Albanella Chávez Turello
Es muy fácil y cómodo creer que los asuntos que afectan a las personas y que pasan en el mundo no están conectados; sin embargo, nada sucede al azar y menos aún el acontecer legislativo y político.
El aura publicitaria que tiene Bolivia en el ámbito internacional tiene que ver con el cuestionamiento del ejercicio de los poderes económico, político y dirá Evo cuántos más. No obstante, acercando un poco más la mirada al país y echando un vistazo a la agenda de leyes en tratamiento y aprobadas recientemente, llama la atención que, si bien tratan de temas estructurales para la construcción del nuevo Estado, el enfoque desde el cual son planteadas no constituye la revolución prometida. Por el contrario.
Desde hace varios meses que se sabía del tratamiento de un proyecto de ley denominado Código de las Familias y del Proceso Familia. Ayer, viernes 18 de julio, la Cámara de Diputados lo remitió al Senado. Se trata de una normativa que le da forma a los conceptos que se manejan sobre la Familia, le otorga y niega derechos, y garantiza y quita facultades. El que estuvo vigente hasta hace dos días data de la época dictatorial de un militar llamado Hugo Banzer, quien después fue presidente constitucional.
Como primera advertencia, en abril fue realizada una ronda de presentación en distintas ciudades del país. ¿Qué se vio? Pues que hay tres agujas en el pajar que, al parecer, ahora se confirman. Es una simple cuestión de lógica:
Si Bolivia se define como estado laico y quienes dicen representarnos en la Asamblea –pues es muy relativo que de verdad nos representen a tod@s– elaboran una ley que sigue anclada en el modelo tradicional de relaciones sexo-afectivas y familia, el asunto va mal.
Si en Bolivia existe un texto madre para todas las leyes, léase Constitución Política del Estado, que habla de proteger de la discriminación a las personas y colectivos que son disidentes al status quo heteropatriarcal (Artículo 14, inciso II), pero luego se las ignora y niega completamente a la hora de decir quiénes pueden formar una familia reconocida y con derechos para el Estado, el asunto va mal.
Si se anuncia la CPE de Bolivia como “respetuosa” e “incluyente para las mujeres”, pero el mencionado Código sólo reconoce a las familias formadas a partir de parejas heterosexuales y niega el derecho a formar familias monoparentales, pues impone que hijos e hijas deben llevar siempre el apellido paterno, el asunto va mal.
En un análisis rápido, esos puntos salen a relucir al establecer una relación entre las normativas. Desde el mismo título de la ley: ¿qué implica el discreto giro semántico de decir ‘familiaS’ en vez de ‘familia’? ¿Acaso fue realizada una investigación sobre los conceptos de ‘familia’ en el total de 36 naciones que conforman el Estado Plurinacional? Hablando con sinceridad, la pregunta está de más. No es sorpresa que, como base para la ley se haya recurrido al concepto heterosexista y monogámica de familia, de raíces coloniales, machistas y patriarcales.
Ahora, si tomamos por seguro el camino que tendrá el Código dentro de la Asamblea y resultase aprobado, surgen más preguntas: ¿por qué la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo borran con el codo lo que fue escrito con la mano desde una Asamblea Constituyente y con letra, supuestamente, indeleble? ¿De qué sirve tener un artículo que ‘prohíbe’ la discriminación por orientación sexual e identidad de género, si el mismo Estado es el que discrimina y niega ‘derechos’ por simple omisión? ¿Qué reflejo tiene que se haya identificado a la descolonización y a la despatriarcalización como metas del Estado, si la reflexión queda en retórica?
Las respuestas no son difíciles de extraer y aparecen en dos niveles: estratégico y estructural.
El primero nos muestra que todo vale en la tarea de sumar puntos al tablero del partidismo, por sobre las carencias y derechos de la población. Este año tendremos las elecciones generales, es decir, elegiremos presidente y vicepresidente, diputados y senadores; en 2015 habrá elecciones de autoridades por departamento y ciudad. Con la mayoría parlamentaria que tiene el MAS y la fragmentación de fuerzas políticas que existe en la Asamblea, con el panorama futuro y tanto a nivel individual como de los propios partidos políticos, nadie en su sano juicio se jugaría el puesto. Sin embargo, tal es el peligro de garantizar “derechos”.
En especial ahora, los temas que causan alergia y que, por extraña coincidencia, son estructurales para el Estado, tienen un gran y vistoso letrero de NO TOCAR; entre ellos están el derecho al aborto, los derechos sexuales y derechos reproductivos ‘incómodos’ y el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Código de las Familias viene a ser el hilo con el cual se teje el telón de fondo, pues en la CPE se la pone como núcleo fundamental de la sociedad, de la cual parten sin la menor reflexión ni cuestionamiento los conceptos del ‘ser mujer’ y ‘ser hombre’ que son manejados en todo el aparato estatal, incluyendo en primer lugar al viciado sistema jurídico.
Nuestra Bolivia es estructuralmente patriarcal1, por lo cual la paridad y alternancia en la lista de personas que candidatean para las elecciones de octubre pueden significar algo al mismo tiempo que nada. El que haya exactamente la mitad de mujeres en la Asamblea Plurinacional no garantiza la revolución, y menos aún los derechos a las mujeres, poblaciones LGBT y otros grupos considerados vulnerables en función del tipo de opresión del que son objeto. La jerarquización que se establece de la discriminación racial sobre las demás formas de dominación incide en que no se cuestione el carácter patriarcal2 de la estructura sobre la cual coexisten violencia, acoso sexual, feminicidio, asesinato o violación de una mujer que trabaja en la limpieza de la Gobernación de Chuquisaca o una mujer trans que realiza el trabajo sexual en una calle de Santa Cruz, pues no afectan al sistema.
En la misma línea hay que entender la elaboración de un Plan de Derechos Humanos, cuya fecha de expiración fue el año pasado, y las promesas de ley, de normativas y derechos3, para después cumplir sólo lo políticamente correcto. Al fin y al cabo, si no se cumple con estas promesas fragmentadas y específicas, el sistema tampoco se verá afectado. No obstante, ni el cumplimiento de absolutamente todas las leyes prometidas ni esta sucesión de olvidos oportunos van a aportar a cuestionar el poder patriarcal que está detrás del propio Estado Plurinacional.
1 Galindo, María (2013) No se puede descolonizar sin despatriarcalizar: teoría y propuesta de la despatriarcalización. La Paz: Mujeres Creando.
2 Uriona, Pilar. (2013). Proceso de cambio en Bolivia y Estado patriarcal. Debates urgentes No. 2, 13-27.
3 Por ejemplo, una ley para los matrimonios entre personas del mismo sexo o una normativa que realmente atienda las necesidades de las personas con discapacidad