaciones”, sostuvo Vanucci. También consideró que el proceso que vive Bolivia debe estar acompañado de la memoria sobre los hechos y de los esfuerzos por resarcirlos.

Señaló que es importante que se desclasifiquen los documentos de las Fuerzas Armadas. Éstas “no deben trabajar como una corporación que defiende los que se hizo hace 40 o 50 años, porque lo que se hizo era lo opuesto, lo contrario de lo que hacen hoy los gobiernos”, sostuvo.

El comisionado Caravallo preguntó al respecto sobre las posibilidades de crear la Comisión de la Verdad y acerca de los trabajos que se hacen para desclasificar la información militar. El Subprocurador contestó que se realizan los esfuerzos necesarios: “Hemos tenido conversaciones con el alto mando militar para ver la forma de entrar, estamos auscultando el hecho de que puedan haber ciertos protocolos que nos permitan el acceso a los archivos”.

Para saber si hasta la fecha esas conversaciones llegaron a un resultado concreto, desde este medio se intentó hablar con autoridades del Ministerio de Justicia, sin éxito. El Estado debía rendir un nuevo informe ante la CIDH sobre este tema a finales de octubre.

La diputada Brito está convencida, dijo, de que no habrá mayor problema, cuando se debata el proyecto de ley, para desclasificar los archivos militares. “No habrá mayor dificultad porque en general (la desclasificación) no afecta a los militares ni a la institución, sino a los que tuvieron responsabilidades específicas en los delitos de lesa humanidad. No se está enjuiciando a las Fuerzas Armadas. Son ellos los que tienen que decir muchas cosas, entre ellas revelar dónde se encuentran aproximadamente 156 desaparecidos en las dictaduras, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

Para dar solución y seguimiento a la investigación y reparación de la violación de derechos humanos en gobiernos dictatoriales, el comisionado Vanucci había adelantado que propondría a la CIDH la creación de una unidad temática sobre el derecho a la verdad, la memoria y la justicia. El relator estuvo en Bolivia para hablar de temas relacionados con los derechos humanos, éste entre ellos.

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