Juan Marcelo Columba Fernández, lingüista
Desde la promulgación de la constitución boliviana de 2009, el Estado ha concentrado sus esfuerzos en materia de lenguas en la implementación de una política intervencionista que intenta promocionar los idiomas “originarios” en el país. El éxito ornamental de los románticos clichés lingüísticos proferidos en arengas políticas o en textos de ley, contrasta con los resultados de una política lingüística que se ha constreñido al ámbito de la administración y la educación públicas. En lo que respecta a este intervencionismo lingüístico, dos eventos recientes llaman la atención: el primero, el vencimiento del plazo dado por las autoridades plurinacionales para que los funcionarios públicos aprendan un idioma “originario” y, el segundo, la difusión de artículos específicos sobre los idiomas “oficiales” contenidos en los estatutos autonómicos departamentales, documentos que serán próximamente sometidos a un referéndum en el occidente boliviano.
En relación con el primer aspecto, la promoción de un bilingüismo obligatorio en la administración pública – tanto por el ámbito en el cual se desarrolla como por la necesidad de certificación para mantener un puesto laboral – parece consolidar una suerte de “burocracia lingüística”. Esta reducción de la vida de las lenguas a deslucidos certificados, entiende la burocracia como un conjunto de papeles y trámites implantados artificiosamente para desarrollar una actividad administrativa. La noción de burocracia lingüística también incluye una dimensión política presente en la etimología del sustantivo: los certificados y papeles materializan el poder (gr. cratia) de la administración (fr. bureau) y, en este caso, implican una sumisión ciudadana al cuestionable imaginario lingüístico plurinacional.
Sobre el segundo aspecto, llama grandemente la atención la peculiar concepción de las lenguas presente en ciertos estatutos autonómicos de los departamentos del occidente boliviano. Así según los artículos correspondientes a los idiomas, en los estatutos de La Paz (Art. 2) y Cochabamba (Art. 6), algunas lenguas son más oficiales que otras. En ese sentido, existe una incoherencia entre la constitución boliviana vigente, que señala el carácter oficial de “todos los idiomas” (Art. 5), y los estatutos que solamente atribuyen a algunos idiomas un carácter oficial. Los estatutos en cuestión presentan una lógica que supera la célebre sátira animalesca orwelliana, y exhiben en cuerpo entero la seriedad y profesionalismo de sus redactores. Lo que no se puede dejar de advertir, en casos como el del estatuto paceño y cochabambino, es el andino-centrismo que origina una división entre lenguas andinas “oficiales” y lenguas amazónicas “no-oficiales” ¿Cuáles son los criterios para tal segregación?
Para la desdicha de los hablantes reales, el lírico rescate estatal de los idiomas “originarios” parece diluirse, por una parte, en una pesada, ineficiente y rígida burocracia lingüística y, por otra, en una perversión ideológica que niega el carácter oficial a las lenguas amazónicas. Un claro retroceso en la promoción de los idiomas regionales originado en la sobredimensión de un rol estatal, cuyas contradicciones internas incrementan la burocracia y segregan las lenguas mediante la recreación de una arbitraria jerarquía entre los idiomas oficiales y no-oficiales.
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