Carla Hannover / La Paz
Llega el día de las elecciones y el ritual comienza desde temprano. Radios y canales de televisión informan sobre el inicio de la jornada y los votantes se dirigen a los recintos para emitir su voto. Afuera, las calles libres de vehículos se llenan de vendedoras de comida, de niños que juegan y de gente que aprovecha para dar un paseo. Jornadas así son llamadas de “fiesta de la democracia”. Pero, sabe el ciudadano común ¿qué pasa una vez que emite su voto? ¿se interesa por conocer el resultado, al menos en su mesa? O, por el contrario, luego de cumplido el deber y obtenido el carnet de sufragio, regresa a casa con la tranquilidad de haberse librado de las sanciones y que, en los próximos tres meses, tendrá que portar el documento para realizar tranquilamente sus transacciones bancarias y otro tipo de trámites. De los resultados, ya se preocupará un vez que llega la información mediática.
Ejercer el derecho al voto en Bolivia y en América Latina parece ser una tarea “en la que pesa la obligación antes que el derecho”, afirman dos analistas políticos. “Cambiar esta mentalidad en el país será muy difícil”, aseguran y apuntan a la falta de cultura democrática y de valores cívicos. Mientras así sea, la obligatoriedad del voto tendrá que ser parte de la Constitución Política del Estado, tal cual ocurre ahora en el artículo 26, parágrafo II.
“La democracia es una cultura que en Bolivia aún no se ha asentado. Hemos creído que porque votamos ya somos demócratas y por ello quienes nos gobiernan consideran innecesario buscar ser lo que ya somos”, explica Jorge Lazarte, doctor en Ciencias Políticas. Tan es así, “que la educación en Bolivia y los programas educativos nunca le han dado un lugar central a la formación de la ciudadanía”.
Para Lazarte, las acciones de fuerza y de violencia que se registran en el país con demasiada frecuencia y por cualquier motivo, grande o pequeño, con marchas, bloqueos, toma de oficinas públicas y otros, hablan de la ausencia de cultura democrática en el país. “Creemos que el hecho de ir a votar –que, cabe recordar, en el pasado no servía para gran cosa porque había fraude y hasta violencia- ya nos convierte en una sociedad democrática”, y no es así precisamente.
La obligatoriedad crea ciudadanos indiferentes
De acuerdo con el artículo 154 de la Ley 026 del Régimen Electoral, abstenerse de votar conlleva sanciones económicas, además de la inhabilitación para realizar trámites personales y transacciones en entidades públicas y financieras del país. Para bien o para mal, el voto obligatorio ha permitido altos niveles de participación de la sociedad boliviana. Según datos del Tribunal Supremo Electoral (hoy Órgano Electoral Plurinacional), en la anterior elección presidencial se tuvo una participación del 95% de los inscritos. De éstos, el 3,28% votó en blanco y 2,47% fueron votos nulos.
Si de conciencia se trata, quizá el panorama se torne algo desalentador, pues no es casualidad que a finales de junio, justo cuando el plazo para las inscripciones en el padrón electoral estaba a punto de finalizar, se registrasen largas filas de ciudadanos, en todo el país, buscando registrarse desesperadamente en las listas. En un sondeo realizado por La Pública, en ese entonces, varios de los entrevistados señalaron que votarían para evitar las sanciones. Situación que semanas más tarde fue confirmada por el Servicio Nacional de Registro Cívico (Sereci), que informó que el 65% del total de los inscritos en el Padrón Electoral esperaron hasta el último momento para empadronarse, pese a que la institución extendió el plazo dos veces.
“Luego de las dos ampliaciones de plazos, nos dimos cuenta de que la población igual iba a asistir el ultimo día, (y tal cual) se registraron largas filas ese día”, señaló hace unas semanas el director de la institución, José Antonio Pardo, durante un informe de sus labores. “Tenemos que educar al elector y crear consciencia ciudadana. Los plazos no deben ser atendidos en la última jornada porque esto complica la logística de cualquier entidad”.
Costumbre de acudir a última hora de un lado, por el otro: ¿cuán informados van los ciudadanos a las urnas? ¿Saben sobre los problemas que afectan al país y que los políticos deben atender? ¿Conocen los planes de gobiernos de los candidatos? ¿Conocen a los propios candidatos? ¿Saben si son coherentes ideológicamente hablando? Sería interesante comenzar por buscar respuestas a éstas y otras preguntas antes de dejar la papeleta en la urna. El problema es que “los políticos bolivianos no han logrado plantear un debate serio respecto a sus ideas y programas de gobierno”, explica el abogado y analista político, Álvaro Del Pozo.
“Lo vemos en el propio debate de todos los días. Nuestro debate democrático no ha alcanzado los niveles que vemos en otros países. Hoy en día escuchamos políticos que aseguran que el debate entre candidatos es una cosa que asumimos de la democracia neoliberal, cuando el debate en sí es un intercambio de ideas que existe desde a antigua Grecia”, agrega el experto.
¿Cómo transformar este panorama? Es probable que los castigos pecuniarios y otras sanciones no sean la forma de cultivar cultura democrática. “No sé si castigar sea la forma de construir ciudadanía, sería más interesante si se dieran alicientes para que la gente vote. Hay que encontrar mecanismos equilibrados, que más bien fomenten el ejercicio del voto. Premiar la participación en vez de castigar la obligatoriedad”, sugiere Del Pozo. “Estamos hablando de un periodo de 32 años de democracia. Ya hay una generación que ha nacido en democracia, de jóvenes que hoy tienen 30 años y que han estudiado en democracia. Aún es poco. Creo que nos falta mucho andamiaje democrático”, coincide así con lo dicho por Lazarte. Por ello y pese a lo señalado sobre la presión para votar, Del Pozo cree que los bolivianos no están preparados para asumir el sufragio libre y voluntario, “que sería ideal desde la perspectiva de que todo lo obligatorio es malo, pero todavía tenemos que caminar bastante en la construcción de democracia y ciudadanía”.
En Bolivia se escuchan voces que defienden el voto libre
A finales de julio, el colectivo Mujeres Creando lanzó una campaña en defensa de la abstención. Bajo la consigna “No quiero votar, quiero vomitar”, sus representantes consideran que el derecho a la abstención es uno de los principios fundamentales de la libertad. Esta campaña fue acompañada de un mural que se expone en el frontis de la Casa Virgen de los Deseos (Av. 20 de octubre #2060), en el que se representa gráficamente a los candidatos Álvaro García Linera, Evo Morales, Juan del Granado, Rubén Costas, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga al desnudo.
“Nosotras creemos que (el voto obligatorio) es una manera de presionarnos y condicionarnos a ser cómplices de elegir a gobiernos nefastos y nos negamos a ello”, afirmó entonces Julieta Ojeda, integrante de Mujeres Creando.
Sobre los candidatos y sus propuestas, tanto Ojeda como María Galindo, esta última líder y fundadora del colectivo feminista, indicaron que no se sienten representadas porque son partidos que ya tuvieron la oportunidad de estar en el poder y sólo demostraron su capacidad para enterrar sueños y deseos de un verdadero cambio en el país. “No creemos en las campañas que usan a las mujeres como una cuota biológica, ellas (sus candidatas) están despojadas de convicciones e ideas propias y olvidan los intereses de otras mujeres”, consideró Ojeda.
Votantes en Bolivia y el extranjero
En cualquier caso, se espera que el domingo 12 de octubre voten en Bolivia 5.973.901 ciudadanos, de los cuales, según el OEP, en La Paz están 1.679.164, en Santa Cruz 1.534.924, en Cochabamba 1.128.707, en Potosí, 409.345, en Tarija, 323.425, en Chuquisaca 323.398, en Oruro 293.636, en Beni 223.676 y en Pando 57.626.
Mientras que en el exterior se estima que voten 272.058 bolivianos en 33 países, de los cuales Argentina, España y Brasil concentran la mayor cantifdad de inscritos en el padrón electoral.
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"El voto libre podría generar un nivel de suscepibilidad muy grande en la ciudadanía", dice Marco Ayala, vocal del Tribunal Supremo Electoral.
