Viernes, 20 Noviembre 2015 13:00

Las sospechas rodean adopciones en Aldeas del Padre Alfredo

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Dudas muy graves se ciernen sobre las adopciones de niños, niñas y adolescentes en Santa Cruz. El propio directorio de la entidad creada en los años 60 ha solicitado una auditoría, pues se teme que haya habido discriminación a la hora de aprobar solicitudes, e incluso trata. Los expedientes de varios casos están siendo revisados.

Gemma Candela / Santa Cruz

En el departamento de Santa Cruz hay 73 centros de acogida en los que viven -o están “institucionalizados”, usando el adjetivo técnico- 3.347 niñas, niños y adolescentes, según  el responsable de la Unidad de Defensa de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Celso Parada. Pero las cifras resultan relativas, y así lo muestran las diferencias respecto de otros diagnósticos, como el de Amici del Bambini que entre 2013 y 2014 identificó 50 centros con 3.057 albergados.

En todo caso, dos de esos centros, uno en la capital y otro en San José de Chiquitos, conforman las conocidas Aldeas de Niños Padre Alfredo, institución que, desde octubre de 2015, ha tenido mayor presencia en los medios, pues su directorio denunció irregularidades en los procesos de adopción, por ejemplo la selección discriminatoria de menores (prohibida por ley) e, incluso, posibles casos de trata. El franciscano Alfredo J. Spiessberger, fundador de la obra, está apartado del trabajo en el hogar debido al Alzheimer que padece desde hace algunos años.

El artículo 52 del Código Niño, Niña o Adolescente, ley que reconoce y regula los derechos de los menores de edad, indica que el Estado “formulará políticas públicas y ejecutará programas departamentales y municipales que garanticen la restitución del derecho a una familia sustituta para niñas, niños y adolescentes que viven en Centros de Acogida”. Desde el directorio de las Aldeas se remarca en el hecho de que son una familia desde su fundación, en los años setenta, cuando no había ley que velara por los menores huérfanos o abandonados. Claudio Caiguara, uno de los directores de la institución, llegó a las Aldeas de San José con cinco años y se crió en ellas. “Nosotros somos una familia, queremos que nos reconozcan como tal. Pedimos que se haga un proyecto de ley y que nos reconozcan como familia, o que se cree una parte el Código Niño, Niña y Adolescente donde diga que cualquiera de los 73 hogares que se sienta capaz de dar alimentación, educación y vivienda, pueda tener un rango de familia también”.

Según Caiguara, ésa es la solicitud que se hizo en junio de este año a varias entidades: Sedepos (Servicio Departamental de Políticas Sociales) de la Defensoría de la Niñez, a la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Adriana Salvatierra, y a la jueza  de la Niñez Shirley Becerra. Hasta que su demanda sea tenida en cuenta, acordaron que las adopciones de ese hogar se suspenderían, cuenta Caiguara. Sin embargo, los procesos continuaron y en la casa de acogida decidieron decir “basta” con casos que no son claros, como el de una niña de 14 años que iba a ser adoptada por una madre boliviana y un padre brasileño.

“Tomamos una actitud como la que cualquier familia tomaría: O dejábamos que nos sigan desmembrando o pedimos apoyo”. Y ese soporte fueron los medios de comunicación, ante los que mostraron una cadena humana para impedir que niño alguno fuera sacado de las aldeas, a principios de octubre. Es más: acusaron a la juez Shirley Becerra de ir en persona a seleccionar niños de forma discriminatoria, declaraciones que la magistrada rechaza.

Vulnerabilidad

El representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, convocó una reunión el 13 de octubre entre representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; la juezas de la Niñez Shirley Becerra y Marisol Ortiz; la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Miriam Rossel; el director de Sedepos, Duberty Soleto; la directora de la Defensoría de la Niñez del municipio, Rossy Valencia; personal de las Aldeas; la expresidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, y varios asambleístas. El directorio de las Aldeas solicitó entonces una auditoría de todos los procesos de adopción realizados en el departamento de Santa Cruz durante los últimos cinco años, sabiendo que alrededor de 50 corresponden a este albergue.

Al finalizar la tensa reunión, en la que tanto Rossy Valencia como Shirley Becerra insistieron en que todo se trata de una campaña de desprestigio de los encargados del centro de acogida, el Defensor del Pueblo

Al respecto el representante distrital del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Carlos Calderón, indicó a La Pública que lo que se está realizando es una revisión de expedientes y que los encargados de las Aldeas sólo les han entregado siete de los casos en los que habría irregularidades. Niega que se vaya a realizar una auditoría, a pesar de que la presidentas del Tribunal de Justicia así lo afirmara en octubre. “No se puede, irresponsablemente, revisar todo (…). Sería poner en tela de juicio cientos de procesos de preadopción y adopción. No me parece responsable”.

Conforman la comisión que está revisando los siete expedientes un asesor jurídico así como a un funcionario de la unidad de transparencia y otra de la de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura. “Hacernos acompañar por ONG, el Defensor… No son instancias competentes”, afirma Calderón. Eso abriría la puerta a que cualquier persona u organismo ajenos la institución, hecho que podría ponerla “en estado de vulnerabilidad”. “Si en los siete (casos de adopción) hay falencias y son repetitivas vamos a comenzar a sentir preocupación por todos los procesos”. Y, en ese supuesto, convocando al pleno del Consejo de la Magistratura, se podría plantear la auditoría. “Aunque hoy la justicia no está tan bien vista, tenemos la confianza de que los procesos (que están en estudio) deben estar bien llevados”. El 20 de noviembre tendría que haber terminado la revisión de los siete expedientes, según Calderón, quien se comprometió a informar a La Pública sobre este proceso. A pesar de que acordó una entrevista el 24 de noviembre, no se presentó porque se hallaba reunido. Todavía no ha dado datos al respecto.

La vida en la aldea

Del presupuesto mensual que las Aldeas de Niños Padre Alfredo necesitan para cubrir sus gastos, el 10% lo aporta la Gobernación de Santa Cruz, según afirman desde el directorio del centro. El resto proviene de las donaciones que particulares y empresas, sobre todo cruceñas, hacen a la institución. así como de las rifas y quermés que se organizan periódicamente. Esto se debe a la “credibilidad institucional” que tienen, asegura uno de los integrantes del directorio, Claudio Caiguara. 

Hablando en cifras, los aportes voluntarios que las Aldeas reciben alcanzan los $us 80.000 mensuales que, sumados a los $us 10.000 de la Gobernación, suman los $us 90.000 que requieren cada mes para pagar los sueldos de los trabajadores y la manutención de los de los 400 niños que suman entre las aldeas de Santa Cruz y la de San José de Chiquitos, donde el franciscano Alfredo J. Spiessberger fundó el primer hogar de acogida hace más de cuarenta años.

En el centro de acogida de la urbe, que se encuentra en el Cuarto Anillo y avenida Virgen de Cotoca, las chicas y chicos viven repartidos en casas independientes dentro del recinto: en cada una hay madre sustituta, empleada de las Aldeas, que está a cargo de diez niños, sus “hijos”. En las viviendas hay cuartos para las madres y los pequeños, cocina, living, comedor y juguetes por todas partes. “No es de lujo pero tiene las comodidades”, comenta Caiguara mientras muestra una de estos bloques. Es verdad que hay descascarillados en algunas paredes y que se nota el paso de los años. “La infraestructura cumplió su ciclo”, añade. Por eso, el próximo año comenzará la construcción de la Ciudad Científica: un complejo con apartamentos en vez de casas viviendas, auditorio, cancha y piscina rodeadas de espacio verde; también tendrá locales comerciales para alquilar o dar en anticrético, dinero que se invertirá en la sostenibilidad de las Aldeas, que además de las casas de acogida cuenta también con guardería, colegio, residencia de jóvenes y centro de madres adolescentes. Por ello, además de los 400 niños institucionalizados, hay casi 1.000 que reciben algún tipo de atención de la organización católica. El proyecto de la Ciudad Científica costará $us 4,7 millones; la institución ya tiene uno, donado por una empresa, explica Lourdes Molina, una de las trabajadoras del centro.

Esta casa de acogida está ahora mismo al 50% de su capacidad. Desde que la denuncia de las Aldeas llegó a los medios, se han paralizado las salidas de niños pero tampoco están llegando nuevos, asegura Caiguara.

 

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