La calidad del respeto a los derechos humanos en el país está afectada por los límites a la libertad de expresión, a la protesta y la asociación, y por el debilitamiento de la democracia y de la institucionalidad, entre otros factores. A este panorama se suman la falta de independencia y credibilidad de la justicia, que actúa como un brazo operador del Órgano Ejecutivo y no cumple con el debido proceso.

Tras identificar esos males, algunas organizaciones de la sociedad civil consultadas proponen que el nuevo gobierno desarrolle su gestión basada en el enfoque de derechos humanos de manera transversal a todas sus acciones.

En cuanto a la justicia, plantean un cambio estructural, que apunta a un nuevo planteamiento del sistema judicial, a la meritocracia de los servidores de justicia y a garantizar su independencia, tanto política como económicamente.

Consideran que estos cambios están relacionados con la voluntad política de respetar la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), que garantiza a las ciudadanas y ciudadanos el ejercicio libre y pleno de sus derechos. Dicen que, además, urge que se inicie un proceso en que se transmitan valores y principios democráticos en el sistema educativo.

El análisis de las organizaciones puntualiza que las restricciones en los derechos humanos se agudizaron durante las gestiones de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) (2006-2019), y que, en muchos casos, continuaron en la gestión de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, principalmente desde la declaratoria de cuarentena total por la pandemia de la Covid-19.

Límites a las libertades

La directora de Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Susana Eróstegui, explica que durante los gobiernos del presidente Evo Morales, las libertades de expresión, de asociación y a la protesta fueron limitadas por diferentes estrategias y que dichos límites aún tienen consecuencias en la actualidad.

En el caso de la libertad de expresión hubo una sistemática asfixia económica y desprestigio a los medios de información y periodistas críticos que fueron catalogados de derecha o bautizados como parte del Cártel de la Mentira, además, varios periodistas fueron amenazados y agredidos físicamente. El tema económico derivó, por ejemplo, en el cierre de medios o recortes de personal, que se evidenció con más fuerza en los últimos meses.

Con respecto a la libertad de asociación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de las organizaciones sociales, se utilizó normativa para poner en riesgo la personería jurídica; hubo multas desde Impuestos Nacionales y un constante discurso de vincularlas con la oposición, con el fin de desprestigiar a las mismas.

En cuanto a la libertad de reunión pacífica, en el marco de la protesta, se afectó tanto a organizaciones indígenas como a activistas de derechos humanos, debido a su mirada disidente y cuestionadora. Ello, además, derivó en la creación paralela de las organizaciones, esencialmente indígenas y campesinas, lo que permitió que estas sean cooptadas y respondan a intereses gubernamentales. Dicha situación, dice Eróstegui, ha fortalecido a la polarización en el país.

Los expertos en la temática consideran que en estos meses se mejoró el respeto de estas libertades, pero el de la libertad de expresión aún es frágil. En mayo de este año, el Gobierno de Áñez —a través del Decreto Supremo 4231— intentó penalizar la libertad de expresión, ya "sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población" sobre la gestión de la pandemia. Este intento fue frenado y la norma anulada.

Debilitamiento de la institucionalidad

Para el exdefensor del Pueblo (2010-2016) y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Rolando Villena, las restricciones a los derechos humanos tienen que ver con el hecho de que el MAS “destruyó la institucionalidad del Estado” y coaptó las instituciones para concentrar el poder.

En esa medida se ha impedido la independencia de poderes, establecida en la Constitución. Y Villena considera que el Gobierno transitorio no desmontó el aparato instalado, por lo que repite de “manera perversa ese modelo” de desinstitucionalización, olvidando los conflictos del año pasado. Este hecho no permite un verdadero camino a la reconciliación y fortalecimiento de la democracia.

Los analistas consultados resaltan que el sistema democrático y los derechos humanos están vinculados intrínsicamente; por ello, la falta de cumplimiento de ambos ocasionó el debilitamiento institucional que arrastra el país y un resquebrajamiento del tejido social.

En ese sentido, mencionan el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 como uno de los hitos más relevantes en que no se respetó la democracia ni el derecho a elegir. Dicho desconocimiento de la voluntad de la mayoría del pueblo boliviano, que negó la posibilidad de que Morales sea reelegido por cuarta vez, derivó en los conflictos sociales de octubre y noviembre de 2019.

Villena cree que ese hecho hizo notorio que las y los ciudadanos no fueron tomados como sujetos de derecho.

También asegura que la progresividad de los derechos humanos, en cuanto que permite la interdependencia de unos con otros y su viabilidad, se ha detenido y se entró en un retroceso en el respeto de estos. “Si el derecho a la alimentación, al agua no se reconocen en la línea de la progresividad, los demás derechos tampoco se los reconoce”, dice Villena.

En la misma línea, la directora de la Fundación Unir Bolivia, Marisol Quiroga, resalta que el cumplimiento de los derechos humanos está relacionado a que, según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), no se hizo una real reducción de la pobreza y extrema pobreza en los últimos años. Esta realidad recae, además, en que no se cumplen los derechos a la alimentación, educación, salud y empleo, entre otros fundamentales.

Dependencia de la Justicia          

La aplicación de la justicia siempre fue un dolor de cabeza en Bolivia, pero en los últimos años la dependencia y la cooptación de esta llegaron a un punto alto, que derivó en una crisis institucional. Ello permitió, entre otras cosas, que se convierta en el brazo operador del Ejecutivo, práctica que ha sido usada ampliamente por el MAS y continuada por el Gobierno transitorio.

El coordinador de la Fundación Construir, Marco Antonio Loayza, explica que la crisis por la que atraviesa la justicia se debe a que en los últimos años no se hizo reformas estructurales, porque no se toma a esta como parte de la política pública. Dice que solo se realizan parches que responden al populismo punitivo, que apuntan a endurecer las leyes y las penas contra los delitos.

Otro problema es la falta del debido proceso de las personas acusadas, lo que se refleja en el abuso de las medidas cautelares. De las 19.000 personas privadas de libertad en el país, el 75 por ciento está con detención preventiva, que a su vez causó un hacinamiento carcelario de 300 por ciento.

Asimismo, Loayza dice que la justicia aún actúa bajo lineamientos burocráticos que favorecen la lentitud y la corrupción dentro del sistema judicial, lo que a su vez refuerza la falta de credibilidad de esta ante los ojos de la población.

A este panorama se suma que tanto en las gestiones del MAS como en la de Áñez, la justicia ha sido utilizada de forma político-partidaria por los gobiernos de turno. Esto ha permitido que el Órgano Judicial sea un brazo político y se invirtió el derecho a presumir la inocencia antes que la culpabilidad de las personas acusadas.

Los cambios

Los especialistas consultados coinciden en que el enfoque de derechos debe estar en todas las entidades públicas para cumplir los principios de la doctrina de los derechos humanos, con el fin de cumplir los principios de universalidad, interdependencia y cubrir las demandas económicas, sociales, culturales, civiles y políticas.

Esto significa que en todas las acciones que realicen los gobiernos debe primar el respeto a los derechos humanos. Asimismo, consideran necesario que este tema debe ser incluido en el sistema educativo, con el fin de transmitir valores democráticos.

Villena hace hincapié en la necesidad del acceso a la información. Por ello plantea una ley que lo viabilice como ocurre en otros países para, así, frenar el control absoluto del Estado y los posibles abusos que los gobiernos, en todos sus niveles, pudieran cometer.

En cuanto a la justicia, Loayza propone que se debe hacer una reforma estructural de la justicia para fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ello dependerá de una real voluntad política, pues la reforma estructural evitaría que la justicia siga siendo politizada.

En cuanto al sistema de justicia, el abogado especialista en derechos humanos plantea que la Asamblea Legislativa haga la preselección de las autoridades judiciales a partir de un perfil ideal de las y los magistrados, y que el proceso de elección se base en la meritocracia y en un examen psicotécnico de las personas aspirantes.

Para garantizar independencia judicial se debe trabajar en dos sentidos: el relacionado a la independencia institucional. Asegura que el presupuesto ya no debería depender del Ministerio de Justicia, que además le asigna un monto bajo en relación a los órganos judiciales de la región. El otro aspecto es el relacionado a la designación de los jueces, quienes deben estar institucionalizados para garantizar su estabilidad laboral y así evitar que sean manipulables por cualquier poder fáctico.

¿Qué soluciones ofrecen la y los candidatos?

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS)

Candidato: Luis Arce

Las respuestas fueron tomadas del programa de gobierno del Movimiento Al Socialismo “Agenda del pueblo para el bicentenario y vivir bien”, debido a que a pesar de haber aceptado en un principio la entrevista solicitada y luego de haberle enviado el cuestionario de preguntas, el candidato a la Presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, dio largas y largas para poder hacerle la entrevista.

Organizaciones consultadas indican que en los últimos años la democracia ha sido afectada a partir de un proceso de desinstitucionalización y un debilitamiento del sistema político ¿cómo plantea revertir tal situación y que se respeten, además, los derechos de las y los ciudadanos?

En ninguna parte de su plan de gobierno, el MAS reconoce un proceso de desinstitucionalización y un debilitamiento del sistema político en los últimos años en que gobernó Bolivia. Sin embargo, en el pilar 11 de Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública de su plan de gobierno, afirma que para construir un Estado que pueda brindar a la población mejores condiciones de vida y mayores oportunidades se requiere de una gestión pública transparente y menos burocrática, que promueva la participación y el control por parte de toda la sociedad.

En las entrevistas previas hechas por La Pública para este trabajo, las personas consultadas indicaron que un serio problema de la justicia en Bolivia es la falta de independencia. ¿Cuál es la propuesta de su partido al respecto para garantizar la independencia, la institucionalización, la descentralización y el derecho al debido proceso?

El MAS plantea una reestructuración de instituciones del Órgano Judicial, Ministerio Público y la Policía Boliviana, para que haya una justicia transparente, ágil y apegada a la ley. “Construir un Estado que pueda brindar a la población mejores condiciones de vida y mayores oportunidades requiere de una gestión pública transparente y menos burocrática, que promueva la participación y el control por parte de toda la sociedad. Se necesita una justicia transparente, ágil y apegada a ley, en igualdad de condiciones para todas las personas sin exclusión, independientemente de la clase social, nivel de ingreso, educación, raza, género y credo. Por eso es necesario una reestructuración de instituciones como el Órgano Judicial, Ministerio Público y la Policía Boliviana”.

Además, en el acápite de justicia, propone modernizar la gestión judicial e introducir tecnologías de la información; incrementar el número de procesos judiciales en todas las materias y  “selección de autoridades judiciales bajo criterios de transparencia y meritocracia, con la finalidad de contar con un Órgano Judicial idóneo, probo y meritocrático”.

¿Cambiará la visión punitiva con la que se mueve la justicia, que ha permitido, por ejemplo, que al menos 75% de las personas en las cárceles estén con detención preventiva?

Si bien no hay una respuesta específica a la pregunta en su plan de gobierno, el MAS propone elaborar nueva normativa para viabilizar la sanción penal. Además, plantea ampliar la infraestructura de centros penitenciarios y continuar con los programas de reinserción social.

 “La principal dificultad que atraviesan los centros penitenciarios del país tiene que ver con los elevados índices de hacinamiento, generados en su mayoría por las elevadas tasas de detenidos preventivos (aquellos que no cuentan con sentencia ejecutoriada). Hasta noviembre de 2017 existían 17.946 personas recluidas en las cárceles del país. De este total, solamente el 30% de las personas tenían sentencia condenatoria y el restante 70% se encontraban con detención preventiva”.

Frente a tal panorama, propone: “Ampliar la infraestructura de centros penitenciarios a lo largo del país, para satisfacer las necesidades principales de las personas privadas de libertad. Elaborar nueva normativa para viabilizar la sanción penal. En forma complementaria, se mejorarán las capacidades de los servidores públicos del Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensa Pública y Órgano Judicial. Continuar con los programas de reinserción social en los componentes de salud, educación, trabajo y deporte”.

Finalmente, plantea “mejorar la eficacia en la resolución de controversias incrementando el número de procesos judiciales en todas las materias: civil-comercial, penal, familiar, niñez y adolescencia, coactivo fiscal, violencia, anticorrupción y laboral, posibilitando que la población logre que sus procesos sean resueltos sin dilaciones y de manera oportuna. Por su importancia, se dará especial énfasis a los casos de feminicidios y violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”.

FRENTE POLÍTICO CREEMOS

Candidato: Luis Fernando Camacho

A pesar de las seis veces que se intentó conseguir hora para hablar con el candidato a la Presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, no fue posible. Las respuestas fueron tomadas del plan de gobierno 2020-2025 “Creer para crear” de la alianza Creemos.

Organizaciones consultadas indican que en los últimos años la democracia ha sido afectada a partir de un proceso de desinstitucionalización y un debilitamiento del sistema político ¿cómo plantea revertir tal situación y que se respeten, además, los derechos de las y los ciudadanos?

En el preámbulo del programa de gobierno de Alianza Creemos 2020-2025 “Creer para crear”, esta alianza se traza objetivos para la transformación de Bolivia y de la sociedad boliviana. Entre ellos está reformar el sistema político. Asimismo, más adelante en la primera parte de su propuesta, plantea eliminar la reelección de las autoridades del Ejecutivo, actualmente establecida en la Constitución Política del Estado (CPE); aunque por una sola vez consecutiva

“Se propone la eliminación de la reelección de las autoridades políticas de los Órganos Ejecutivos del país (Presidente, gobernadores y alcaldes), para que ejerzan el cargo por un solo período de funciones por única vez y que de esa manera se dediquen a administrar y gestionar sus responsabilidades sin desviar su atención a medidas tendentes a la reproducción de sus mandatos, lo que permitirá la renovación periódica de las autoridades y un más eficiente funcionamiento del sistema democrático”.

“Los objetivos que deben guiar esta transformación de Bolivia y de la sociedad boliviana son los siguientes: 1) Desmontar el Estado autoritario, reformando el sistema político, para garantizar el empoderamiento de los ciudadanos y su plena participación en la construcción de una Bolivia renovada; democrática, libre, justa e inclusiva. 2) Descentralizar el Estado, profundizando las autonomías y creando verdaderos gobiernos subnacionales con eficiencia, solidaridad y cohesión territorial (…) 4) Restructurar, desburocratizar y modernizar las instituciones del Estado, para elevar el alcance y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos; fundamentalmente en generación de oportunidades, salud, educación, justicia y desarrollo rural”.

En las entrevistas previas hechas por La Pública para este trabajo, las personas consultadas indicaron que un serio problema de la justicia en Bolivia es la falta de independencia. ¿Cuál es la propuesta de su partido al respecto para garantizar la independencia, la institucionalización, la descentralización y el derecho al debido proceso?

Creemos considera que la justicia ha sido politizada y usada para eliminar a los adversarios del gobierno del MAS. Por ello propone un tratamiento de los perseguidos políticos y exiliados, en el cual se evaluaría caso por caso, a partir de una alianza con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Durante los últimos 14 años el poder político ha utilizado a la justicia como herramienta para neutralizar a adversarios coyunturales o personas que no complacían la voluntad de las autoridades, siendo sometidos a procesos injustos, sin respeto por sus derechos o el debido proceso ;(…); Todos estos procesos deben ser revisados y aclaradas las responsabilidades, no por venganza sino por justicia, pero esta misión debe realizarse con toda la imparcialidad y el respeto a los derechos de los involucrados.  Para este fin suscribiremos un acuerdo con la ONU y mediante ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional se constituirá el Comité Internacional contra la Impunidad de Bolivia (CICIB), formado por reconocidos profesionales del derecho y la justicia del mundo seleccionados por la ONU que revisarán todos los procesos judiciales cuestionados, desde la investigación a la sentencia en los casos en que se haya llegado a esta instancia, y determinará el curso de acción a seguir”.

Plantea un Plan de Fortalecimiento del Órgano Judicial, en el cual propone el incremento del presupuesto al Órgano Judicial de 0,4%, a 1% del Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto a la selección de las autoridades de dicho órgano, propone que los aspirantes a ser electos sean seleccionados por dos tercios de voto de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Departamental de ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura y ya no por la Asamblea Legislativa Plurinacional. También plantea que los jueces sean elegidos por su carrera judicial.

“Uno de los problemas estructurales que se arrastra en el sistema de administración de justicia, como ya se ha señalado anteriormente, es la falta de instalaciones, medios y personal para desarrollar su trabajo, lo que es una causa del tremendo retraso en los procesos judiciales que existe.  Estas carencias se deben a la escasez del presupuesto de funcionamiento que se le otorga al Órgano Judicial en los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, que en el año 2018 solo llegaban al 0.4% del (PIB). No es posible mejorar el desempeño del sistema de justicia si no se dan las condiciones necesarias para realizar el trabajo de manera eficiente, por lo que es necesario mejorar las dotaciones presupuestarias ejecutando un Plan de Fortalecimiento del Órgano Judicial”.

Una de las medidas prioritarias será acercar la administración de justicia a las y los ciudadanos, para lo que se ampliará la cobertura territorial de juzgados en las zonas donde no existan.

Propone la digitalización, hasta el año 2025, de todos los procesos judiciales para que los interesados y las partes involucradas puedan realizar un seguimiento de estos y de las principales decisiones de los administradores de justicia.

“Dentro del agresivo proceso de descentralización que propugnamos para la organización territorial del Estado, en el caso de los integrantes de los Tribunales Departamentales de Justicia serán elegidos por dos tercios de voto de los miembros presentes de la correspondiente Asamblea Legislativa Departamental de ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura tras un proceso de selección público, abierto, competitivo y transparente”. “Una de las falencias recurrentes de nuestro sistema de justicia y de la administración del Estado en general, es la falta de continuidad del personal, los cambios de ubicación, las sustituciones y la inestabilidad implícita de todos los funcionarios sobre su futuro laboral”.

Es necesario que nuestro sistema de administración de justicia tenga una estructura de servidores públicos bien formados y capacitados, sometidos a un proceso permanente de actualización profesional, que desempeñen sus funciones en un marco claro y estable de sus atribuciones y que puedan desarrollarse progresando en la estructura a la que pertenecen. 

Se propone la creación, mediante ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del Consejo de la Judicatura, de la Carrera Judicial para el desarrollo del ámbito laboral del sistema de administración de justicia, que determine las formas de selección, continuidad laboral y remoción solo previo proceso administrativo llevado adelante por el Consejo de la Magistratura.

¿Cambiará la visión del sistema punitivo con la que se mueve la justicia, que ha permitido, por ejemplo, que al menos 65% de las personas en las cárceles estén con detención preventiva?

En el acápite de Códigos Legales, Creemos plantea revisar los códigos, entre ellos el Código de Procedimiento Penal, que fue actualizado en 1999 y que establece el sistema acusatorio en el país. “Los códigos legales de Bolivia, que rigen las principales materias de la vida social nacional, como son el de Comercio, Penal, Civil, etc., presentan, en muchos casos, desactualizaciones, contradicciones y obsolescencia.  (…) Se propone realizar una revisión de todos los códigos legales sustantivos para realizar las reformas, actualizaciones y complementaciones necesarias a los mismos…”.

COMUNIDAD CIUDADANA (CC)

Candidato: Carlos D. Mesa

Las respuestas fueron seleccionadas de las propuestas escritas en el Programa de Gobierno de Comunidad Ciudadana, presentado ante el Órgano Electoral. Esto debido a que a pesar de haber enviado carta y luego incluso el cuestionario, y haber conversado con la comunicadora que le colabora en cuatro oportunidades y luego con el jefe de comunicación de ese frente político, no hubo al final respuesta.

Organizaciones consultadas indican que en los últimos años la democracia ha sido afectada a partir de un proceso de desinstitucionalización y un debilitamiento del sistema político ¿cómo plantea revertir tal situación y que se respeten, además, los derechos de las y los ciudadanos?

Comunidad Ciudadana plantea restablecer la vigencia y aplicación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece una sola reelección continua y esto fue puesto en suspenso a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. Considera la necesidad de que los miembros del sistema de administración de justicia accedan al cargo por meritocracia.

Además, propone, entre otros puntos, desmantelar el aparato institucional y político que ha permitido que el gobierno del MAS instaure “un régimen autocrático y autoritario”, haciendo énfasis en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría del Estado, Contraloría General del Estado y Policía Boliviana.

¿Cómo va a garantizar su Gobierno el derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta?

Comunidad Ciudadana promete fortalecer y promover la defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos, a partir del trabajo de la Defensoría del Pueblo, siendo esta la que vele por las libertades públicas y los derechos de libre expresión, de libre asociación y la no judicialización de la política boliviana.

“Fortaleceremos y promoveremos la defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos, desde la Defensoría del Pueblo. Proponemos institucionalizar un mecanismo continuo de informes y seguimiento ciudadano que vele por las libertades públicas y los derechos de libre expresión, de libre asociación y la no judicialización de la política boliviana. La Defensoría del Pueblo también vigilará la aplicación de la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”.

En las entrevistas previas hechas por La Pública para este trabajo, las personas consultadas indicaron que un serio problema de la justicia en Bolivia es la falta de independencia. ¿Cuál es la propuesta de su partido al respecto para garantizar la independencia, la institucionalización, la descentralización y el derecho al debido proceso?

Comunidad Ciudadana propone la reforma institucional y ética de la administración de justicia boliviana. “Promoveremos una profunda reforma institucional y ética de la administración de justicia boliviana en todos sus niveles. Garantizaremos el acceso a una administración de justicia transparente, eficiente y oportuna para todos los ciudadanos”.

Plantea la necesidad de llevar adelante una reestructuración del sistema de administración de justicia, “que modifique la composición y forma de selección y designación de las autoridades de los órganos de justicia, incluyendo la eliminación del sistema de elección por voto y un régimen de transición y remoción de autoridades, además del establecimiento de un escalafón judicial que garantice una carrera y trato digno, pero exigente, para las autoridades judiciales”.

“Crearemos un programa público de alto nivel académico, postgrados y cursos cortos para preparar a jueces y fiscales”.

“Una Comisión de la Verdad iniciará una exhaustiva investigación de los casos más sobresalientes de violación de los derechos humanos, detenciones ilegales y ajusticiamiento del periodo 2006-2020”.

¿Cambiará la visión punitiva con la que se mueve la justicia, que ha permitido, por ejemplo, que al menos 75% de las personas en las cárceles estén con detención preventiva?

Con respecto al régimen carcelario, Comunidad Ciudadana indica que “es imprescindible que el Estado pueda garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad. El hacinamiento y la captura de las cárceles por mafias organizadas deben ser solucionados a la brevedad posible. La gestión debe ser compartida por la Policía, la Defensoría del Pueblo y la Justicia, a fin de suprimir la ilegalidad y la injusticia que se ha apoderado del régimen penitenciario”.

Y en el punto 21 del acápite Programa de Reforma del Sistema de Justicia, dentro del capítulo Transformación Democrática para Impulsar el Reencuentro de las Ciudadanas y Ciudadanos, Comunidad Ciudadana propone la creación de centros ciudadanos de justicia.

“Los palacios de justicia serán progresivamente reemplazados por los centros ciudadanos de justicia, que serán descentralizados en los municipios, donde los ciudadanos los necesiten; en ellos interactuarán autoridades fiscales, policiales, judiciales, defensoriales, arbitrales y administrativas, para prestar un servicio público de alta calidad y eficiencia para los ciudadanos. Las autoridades jurisdiccionales indígena originario campesinas, si sus autoridades lo ven por conveniente, podrán ejercer sus funciones en estas instalaciones, como una forma de retroalimentación de los dos sistemas de Justicia”.

ALIANZA LIBRE 21 

Candidato: Jorge "Tuto" Quiroga

Las respuestas fueron seleccionadas de las propuestas escritas en el Programa de Gobierno de Alianza Libre 21

Organizaciones consultadas indican que en los últimos años la democracia ha sido afectada a partir de un proceso de desinstitucionalización y un debilitamiento del sistema político ¿cómo plantea revertir tal situación y que se respeten, además, los derechos de las y los ciudadanos?

En el programa de gobierno de Alianza Libre 21 se menciona que el MAS pulverizó los cinco pilares de una democracia sólida: elecciones libres, justas y transparentes; instituciones independientes; prensa libre; hacer oposición sin ser criminalizado, y alternabilidad en el poder. 

“El primer pilar está en procesos de saneamiento, después del fraude criminal de octubre de 2019. Estoy convencido que, después de casi 14 años, tendremos elecciones libres,transparentes, con padrón confiable, con TSE imparcial, sin el uso y abuso de recursos del

Estado practicado por el MAS desde las elecciones de la Asamblea Constituyente del 2006.

Este ejemplo durará por décadas, siempre que los fraudulentos no vuelvan al poder”.

En las entrevistas previas hechas por La Pública para este trabajo, las personas consultadas indicaron que un serio problema de la justicia en Bolivia es la falta de independencia. ¿Cuál es la propuesta de su partido al respecto para garantizar la independencia, la institucionalización, la descentralización y el derecho al debido proceso?

En su plan de gobierno, Alianza Libre 21 sostiene que las instituciones independientes necesitan un Presidente que las respete y no las use para encubrir su corrupción o sus abusos autoritarios.

Asegura transparencia e independencia en el sistema de justicia y esto se logrará “implementando un sistema de selección y elección basado en la meritocracia para magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Procuraduría General del Estado, de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado”. 

También propone realizar capacitaciones a los servidores del sistema de justicia sometiéndolos a evaluaciones permanentes, transparentar los niveles de coordinación y cooperación entre los órganos del poder público.

¿Cambiará la visión punitiva con la que se mueve la justicia, que ha permitido, por ejemplo, que al menos 75% de las personas en las cárceles estén con detención preventiva?

Para Alianza Libre 21, la libertad y dignidad son esenciales para vivir en paz, con seguridad y desarrollo. “Son ellas las que nos permiten definir nuestros objetivos en la vida, formar parte de una familia y desenvolvernos en la comunidad aportando con nuestras capacidades y competencias. Desde que nació Bolivia es deber primordial y esencial del Estado respetar y proteger esa libertad y dignidad. Tarea que muchas veces se la ha descuidado. Pero para cumplirla a cabalidad y sea exitosa se necesita entender que sin justicia no hay democracia”.

FRENTE PARA LA VICTORIA (FPV)

Candidato: Chi Hyung Chung

Organizaciones consultadas indican que en los últimos años la democracia ha sido afectada a partir de un proceso de desinstitucionalización y un debilitamiento del sistema político ¿cómo plantea revertir tal situación y que se respeten, además, los derechos de las y los ciudadanos?

Chung: El día de hoy los partidos políticos se han convertido como un centro comercial donde oportunamente agarran a ciertos candidatos y quieren exprimir y cobrar a los candidatos o bien se ha convertido como un negocio el puesto de diputado, de senador. Entonces, todo ello tenemos que regularizar. Si entro (al Gobierno) no soy partidario de que pinten (propaganda) en las calles, tampoco estoy de acuerdo de que pongan afiches en la calle, esos son gastos de plata. (Se cree que) mientras más afiches pongan en la calle será una garantía de que una persona va a ser elegida, más bien ese es un gasto insulso....  Vamos a gestionar esa modulación del sistema de campaña para que disminuya lo que es el cuoteo. 

En segundo lugar, no es nomás entregar la plata al canal del Estado. Qué es el único canal que pueda gestionar la propaganda electoralista, sino también tiene que dar dinero para que uno pueda movilizarse, pero no al partido político, si no le tienen que dar directamente a los candidatos, porque el dueño del partido se lo agarra y lo convierte en un negocio.

En tercer lugar, tiene que hacer el seguimiento al partido político para que hagan sus reuniones que están establecidas y no nomás llenar la hoja de la última reunión e inventar la firma (de las otras) para decir que ellos hicieron sus supuestas asambleas. Hay que hacer un seguimiento correcto, fomentar un espacio para que les hagan realmente sus reuniones y esté participando un delegado del Estado.

Por otro lado, (sobre) este tipo de gobierno (actual) que entra a la elección y nuevamente quiere ser candidato y presidente, personalmente no me parece muy correcto. Yo pienso que tiene que sí o sí renunciar el presidente candidato, aunque sea electo o no, porque termina utilizando el dinero del Estado para sus campañas.

En estas elecciones hay mucha controversia si hubo fraude o no. Si es que hubo fraude, el MAS no debería participar. Si no hubo fraude, el Tribunal Constitucional tiene que estar en la cárcel por no haber respetado el 21F. Ellos son los autores intelectuales para que Evo Morales participe en su cuarta elección (…),  por eso estos señores tienen que estar en la cárcel. Si no hubo fraude, el gobierno de (Jeanine) Áñez es un gobierno de facto, por lo cual no puede ser electoralista. 

En las entrevistas previas hechas por La Pública para este trabajo, las personas consultadas indicaron que un serio problema de la justicia en Bolivia es la falta de independencia. ¿Cuál es la propuesta de su partido al respecto para garantizar la independencia, la institucionalización, la descentralización y el derecho al debido proceso?

Chung: Tiene que ser todo mediante concurso de méritos. No puede ser todo puesto a dedo. Tiene que haber verdadera independencia, pero tiene que funcionar la Contraloría del país, tiene que hacer realmente una verdadera supervisión, tiene que trabajar el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General. En otras palabras, si nosotros (como parte del Gobierno) vemos que no están trabajando independientemente, entonces los vamos a sancionar para que hagan su trabajo.

Pero cuando se duermen, obviamente (habrá sanción) por parte de nuestro gobierno, para eso el pueblo habrá elegido al presidente: para que haga funcionar (las instituciones). No es nomás independencia de poderes, (cuando) resulta que todo el mundo va a estar durmiendo y puesto a dedo. Hasta la fecha, nuestros magistrados y todos los que se han metido, se han metido politizadamente, por lo tanto, lo que vamos a gestionar es el concurso de méritos y su examen que corresponde, independiente a los colores políticos. Entonces, lo vamos a hacer para que todos entren al mismo nivel de competencia.

Pero no solamente la independencia de poderes nos va a garantizar un país próspero, sino  nosotros debemos trabajar para que no haya corrupción en el país.  Los mismos corruptos que están abajo, dan el examen y suben y heredan la corrupción de siempre.  Nosotros debemos hacer la auditoría permanente al sistema de justicia y vamos a reestructurar la parte de la cárcel para que no haya los hacinamientos. Les vamos a dar trabajos decentes, no obligados para que puedan salir con el trabajo (y tener) una verdadera rehabilitación: espiritual, profesional y que puedan salir de la cárcel y que puedan tener un trabajo seguro y que puedan recuperar a su familia.

Respecto al sistema acusatorio ¿cambiará la visión de la mirada punitiva con la que se mueve la justicia, que ha permitido, por ejemplo, que al menos 75% de las personas en las cárceles estén con detención preventiva?

Chung: Vamos a hacer lo siguiente: el que acusa también puede entrar a la cárcel. Hay gente que gestiona para encubrir su falencia o su criminal acto y termina acusando y piensa que, de esta manera, se está protegiendo. Entonces no, también puede revertir el juez.

Segundo lugar, también debe haber más fiscales, más jueces y además tienen que manejar de una manera mucho más electrónica.  Ahorita está pasando desaparición de los documentos judiciales.  Eso es grave.  Ayer lo metió y hoy día desapareció (...) 

En tercer lugar, también tiene que haber más policías, prácticamente al menos en ese sector tenemos que reforzar para que haya más operativos policiales, tramitadores, ayudantes de los fiscales. Yo pienso que están trabajando con uno o dos ayudantes; muy poca cantidad; eso tiene que multiplicarse por 10. Yo pienso que cada juez y fiscal tienen que tener sus 10 ayudantes para dar celeridad al caso. 

PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO (PAN-BOL)

Candidato: Feliciano Mamani

Las respuestas fueron seleccionadas de las propuestas escritas en el Programa de Gobierno de PAN-BOL, presentado ante el Órgano Electoral.

Organizaciones consultadas indican que en los últimos años la democracia ha sido afectada a partir de un proceso de desinstitucionalización y un debilitamiento del sistema político ¿cómo plantea revertir tal situación y que se respeten, además, los derechos de las y los ciudadanos?

Propone hacer uso del poder participativo del pueblo en vista de que es la capacidad de dirigir los intereses soberanos del pueblo a través de la libertad del voto, expresión auténtica de la voluntad y la razón de cada persona en la búsqueda de una mejor calidad y calidez de vida en la sociedad, como parte y beneficio de todo el poder de los pueblos por y para los pueblos. 

Plantea ejercer la autoridad gobernante de los sistemas territoriales, comunitarios, vecinales de salud, en el marco de la Constitución que señala con meridiana claridad el ejercicio de democracia participativa y comunitaria, ejerciendo el pueblo soberano su derecho, mediante su propia estructura organizativa y composición, de acuerdo a sus usos y costumbres,  y consolidar la participación y control social en el diseño de las políticas locales de salud, en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas y la gestión de salud con calidad y calidez.

¿Cómo va a garantizar su Gobierno el derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta?

En esta nueva realidad política, el sincretismo político juega un rol fundamental para el bienestar de la población, el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país.

En las entrevistas previas hechas por La Pública para este trabajo, las personas consultadas indicaron que un serio problema de la justicia en Bolivia es la falta de independencia. ¿Cuál es la propuesta de su partido al respecto para garantizar la independencia, la institucionalización, la descentralización y el derecho al debido proceso?

Este partido admite que no existe independencia judicial en Bolivia. Indica que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

En el marco de la propuesta resalta que constituyen garantías de la independencia judicial el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales.

Realizando un análisis de la labor desempeñada por los juzgados y tribunales de justicia en el período democrático que transcurre entre el año 1982 al presente, afirma que el Órgano Judicial no cumple con ninguna de las funciones asignadas, pues no existe un control jurisdiccional efectivo al ejercicio del poder político, al contrario, se advierte una peligrosa y lamentable subordinación del sistema judicial a quienes detentan el poder político.

Plantea una reforma del sistema judicial estructural que conlleva lo siguiente: presupuesto, descentralizar la administración de justicia y pensar en la formación y la capacidad profesional.  

¿Cambiará la visión punitiva con la que se mueve la justicia, que ha permitido, por ejemplo, que al menos 75% de las personas en las cárceles estén con detención preventiva?

En su propuesta, este frente político garantiza el acceso a los juzgados y tribunales, en igualdad de condiciones, y la obtención de una sentencia o resolución debidamente motivada en derecho en un plazo razonable.

Propone el cumplimiento de la Constitución y demás normativas siendo Bolivia un país con un Estado de Derecho. En ese sentido, la misión fundamental del Órgano Judicial es la de resguardar y preservar dicho Estado de Derecho y la seguridad jurídica de todos los bolivianos a través de un control jurisdiccional sobre los actos de quienes detentan el poder político y el poder económico.

El sistema judicial debe preservar la plena vigencia de los principios democráticos; garantizar la convivencia pacífica, resguardando y protegiendo los derechos humanos fundamentales; pacificar la sociedad, resolviendo los conflictos y controversias emergentes de la aplicación de la Constitución y las leyes; y garantizar la seguridad jurídica y ciudadana.

ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONALISTA (ADN)

Candidata: María de la Cruz Bayá

Las respuestas fueron seleccionadas de las propuestas escritas en el Programa de Gobierno de ADN, presentado ante el Órgano Electoral, de un resumen y del documento La patria primero, enviado por la candidata María de la Cruz Bayá. 

Organizaciones consultadas indican que en los últimos años la democracia ha sido afectada a partir de un proceso de desinstitucionalización y un debilitamiento del sistema político ¿cómo plantea revertir tal situación y que se respeten, además, los derechos de las y los ciudadanos?

Plantea varios puntos:

La COB y los sindicatos: La cooptación sindical se ha dado en el ámbito de sus fines, medios, ideología y concepción de clase social, que hasta antes de este hecho buscaban un modelo de sociedad muy diferente a la que hoy plantea Bolivia.

El “Sin Sentido” de la democracia: Se debe promover una reingeniería institucional que fomente el ejercicio de una práctica democrática fundada en la alternancia dirigencial, como forma de erradicar comportamientos prebendales, corruptos y contrarios a los intereses de los trabajadores y del desarrollo del país. A estas alturas, queda claro que la CSUTCB ha perdido su personalidad institucional.

Los comités cívicos: Estos han sido durante mucho tiempo la macro-institución más representativa en la promoción y fiscalización de proyectos de desarrollo regional en las ciudades y provincias, hasta que fue instrumentalizada como trampolín político por parte de algunas personalidades. A pesar de esta realidad, los comités cívicos de las ciudades principales han convocado y participado en el Encuentro Nacional por la Democracia y el Estado de Derecho realizado en la ciudad de Santa Cruz el 17 de enero de 2019, al cual asistieron los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de los partidos políticos y el Conade, excluyendo los comités cívicos provinciales y las plataformas. Como consecuencia de la poca credibilidad institucional y política, pero sobre todo debido a un cálculo político, no se ha logrado consolidar la esperada “unidad” de una “oposición” en torno a una “candidatura única”. 

Monarquía cocalera: La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam – CNC), conformada por los “movimientos sociales” que emergen y representan “al Pueblo”, con una estrecha relación con las federaciones del trópico, ha decidido actuar a través del “conflicto social” para imponer un antisistema que conculca los derechos y las libertades fundamentales. Su configuración es anárquica, con un apoyo fanático al caudillo. Ha creado sus propias formas de resistencia (ante la represión desatada en gobiernos anteriores por la política de erradicación de cultivo de coca y que actualmente no existe porque se expulsó la DEA), de dominación y control del poder gubernamental. 

Los partidos políticos y la “doctrina de la individualidad”: En estos casi 14 años de gobierno de Evo Morales y el MAS se ha evidenciado el declive, fragmentación e invisibilidad de la oposición debido al protagonismo de los dos tercios en la Asamblea Legislativa del MAS-IPSP.

La realidad para los partidos políticos está enmarcada en dos rutas y cuatro opciones. La primera ruta es que no se lleven a cabo las elecciones, lo cual obligaría al gobierno actual a prorrogarse desencadenando un levantamiento popular o, en su caso, la instauración de una Asamblea Constituyente que dilataría el proceso electoral hasta que se apruebe la modificación del art. 168 de la CPE. Segunda ruta: participación en elecciones. En este caso, las alternativas son: abstención; voto blanco y voto nulo; opositores fragmentados contra el MAS; oposición unida contra el MAS. Sería una decisión heroica. 

¿Cómo va a garantizar su Gobierno el derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta?

Una de las funciones del Estado es garantizar la libertad de expresión, como componente inseparable del Estado de Derecho. Consecuentemente, se propone establecer un régimen de respeto y protección al derecho ciudadano de ser informado y de recibir opiniones, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 

Mientras el sistema democrático de derechos, libertades y oportunidades no se logre rescatar, consolidar y fortalecer, habrá plataformas en las calles. La reinstalación y reinstitucionalización del Estado de Derecho pasa por la generación de mecanismos que promuevan el fortalecimiento del sistema democrático. 

En las entrevistas previas hechas por La Pública para este trabajo, las personas consultadas indicaron que un serio problema de la justicia en Bolivia es la falta de independencia. ¿Cuál es la propuesta de su partido al respecto para garantizar la independencia, la institucionalización, la descentralización y el derecho al debido proceso?

Este partido considera indispensable que el Órgano Legislativo cumpla sus funciones de legislar y que, sin interferencias del poder político, recupere para sus integrantes la condición de auténticos representantes de los ciudadanos a los que se deben. No habrá verdadera justicia si no se establecen controles efectivos para que los miembros del Ministerio Público cumplan sus tareas sin intervención del poder político. Esta es una tarea indispensable y simultánea a una reforma del poder judicial.

Es indispensable la reforma integral del sistema de justicia, a través de un rediseño de atribuciones, funciones y mecanismos de control que permitan no solo fortalecer, sino defender la institucionalización de los cargos en el marco de la meritocracia y la corresponsabilidad patriótica. La crisis que aqueja a la justicia en Bolivia debe ser tratada como parte de una crisis de Estado.

¿Cambiará la visión punitiva con la que se mueve la justicia, que ha permitido, por ejemplo, que al menos 75% de las personas en las cárceles estén con detención preventiva?

La reforma política que plantea ADN implica una reforma integral del sistema de justicia. Propugna la descentralización de la administración de justicia y el incremento sustancial de su presupuesto para encarar su fortalecimiento institucional y modernización, hecho que incluye la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación para transparentar las acciones y procesos en el ámbito judicial.