Viernes, 26 Septiembre 2014 17:48

9. ¿Cuánto cuesta hacer una denuncia?

Pese que el Gobierno prometió, en 2012, una “Justicia gratuita  para todos”, esto no ha logrado concretarse hasta la fecha. “Dependiendo del delito, la víctima podrá optar por un defensor, sin embargo, el costo deberá ser pagado por el denunciante”, explica el abogado Bruno Belmonte. Por lo general son gastos que como mínimo ascienden a los Bs 3.000 en una primera instancia y dependiendo del delito. “Una denuncia ante la fiscalía requiere de un memorial, para ello se debe contratar los servicios de un abogado que debe  ser cubierto por el denunciante”, agrega.

El Ministerio de Gobierno es la institución máxima a cargo de la seguridad ciudadana a nivel nacional y tiene como brazo operativo a la Policía Nacional Boliviana. Sin embargo, hay otras instancias como las entidades territoriales autónomas departamentales, las entidades territoriales autónomas municipales y las entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas que también son responsables de resguardar la seguridad de los bolivianos. 

El Gobierno identificó tres aspectos fundamentales como: los delitos comunes, el crimen organizado y el narcotráfico que hacen que la inseguridad aumente entre la población boliviana.

Saúl Lara, exministro de Gobierno, señaló en entrevista con La Pública que en países europeos como Suiza, Suecia y Noruega, donde se han implementado políticas de seguridad ciudadana, se tiene un policía por cada 50 personas.  “Ése es el ideal, pero en Latinoamérica estamos hablando como media de un policía por 200 ciudadanos. En el caso del país tenemos un policía por 300 o 500 ciudadanos, dependiendo el lugar”.

Viernes, 26 Septiembre 2014 17:40

5. ¿Cuántos policías hay por ciudadano?

La normativa  internacional señala que los países deben tener un policía por cada 250 habitantes. En Bolivia hay un efectivo por cada 304 personas; en 2005 había uno por cada 356 y en 2012 uno por cada 366. Este año, durante el acto de celebración del 188 aniversario de la Policía, Carlos Romero, entonces titular del Ministerio de Gobierno, señaló que “con las nuevas modificaciones el país se acerca a esos parámetros”.  

Durante la gestión 2013, el Gobierno informó que destinó 778 millones de bolivianos para atender tareas de seguridad ciudadana en gobernaciones y municipios. Estos recursos provenían del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  Según, el entonces Ministro de Gobierno, Carlos Romero, ésos recursos representaron un incremento de más de 600% en los presupuestos asignados a tareas de seguridad ciudadana de las gobernaciones y municipios.

Las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana son el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, los Consejos Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos de Seguridad Ciudadana integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

El Estado, a través de la Policía, es el principal responsable de la seguridad ciudadana en el país, aunque al ser un bien común, es también responsabilidad del ciudadano. “En el caso de Bolivia, la Seguridad Ciudadana se fundamenta en el establecimiento de la corresponsabilidad institucional de seguridad ciudadana, la participación ciudadana y el control social”, se lee en el artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Viernes, 26 Septiembre 2014 17:31

1. ¿Qué es seguridad ciudadana?

La seguridad ciudadana  es un derecho, un bien común que se articula mediante la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones públicas. Busca asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

Miércoles, 24 Septiembre 2014 13:45

13. ¿Qué es la Objeción de Conciencia?

Existe la Objeción de Conciencia al Servicio Militar, es decir que si los principios de una persona (como su religión) no le permite cumplir con este servicio, los sistemas internacionales de derechos humanos podrían abogar por ella. Estos casos no se han registrado en Bolivia.

 

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