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Se requiere infraestructura, recursos humanos, equipos, medicamentos y ajustar los protocolos. Ésas son las conclusiones del Defensor del Pueblo respecto de la situación de los establecimientos que tratan el cáncer infantil en Bolivia. Las muertes tienen que ver, principalmente, con la inaccesibilidad del tratamiento.

Los datos de 2012, los últimos sistematizados por el Ministerio de Salud, según Rodolfo Rocabado, jefe nacional de Epidemiología, hacen evidente la tardía reacción ante un mal que afecta sobre todo a las mujeres. Esta situación que encarece el problema de salud en el país son varias se debe sobre todo al manejo reciente y lento de información propia capaz de orientar políticas de prevención y de atención oportuna.

“Si vivir dignamente es un derecho amparado por la constitución boliviana, morir también debería serlo”. Este principio, descubierto de la manera más dura por Mariana Vargas, ha impulsado a esta ciudadana a elaborar un proyecto de ley que aboga por los pacientes con enfermedades terminales en el país. La iniciativa plantea un debate amplio al respecto y propone una serie de modificaciones jurídicas.

Los gases son una expresión sintomática y, como tal, son la figuración de un conflicto que se evita, que se niega, que se sepulta, que se ignora y que al final impone un alto precio: el dolor físico.

Nancy Huallpa padece cáncer que le detetaron hace seis meses. Acaba de cumplir 44 años y sabe que sus días están contados. No tiene un seguro de salud ni los recursos para hacerle frente a la enfermedad. Sin embargo, ha decidido exprimir hasta la última gota de su energía para pelear por el derecho a la salud universal y gratuita. “Marcharé y llevaré mi cruz hasta que mi cuerpo me lo permita”, dice.

Mariana tiene 30 años. Hace tres decidió interrumpir su embarazo, consciente de que su objetivo en la vida no incluye ser madre. El sufrimiento que ha vivido tiene que ver con lo ilegal de su acción y una condena social que casi la mata.

Un promedio de 500 pacientes acuden por mes al Instituto Nacional de Medicina Nuclear, que funciona desde 1962. No sólo personas de La Paz, sino del resto del país e inclusive de Perú y Argentina en vista de los costos relativamente menores. Ampliación de infraestructura, más equipamiento y recursos humanos especializados son necesidades que identifica Bárbara Murillo, jefa médica de la entidad que depende de la Gobernación de La Paz, y mucho más en previsión de la planta nuclear que el Gobierno boliviano va a construir para aprovechar parte de la energía en el campo de la salud.

*Leonardo Durán, presidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, explica, entre los problemas de la UTI del hospital Viedma de Cochabamba, la presencia de sólo ocho camas para todo el departamento y la escasez de especialistas, la mayoría de los cuales está a punto jubilarse.

Algunos pacientes que esperan por una cama en la UTI del Viedma suelen quedarse en Emergencias. Foto: Kechi Flores.

"Desconectar" es un verbo que se conjuga muchas veces ante una UTI, sin que intermedien leyes que en el país no existen. Una vigilia ante la UTI del hospital Viedma permite atisbar en dramas en los que el dinero, o más bien la falta de éste, decide la suerte de un familiar gravemente enfermo.

Médicos y nutricionistas cuestionan el mito de que no hay mejor comida boliviana que la que se prepara y come en Cochabamba. Porque, al menos si de salud se trata, la comida tradicional de esta región no queda tan bien parada.