Domingo, 05 Abril 2015 11:15

Policía a la vista, ¡peligro!

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Violaciones sexuales, agresiones, amenazas de muerte, negligencia y abuso de autoridad, entre otros, son los delitos cometidos por miembros de la Policía Boliviana contra el ciudadano. Entre 2014 y lo que va de 2015, más de un millar de personas han denunciado a los uniformados por la vulneración de derechos; la falta de seguimiento de tales denuncias hace difícil saber en qué concluyen los casos.

Carla Hannover / La Paz

El feriado de Carnaval los vecinos de la calle “B” del barrio alteño San Luis, ubicado en la carretera hacia la localidad de Viacha, se disponían a festejar, como cada año desde el 2011, el tradicional Martes de Ch’alla en la vía adoquinada que comparten. Las casas de adobe y ladrillo y por lo general a media construcción adornadas con serpentinas, globos, flores y mixtura de colores, los niños jugando con agua en la calle y la música a todo volumen regalaban el tono a la fiesta hecha para confraternizar. Sin embargo, la alegría y el festejo quedarían eclipsados al anochecer cuando la familia Quispe, que no había aceptado la invitación, como se ha hecho habitual, irrumpió abruptamente en la celebración.

Policías “de familia”, los Quispe --antiguos habitantes de la calle B-- se han hecho de fama en los últimos cuatro años por amedrentar y en algunos casos aterrorizar a sus vecinos. Al menos es lo que éstos denuncian cuando se les consulta. Luego de atisbar desde puertas semiabiertas o desde las azoteas, varios se animan a hablar con la prensa y lo que cada quien cuenta es más o menos lo mismo: abuso tras abuso y el deseo de que se ponga freno.

Quien vive en la casa colindante a la que lleva el número 130 tiene tantas anécdotas con los Quispe que podría llenar un libro al respecto: vigilancia desde el techo que da al muro que divide las casas de uno y otro; reacción violenta si su vehículo o los de sus visitantes y/o clientes aparcan en la parte de la calle que le “corresponde” a los Quispe; rotura de espejos retrovisores en tales casos, muerte misteriosa de mascotas e inclusive pollos; entrada o salida a toda velocidad cuando el Quispe joven, policía activo, está en la patrulla o moto oficial; insultos, golpes y hasta pedradas.

2015-02-23 17.00.48La pared de adobe que separa la casa de la familia Quispe de la del chapista. El padre, un expolicía, vigila a sus vecinos desde lo alto, según denuncian los afectados. FOTO: Mabel Franco

Ese martes de Carnaval el caso tocó extremos. Cerca de las 21.00, la temida familia que no había estado en su vivienda todo el día, llegó en un minibús. Varios de los vecinos se habían retirado ya a sus casas y otros todavía bailaban y bebían en la calle. Efraín Quispe, sargento segundo de la Policía Nacional, exigió a la gente que retirase el equipo de amplificación acomodado cerca de “su” acera. El cruce de palabras se hizo intenso, y al grito de “¡Yo soy la autoridad!”, Quispe, su hermana, padre (expolicía) y otros familiares habrían recurrido a piedras amontonadas en la acera para lanzarlas contra la humanidad de quienes estuviesen a su alcance. Al oír los ruidos, quienes ya estaban en sus casas salieron sólo para encontrarse en medio de una batalla campal. Madres, hermanas y otros se preocuparon por la suerte de sus familiares y acudieron por ellos, pero nadie se libró de las agresiones, aunque la más perjudicada fue la madre de un vecino de nombre Marcelino, mujer de la tercera edad, quien terminó con la cabeza ensangrentada. Otras mujeres resultaron con golpes. El peor momento, dicen los vecinos, se vivió cuando Efraín Quispe, que vestía de civil, entró a su casa, se calzó el uniforme y roció a todos con gas vomitivo. El señalado niega todo y afirma que él y su familia son las víctimas.

“Ya no aguantamos más. Este vecino nos agrede, nos humilla todo el tiempo amparado en que es policía”, se queja Marcelino, mientras muestra, ante el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional, la piedra ensangrentada con la que habrían atacado a su madre.

En el lugar de los hechos

Es jueves por la tarde de fines de marzo. El equipo de La Pública está de visita en el lugar para escuchar a los habitantes de la calle B. En el Tribunal se ha pedido a los denunciantes una carta firmada por la Junta de Vecinos para proceder a investigar el caso, pero ésta, que en principio iba a hacerlo, se ha corrido “por miedo a las represalias”, supone Marcelino.

2015-02-23 17.24.45La calle "B" del barrio San Luis, donde los vecinos viven su pequeño infierno a causa, dicen y repiten, de la prepotencia con que actúa la familia de policias Quispe. FOTO: Mabel Franco

“El padre del sargento nos vigila siempre por encima de la pared. A veces se sube al techo para ver lo que estamos haciendo”, relata Rosmery, una de las vecinas que no hace mucho, cuando su bebé no había nacido todavía, estuvo a punto de ser golpeada por una Quispe. El que esa vez no se salvó de los golpes fue su esposo, quien cometió el error de saludar al sargento desde el interior del auto con una seña que el aludido habría malinterpretado. Que la tensión cotidiana es constante lo muestra la extrema sensibilidad: “Incluso uno de nuestros pollos apareció ahorcado en un terreno de más abajo ¿Quién más va a hacer algo así?, se ha ensañado con mi marido”, cuenta afligida la madre de dos pequeños niños.

El esposo de Rosmery explica: “Yo soy chapista y a veces mis clientes estacionan sus vehículos cerca de su acera, cuando eso ocurre él viene a gritarnos sin escuchar razones. Le he ofrecido pagarle una especie de alquiler, pero no escucha nada”. Lo grave es que los clientes, que han sufrido roturas, prefieren alejarse del taller del chapista.

Otra de las vecinas, Olga, que ha advertido nuestra presencia desde lo alto de su casa, baja y se une a la letanía: “No se puede ya con ese vecino. El sargento, que dice que no vive en el barrio, igualito viene a atormentarnos. El Martes de Ch’alla, cuando vi que habían retornado, fui a llamar a mi hijo para que se entre a la casa, pero ya estaban peleando. De repente la hija del expolicía me empujó y me lanzó con piedras; ‘Vas a aprender a educar a tu hijo’, me ha gritado. Me he lastimado la cadera, hasta hoy me duele”, se queja la señora.

Otra vecina sale de su casa y, aunque su hijo la llama como diciendo que no se meta en el lío, ella habla decidida: “Ese Efraín cada que puede nos insulta, nos dice que él es policía, que vive en la zona Sur (de El Alto) y que nosotros somos unos ignorantes, que ni siquiera hemos llegado al kinder. ¿Acaso eso no es discriminación?".

Eso mismo, lo de la zona Sur y la educación, ya lo habían dicho Olga, Marcelino y Rosmery. “Además, se sube a la patrulla o a la moto del PAC y arranca a toda velocidad por esta calle que es estrecha y, cuando hay niños jugando a su paso, los asusta”. En la calle, según se ve, los perros pasan gran tiempo fuera de las casas, de manera que es otra preocupación.

Con todos esos antecedentes llamamos al portón marcado con el número 130. Los vecinos nos desean suerte y rápidamente desaparecen de la vía. Quien abre es una mujer joven, una de los Quispe, que nos indica que Efraín no está en casa, pero que ella va a darle el recado para que nos llame. “¿Los vecinos las han llamado?”, pregunta. “No, estamos investigando denuncias contra policías y su caso nos llamó la atención; por eso queremos hablar con ustedes”. Ella prefiere no decir nada, aunque da a entender que los agredidos fueron otros.

Los abusos cometidos supuestamente por el sargento Quispe están tipificados en la Ley 101, del Régimen Disciplinario de la Policía como una “falta grave”. En el capítulo 14, inciso 5, se lee: “Ejecutar tratos inhumanos, crueles o degradantes contra los Derechos Humanos”,  merece como sanción el retiro temporal de tres meses a un año. Sin embargo, para que la sanción se haga efectiva se deben constatar las “faltas graves”. “Usted sabe, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, explica un oficial  del Tribunal Disciplinario. ¿Qué probabilidades tiene un ciudadano de que la denuncia contra un policía, que no llega al crimen o algo extremo capaz de saltar a las tapas de los periódicos, sea investigado por los propios policías?    

Una entre miles

Solamente en 2014, un total de 1090 denuncias contra policías, graves y gravísimas, han llegado ante el Defensor del Pueblo y otras al Tribunal Disciplinario, aunque este último no quiso dar cuenta de los casos pese a que La Pública solicitó la información mediante una carta a principios de marzo de este año al Comandante de la Policía, Luis Enrique Cerruto, tal cual se había indicado en la institución.

Lpz-Carta

Violaciones sexuales, agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, negligencia y abuso de autoridad, entre otros, son algunos de los delitos cometidos por miembros de la Policía Boliviana contra los ciudadanos. Uno de ellos ocurrió la madrugada del 21 de julio de 2014, cuando seis policías abusaron sexualmente de una joven con discapacidad en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales de Cochabamba.

“Durante la investigación se pretendió desvirtuar la versión de la víctima señalando que era trabajadora sexual y que presentaba señales de discapacidad. Actualmente los uniformados fueron dados de baja y se encuentran detenidos”, se lee en el informe del Defensor del Pueblo. Sin embargo, Julieta Montaño, presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer en Cochabamba, explicó a La Pública que a la fecha los seis oficiales que violaron a la joven fueron procesados internamente por la institución, además del ex comandante de la Policía Luis Alberto Zapata. "De los cinco oficiales procesados cuatro fueron dados de baja definitiva de la institución, excepto el oficial que introdujo a la joven a las oficinas de la UTOP y quien fue el primero en abusar de ella. A este individuo sólo le dieron de baja por dos años en el ejercicio de su trabajo, como si hubiera incurrido en una falta grave y no en un delito mayor.  ¿De qué beneficios goza éste para que su sanción sea la mínima?", cuestiona Montaño.

Al ex Comandante de la Policía de Cochabamba, quien a decir de Montaño se burló de todo el mundo, se lo ha absuelto de toda responsabilidad.  "Si tienes alguna influencia, haces lo que quieres". Por eso, uno de los implicados ha recibido esa sanción suave: "No se puede entender cómo al sujeto que ha introducido a la joven, ha abusado de ella y se ha vanagloreado de lo que ha hecho, sea sólo suspendido por dos años". Al proceso interno contra los oficiales se suma un proceso penal. Actualmente los cinco oficiales gozan de medidas sustitutivas, sin embargo, la fiscal que lleva el caso ha solicitado una audiencia para su revisión porque la situación de los hombres ha cambiado al dejar de ser uniformados. "Aún no tenemos una fecha para la audiencia, en este momento se ha notificado con la acusacion formal", explica Montaño. Con razón en el Tribunal Disciplinario nadie quiere hablar del caso...

Lea también: No todos los violadores del caso UTOP están expulsados y el proceso no avanza  

Otro tema que “ha resultado muy preocupante, es la aparición de varios casos de muertes de ciudadanos en centros de detención policial, algunos en circunstancias poco claras, pero mostrando, en todos ellos, inexcusable negligencia en el cuidado y protección del derecho a la vida que asume el Estado cuando retienen bajo cualquier circunstancia”, detalla el informe.

Un médico, un empresario, una mujer y un transportista en 2014 y un hombre de 41 años en febrero de 2015 aparecieron sin vida minutos después de ser detenidos en celdas policiales. En ninguno de los casos la Policía supo explicar convincentemente lo sucedido.  Para el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, la actuación de la Policía es por demás preocupante pues las denuncias que llegan a su despacho cada año no hacen sino incrementarse. “Durante los últimos años, la Policía es la institución más denunciada por hechos de vulneración de derechos humanos en el país”.  

En manos de Dios

En el caso de la calle B, la situación legal se ha revertido contra los vecinos. Marcelino, que esperaba la carta de la junta vecinal para proseguir con la demanda, se sorprendió al recibir una citación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto. El sargento Quispe se había adelantado e interpuesto una denuncia por agresión contra él. “Dice que nosotros le hemos agredido. Yo no estaba en el lugar cuando pasó la pelea; pero mi madre fue herida y por eso estoy buscando justicia. Cuando he contado en la FELCC lo que ha pasado, la gasificación por ejemplo, sus colegas nos han dicho que él (Quispe) puede hacer lo que quiera cuando esté de libre y que nosotros no tenemos por qué agredirlo”.

Según Marcelino, en la FELCC demoraron casi un mes en escucharlo. “Mis hermanos y mi mamá ahora (el jueves) han subido a la Fiscalía de El Alto. Vamos a hacerlo citar a la FELCC, donde realizaremos nuestra denuncia también”, anuncia quien vislumbra un largo camino que quizá quede en nada.

Entre tanto, Efraín Quispe ha cumplido con llamar a La Pública. “Todo es un invento”, alega y apunta contra Marcelino, a quien acusa de buscar dañarlo a toda costa. Cuando se le explica que son muchos los vecinos los que se quejan, “¿quién más?”, pregunta y ante el silencio nuestro, termina con un “no sé de qué me habla, me quieren hacer daño”. Nos pide una entrevista para contar su versión, pero jamás llega a la cita.

El miedo a las represalias no es vano. Es lo que ha aprendido la familia Jiménez Ondarza, que intentó esclarecer la misteriosa muerte de su hijo el médico Álvaro Jiménez Ondarza en celdas de la FELCC de la zona Sur paceña. “Desde que inicié el proceso contra la Policía, mi familia y la de mi hijo hemos recibido una serie de llamadas anónimas con amenazas de muerte. Por ello, luego de mucho insistir, decidimos dejar el proceso porque este tema nos ha causado ya mucho dolor; prefiero que la justicia divina se encargue de ellos”, explica su resignación Gloria Ondarza, madre del gastroenterólogo Álvaro.

C.I.ALVARITOÁlvaro Jiménez Ondarza, médico gastroenterólogo, fallecido en celdas del Distrito Policial Nº 4, de La Paz. FOTO: Cortesía Gloria Ondarza

El médico había sostenido una relación sentimental con una joven, de quien dicen tanto familiares como colegas, es hija de un coronel de la Policia. “Ella lo desestabilizaba emocionalmente”, cuentan sus colegas del Instituto de Gastroenterología. “El día que mi hijo murió, ella le había pedido cierta cantidad de dinero, él salió de su trabajo por un rato, dejando el auto incluso, para verla e imagino que pelearon. Mi hijo estaba en la puerta del departamento de la joven esperándola y fue entonces que el portero vio cómo un grupo de policías llegó y se lo llevó. La hermana de esta chica lo había acusado por tentativa de feminicidio”.

El médico fue detenido un sábado por la noche y, un par de horas más tarde, la Policía informaba de su deceso. “Aseguran que se ahorcó con su chompa en la celda donde lo habían detenido, pero yo pregunto ¿es posible que un joven que mide 1,85 pueda ahorcarse con una chompa en una celda que no mide más de 1,90 de alto?”, cuestiona la madre del médico, quien asegura que en la autopsia realizada al cadáver de su hijo no había la marca alrededor del cuello producto de un ahorcamiento, pero que sí presentaba golpes y que como consecuencia de esos golpes le habían reventado el hígado y uno de los globos oculares.

La Pública intentó hacerle seguimiento al tema, pero en el camino constató que el caso pasó por las manos de tres fiscales, el último no quiso hablar del tema porque no tenía certeza en qué situación se encontraba. El fiscal autorizó que se nos facilite el cuaderno de investigaciones. Sin embargo, para sorpresa de este medio el cuaderno había desaparecido y nadie da cuenta de su paradero. Se sabe que el caso es investigado de oficio por la Representación Departamental de La Paz del Defensor del Pueblo. “Hasta la fecha se realizaron varias acciones defensoriales, desde verificaciones hasta seguimiento permanente al caso. Aún no se emitió un informe conclusivo, pues continúa la investigación”, señala Villena. Ha pasado más de un año del fallecimiento del médico ¿Cuanto tiempo más investigarán?

El sistema judicial boliviano tampoco ayuda. Si un policía es denunciado por alguna “falta” o delito y su caso es remitido a la justicia ordinaria, sus mismos colegas serán responsables de investigarlo. En este punto es donde la mayoría de las denuncias se trunca, más aún si los implicados son uniformados de alto rango. La Pública constató que los cuadernos de algunos de los casos denunciados en 2014 contra policías se han perdido. “No podría hablar de la labor de los efectivos. Trabajo con ellos. Son mis investigadores. así que no podría decir si  hacen bien o mal su trabajo”, comenta en conversación con La Pública un fiscal que pide mantener en reserva su identidad.

Y si así pasa con las denuncias de 2014, de las de 2012 para atrás mejor resignarse. Todo se extinguió, literalmente, cuando policías de bajo rango se amotinaron en el edificio del Tribunal Disciplinario y quemaron las instalaciones junto con toda la documentación de la institución. El entonces comandante de la Policía, coronel Ángel Saavedra, “enfatizó en que todos los procesos contra aquellos uniformados fueron extinguidos debido a ese accionar”. De aquellos días persiste todavía el olor a quemado en el edificio, como metáfora de las denuncias de miles de ciudadanos vulnerados en sus derechos y que han quedado impunes sin remedio.

Policias amotinadosLa quema de documentos del Tribunal Disciplinario. FOTO: Tomada del sitio de ANF.

Los policías son denunciados sobre todo por agresiones a ciudadanos

Según datos del Defensor del Pueblo, la denuncias más frecuentes contra la Policía son las que se refieren a los derechos vulnerados. “El 25% corresponden a la integridad y la dignidad personal, es decir a casos que tienen que ver con hechos de violencia; el 16% corresponde al derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública; el 11% se refiere al derecho a las garantías y debido proceso; el 10% son derechos laborales”, explica Villena.

Cuando se recibe una denuncia, la Defensoría del Pueblo procede a verificar si el caso corresponde o no a su competencia, se investiga, se le hace seguimiento o se deriva a las instancias o instituciones que corresponden cuando éstas deben realizar su tratamiento. “En algunos casos, hemos tomado casos de oficio, pese a no existir una persona que demanda, si consideramos que el suceso implica evidentes señales de vulneración de derechos humanos”, señala el Defensor, quien asegura que desde hace algunos años la institución ha asumido como política el seguimiento e intervención en la mayoría de los casos denunciados.  

“De cada diez casos, siete son atendidos y gestionados por los profesionales de la institución y tan sólo tres son derivados a otras instancias. El porcentaje de casos que rechazamos es ínfimo. En todo caso, es importante señalar que, de acuerdo con la Ley 1818, la Defensoría del Pueblo ya no puede intervenir cuando un caso se encuentra en el ámbito de la justicia, es decir cuando ya existe un caso que está siendo juzgado por los Órganos competentes; en todo caso podemos realizar investigaciones específicas que pueden ser consideradas por el Ministerio Público como elementos de análisis o de prueba”, agrega Villena.

Según la institución, el 55% de los casos denunciados en 2013 han sido concluidos y fueron subsanados, mientras que el 9% fueron atendidos oportunamente por otras instituciones a las que correspondía su intervención.  El resto ha sido concluido por otras vías, como el abandono o el retiro del caso o la falta de comprobación del hecho, entre otros.

Que las amenazas existen y son capaces de desanimar, lo prueba un ejemplo reciente que implica a un periodista de la red ATB de Cochabamba, José Miguel Manzaneda, quien se había propuesto informar sobre la mala conducta de efectivos de la Policía y que terminó con las paredes manchadas con sangre y una nota anónima con la advertencia: “Cuídate J.M.”.

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Visto 7380 veces Modificado por última vez en Martes, 10 Mayo 2016 23:49
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