Milen Saavedra / La Paz

“Tener un hijo y ser adolescente no es fácil. El año pasado, durante mi embarazo recibí mucho maltrato, no sólo por parte de mis familiares; sino también en mi colegio y hasta en el hospital”, cuenta Isabel, quien a los 15 años se convirtió en madre. Su caso y otros similares fueron estudiados por la periodista Helen Álvarez en la investigación titulada “La violencia contra niñas, adolescentes y jóvenes en la ciudad de La Paz”, cuyos resultados fueron presentados hace unas semanas.

“Las adolescentes embarazadas y madres constituyen en uno de los grupos más expuestos a distintos tipos de violencia. Ellas pueden ser víctimas de abandono, restricción a la educación y salud, pese a que en muchos casos, el embarazo es producto de una violación”, explica Álvarez.

“¿Cómo vas a estar embarazada siendo tan jovencita?” “¡Qué irresponsable eres!” “Ay que cuidarse pues…” fueron algunas de las frases con las que tuvo que lidiar la adolescente, quien cuenta que quedó embarazada por la falta de educación en el tema de salud sexual. “Durante los controles prenatales, escuchaba todo tipo de regaños de los médicos y enfermeras del Hospital de la Mujer”, agrega. Durante su embarazo, ella conoció a otras adolescentes en su misma situación, pero muchas dejaron de asistir a los controles prenatales debido al maltrato que recibían y sólo regresaron para el momento del parto, acompañadas de sus familiares.

Una estudiante en situación de embarazo. FOTO: Tomada del sitio www.mariestopes.org.bo

El trato en el hospital no mejoró con el nacimiento de su bebe, pues para las consultas Isabel tenía que esperar que atiendan primero a las mujeres adultas que llegaban incluso después de ella y recién, mucho después, le daban un espacio. Los reclamos y recriminaciones por su condición de madre adolescente continuaron.

“Hasta el año pasado, es posible que existieran casos de maltrato, porque teníamos limitaciones debido al gran número de pacientes que acudían y acuden a nuestro hospital. Quizá no se les pudo dar una atención personalizada”, argumentó el director del Hospital de la Mujer, Gustavo Marconi, quien en entrevista con La Pública señaló que en la actualidad esto es inusual. “La atención de los controles prenatales se realiza en los centros de salud barriales y, como norma, todo el sistema de salud nacional debe dar atención de calidad y con todo el respeto posible hacia las pacientes, sin discriminación”, explicó.

Ejemplos que preocupan

Situaciones de maltrato y discriminación como la de Isabel, no son aisladas, en julio pasado, el colectivo Mujeres Creando denunció ante el mismo Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, que en el Colegio Nacional San Simón de Ayacucho de La Paz, las estudiantes embarazadas eran trasladadas al turno de la noche. “Sólo porque no quieren que el colegio pase vergüenzas por una adolescente embarazada”, aseguró en esa ocasión María Galindo, representante de este colectivo.

Mario Mamani, director de ese establecimiento, respondió que “la decisión de remitir a las estudiantes que se embaracen al centro educativo nocturno fue tomada por toda la comunidad escolar, debido a la cantidad alarmante de casos que tuvimos el año pasado, fueron 12 embarazos, es una situación preocupante que no queríamos que continúe este año”. Sin embargo, aclaró que ninguna de las estudiantes fue transferida al turno nocturno, porque diez decidieron cambiar de escuela por cuenta propia y dos permanecen en el colegio en el turno de la mañana.

En 2013, los dirigentes de tres poblaciones de las provincias Muñecas y Franz Tamayo, en La Paz, decidieron expulsar a tres adolescentes embarazadas porque daban mal ejemplo en el colegio y “podrían traer mala suerte a la zona”. Una de ellas, víctima de violación, fue castigada físicamente por decisión de los dirigentes. Finalmente, sólo dos de ellas permanecieron en sus comunidades y regresaron a sus colegios.

Los servicios de salud están entre los espacios que más maltratan a las adolescentes. FOTO: Tomada del sitio http://eldia.com.bo

Álvarez añade que las niñas indígenas y las trabajadoras del hogar también están expuestas a situaciones de violencia debido a factores culturales y familiares. “Como están en ámbitos privados como el hogar, están expuestas a situaciones de violación, explotación, negación al derecho a estudiar y al derecho a la salud”.

María Ángela Sotelo, responsable de planificación, evaluación, monitoreo y gestión del conocimiento en la Coordinadora de la Mujer indica que “las adolescentes están entre las principales víctimas de violencia, pero estos no son los únicos grupos que sufren violencia porque es un problema presente en toda la sociedad, es el ejercicio de poder de un sistema patriarcal que naturaliza la violencia”.

Los números muestran un cruda realidad

En Bolivia, según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2008), la población femenina de 15 a 19 años es de 522.127 personas, de estas cerca del 18% ya son madres o están embarazadas.

Los municipios que tienen mayores porcentajes de adolescentes y jóvenes con al menos un embarazo son: El Alto (La Paz) con 83%, Santa Cruz 71%, Guayaramerín (Beni) 76%, Riberalta (Beni) 71% y Colcapirhua (Cochabamba) 74%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud de 2008.

Sin embargo, no existen datos estadísticos sobre las adolescentes embarazadas que sufren violencia y sobre quienes comenten estas agresiones porque pocas veces se animan a denunciar. Lo que sí se sabe es que de estos más de 93 mil embarazos en adolescentes en el país al menos el 70% no fueron planificados y entre el 7% y 17% se produjeron en contextos de violencia sexual, indica la investigación “Embarazo en adolescentes: Diagnostico sobre el acceso de adolescentes embarazadas a los servicios públicos de salud sexual y reproductiva en la ciudad de El Alto, La Paz –Bolivia”.

“La cifra de adolescentes embarazadas y víctimas de violencia no deberían ser sólo datos que se publican en los medios por ocasión del día de la mujer, de la madre o del niño”, afirma Álvarez. Según la investigadora, aunque el embarazo sea o no deseado, ellas son las más vulneradas en sus derechos por una serie de factores culturales y educativos.

“Los colegios son los lugares donde más se reproduce y transmite la violencia hacia la mujer sólo por el hecho de ser mujer. Indica el lugar que las niñas ‘deben tener’ como compañeras y no como líderes. Entonces, cuando aparece un embarazo, ahí la responsabilidad recae directamente sobre la adolescente, aun si el embarazo fuese resultado de una violación”, añade Álvarez.

Según UNFPA, muchas madres adolescentes dejan de asistir al colegio. FOTO: Tomada del sitio http://bolivia.unfpa.org

En estas situaciones se evidencia la negación al derecho a estudiar ya que, según el UNFPA, sólo el 4% -de las más de 93 mil adolescentes madres- accede a la educación superior y el 32% a la educación escolar.

También se les niega el acceso a la salud como en el caso de Isabel, además de otros derechos identificados por Álvarez. “Por ejemplo, hay adolescentes que vienen desde provincias y no tienen documentos. Según el Servicio General de Identificación Personal-SEGIP no pueden tramitar solas sus documentos porque son menores de edad. Entonces, menos van a poder tramitar el documento de su bebe para recibir el bono Juana Azurduy, un incentivo económico que reciben las madres bolivianas”, ejemplifica

Falta de educación, machismo y migración aumentan el número de embarazos adolescentes

La migración, la desestructuración familiar, el abandono y la falta de afecto son los factores que inciden en los embarazos en adolescentes, explica Carla Garnica, directora del Centro Terapéutico de Apoyo Contra el Abuso Sexual (CETA) de Cochabamba. “Las adolescentes embarazadas se someten a un círculo de violencia y llegan a considerar la agresión como algo natural”. Normalmente “las adolescentes embarazadas reciben el rechazo familiar, la presión para abandonar la escuela, el cuestionamiento en los espacios hospitalarios por su edad y por su condición”, asegura.

Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) identificó que la pobreza, desigualdad de género, violencia, falta de acceso a la educación y debilidad de los sistemas e instituciones que protegen los derechos de los adolescentes son las cinco principales causas en el país para los embarazos a temprana edad.

La violencia y discriminación hacia adolescentes prevalece pese a normas que las protegen

La presencia cada vez mayor de adolescentes embarazadas, que hace poco fue tratado por La Pública en el articulo “El alcohol y el sexo en colegiales son problemas más graves que el bullying en Bolivia”, motivó la creación de medidas y leyes, más de prevención que de protección.

Entre las normas que protegen a las adolescentes embarazadas está la ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente que prioriza la prestación de servicios de apoyo psicológico y social, durante el período de gestación, parto y post-parto; además prohíbe a las autoridades del Sistema Educativo Plurinacional, rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas (artículos 24 y 118).

También la Resolución Ministerial 001/2014 que presenta las normas educativas para la presente gestión, refuerza este mandato y agrega que se debe dar el apoyo necesario a la estudiante para garantizar la continuidad y culminación de su formación profesional.

Mientras que la Ley de la juventud, en sus artículos 11, 37, 38, 39 y 40, defiende el acceso a servicios de salud con atención diferenciada, educación sexual y reproductiva y a los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.

Finalmente, la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación que prohíbe la discriminación por estado de embarazo (artículo 23) está vigente desde 2010, pero no se aplica como se ve en el caso de Isabel, del colegio Ayacucho y las tres adolescentes de provincia.

Y está la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que, junto con la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), no termina de aplicarse. Esto, “debido a la falta del Reglamento, que a más de un año de vigencia de la ley no existe, y tampoco se señalan las fuentes de financiamiento que se necesitan para aplicar los sistemas de protección a las mujeres”, indica Sotelo.

Entonces, la ley tiene un enfoque más penal que preventivo y para que se pueda aplicar plenamente requiere de varias instancias y mecanismos. “Hace falta la implementación de juzgados y fiscalías especializados en violencia, donde no se revictimice a las adolescentes. Otro elemento clave es que existan los adecuados protocolos de atención con calidad y calidez hacia las adolescentes y que la atención sea efectiva y eficaz para lograr la sanción”, agrega Sotelo.

Además, “dicha ley se refiere principalmente a casos de violencia que involucran a mujeres adultas, las menores de edad no son consideradas y mientras no se reglamente nadie quiere asumir plenamente la ejecución de la ley”, destaca Álvarez.

Una adolescente junto a su bebe que se encuentra en la Casa Refugio de la Fundación Arcoiris. FOTO: Tomada del sitio www.arcoirisbolivia.org

Al respecto el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Franklin Llanos admite que faltan recursos presupuestales y de personal. “Además, no todos los casos son denunciados y si no hay denuncia, no hay investigación”, afirma.

Según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, 9 de cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales Municipales (SLIM) son mujeres y niñas que sufrieron agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas. Además se registran 12 denuncias por día de violencia sexual contra mujeres en 4 instituciones públicas y 7 privadas, de las capitales de 6 departamentos del país y El Alto. De esta docena de denuncias, el 62% implica a menores de edad.

“Lamentablemente, en el contexto nacional, es evidente que los casos de violencia denunciados no corresponden con la cantidad de hechos cometidos, eso es incuantificable”, afirma Álvarez.

Después de enfrentar la violencia

“Después de ser víctimas de violencia y discriminación, las madres adolescentes tienen tres salidas: denunciar su situación, desvalorizarse como personas o convertirse en agentes de cambio y lucha contra la violencia hacia la mujer”, indica Álvarez, como uno de los resultados de su investigación.

Según Álvarez y Sotelo, el proceso penal, en general, demora mucho tiempo y tiene un costo emocional, físico y económico altísimo por lo que la mayoría de las familias abandona o concilia con el agresor. Además, las jóvenes deben someterse a una revictimización constante. Por ello, pese a las normas, todavía no se ve un cambio de actitud estructural en las instituciones judiciales, educativas y de salud que continúan con una visión adultocentrista.

En los casos en que las adolescentes terminan desvalorizándose como personas, tienen mucha tendencia a sufrir todo tipo de violencia por el resto de su vida, explica Álvarez.

Sotelo agrega que “también se debe trabajar en la incidencia política, afectar las normas, los imaginarios y los discursos instalados en los medios de comunicación con un enfoque que establezca que la violencia no puede quedar en la impunidad, sino que debe ser sancionada y es un delito”.

“Un tercer resultado de situaciones de violencia es el empoderamiento”, agrega la investigadora. En este caso, las víctimas de violencia se vuelven activistas en la prevención contra la violencia. Al menos eso fue lo que sucedió con Ana y María, dos adolescentes de 12 años que fueron víctimas de violación, y que emprendieron junto a sus compañeros de colegio una campaña contra la violencia hacia niñas y mujeres en una radio local de Yacuiba. Y también con Gracia Violeta Ross, sobreviviente de una violación, “ahora soy activista, oradora, escritora e investigadora. Tengo un compromiso sólido con temas de género y SIDA debido a mi experiencia como víctima de violación. Desde el 2000, cuando descubrí que vivía con VIH, organicé a las personas que viven en mi misma situación para presionar al gobierno boliviano con el fin que suministrara atención y tratamiento”, cuenta desde su página personal.

“Lo que sucede con las víctimas depende muchísimo del entorno familiar y social para que puedan dejar de culpabilizarse, porque es común que sientan culpa por lo que les ha ocurrido, y salgan de ese círculo de violencia”, concluye Álvarez.