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Jueves, 17 Septiembre 2015 08:52

Homologar el certificado médico es un cuello de botella

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Poner una denuncia por violencia sexual es sólo el primer paso de un largo vía crucis que recorren muchas mujeres en el país. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), 7 de cada diez mujeres bolivianas son víctimas de abuso en algún momento de su vida.

Gemma Candela / Santa Cruz

Después de haber denunciado el acto de agresión en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), una mujer debe ir, denuncia en mano, a la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), en la prolongación de la calle Campero y Avda. Uruguay  –si vive dentro del Cuarto Anillo– o al Módulo de la FEVAP del Plan 3000 –si su domicilio se encuentra en un barrio del Cuarto Anillo hacia afuera–. Entre la FELCV y la FEVAP del centro hay 5,5 km, lo que supone un trayecto de 13 minutos en auto o taxi sin tráfico; son 8,6 km entre la FELCV y la plaza El Mechero, en el Plan 3000. 

En la FEVAP se solicita el examen médico forense. Esta prueba debe realizarse antes de que transcurran 72 horas de la violación. En Santa Cruz hay tres médicos forenses y las tres son mujeres: dos están en la calle Campero, sede del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y una en el Plan 3000. Trabajan de lunes a viernes en horario de oficina, y atienden casos de todo el departamento de Santa Cruz (sólo hay otros dos médicos forenses: uno en Yapacaní y otro en Montero, según la coordinadora de la FEVAP, la fiscal Rosa Ribera). 

A mediodía, de noche o en la madrugada, o bien durante los fines de semana y feriados, si hay una emergencia la Policía debe llamar a la forense de turno, previa denuncia de la víctima. Por ello hay personas que optan por acudir al primer centro médico con que se encuentran tras haber sufrido violencia sexual. Ya sean públicos o privados, los hospitales, clínicas y centros de salud deben extender un certificado médico. Después, la mujer llega a la FEVAP. “El certificado deberá ser homologado por un experto o una experta forense, quien deberá entrevistar en primera instancia a la o el profesional que extendió el certificado, y solamente en caso de que exista necesidad fundada e ineludible, podrá practicar otro examen médico a la mujer”, indica la Ley 348.

Sin embargo de lo anterior, todas las fuentes consultadas por La Pública para este reportaje coinciden en que la víctima suele ser sometida a un segundo examen forense. “Cualquier centro puede extender el certificado médico forense, pero luego tiene que ser homologado. Y ese paso es un cuello de botella: los médicos no quieren homologar el trabajo de otro profesional”, explica una de las abogadas de la Casa de la Mujer, Paola García.

“Los certificados de otros médicos no se adaptan a los requerimientos”, indica la directora de Protección a Víctimas, Testigos, y Miembros del Ministerio Público en la Fiscalía especializada para Víctimas de Atención Prioritaria de Bolivia, Fabiola Tito Paniagua. Coincide con ella la doctora del IDIF, Verónica Justiniano: “No sirve si no está hecho con el formulario único. Se está capacitando a médicos de hospitales de primer, segundo y tercer nivel para que extiendan certificado único homologado”. La Ley 348 se promulgó el 8 de marzo de 2013.

Los requisitos para solicitar un examen forense son:

  • El requerimiento del fiscal u orden judicial.
  • Consentimiento de la víctima.
  • Presencia de un familiar o una autoridad.
  • Si se trata de una menor, tiene que haber consentimiento del padre o madre. Si la violencia se da en el seno de la familia, ha de solicitar el consentimiento de una funcionaria de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que ejercerá como tutora.

El examen implica recolección de prendas de ropa y evidencias: toma de muestras en piel, uñas y cavidad oral; revisión de posibles lesiones sobre el cuerpo; e inspección ginecológica. Además, la víctima ha de volver a relatar lo sucedido. Por ello, someter a una mujer que ha sufrido violencia sexual a un segundo examen médico, es “revictimizarla”, afirma la directora de Género de la Gobernación, Lida Lozano. Por ello, García recomienda acudir directamente a la FEVAP.

Tras el chequeo médico a la víctima, se le dispensa medicamentos para evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Y, si es necesario, la médica solicita otras pruebas, como análisis clínicos (de semen, por ejemplo). Además, si la profesional en salud así lo determina, da días de impedimento a la víctima. En el caso de una menor, se le tiene que entregar la pastilla anticonceptiva de emergencia sin necesidad de solicitar permiso a los padres o al tutor, recuerda la abogada de la Casa de la Mujer. Sin embargo, apunta, "la mayoría de las violaciones a niñas no se denuncian inmediatamente”. Si la menor ya está embarazada cuando se hace la denuncia, se le debe realizar el aborto de forma inmediata, aunque el médico objete, y la intervención debe ser sin costo para la víctima.

El certificado forense es una de las pruebas clave en el proceso judicial, que debe ser gratuito para la mujer de principio a fin. 

En Bolivia, 7 de cada diez mujeres son víctimas de abuso en algún momento de su vida según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA).

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