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“No vamos a permitir que ninguna empresa o cooperativa minera entre a nuestra comunidad”. Esa afirmación la repiten en distintas comunidades indígenas del Madidi y Pilón Lajas. Aseguran que esa actividad solo les dejará contaminación y depredación en sus medios de sustento.

El rechazo se debe a que no quieren que sus territorios sean devastados como sucede en regiones como Guanay, Mapiri o Apolobamba, o con los ríos más cercanos como el kaka (La Paz), el Beni (en La Paz y Beni) y ahora con el Tuichi que está en el mismo Madidi.

En el último año afloró el descontrol de la ilegal actividad minera en el área protegida Madidi, una de las reservas naturales más biodiversa del mundo ubicada en el norte de La Paz, de donde se extrae oro con maquinaria pesada y dragas de grandes dimensiones, la contaminación que causa el uso excesivo de mercurio y los problemas sociales que han derivado en violencia en la zona de Apolo.

Frente a eso los indígenas ven que la única forma de salvar sus comunidades y sus medios de vida (sus tierras, sus cultivos y sus recursos naturales) es demandar las cuadrículas mineras y explotar ellos mismos el oro de manera artesanal. Lo hacen por décadas. Ya no trabajarán en sociedad con empresas o cooperativas mineras como pasa actualmente en algunas comunidades por un porcentaje de las ganancias, de más o menos 20%.

Así lo afirma Domingo Ocampo, dirigente de la comunidad Torewa ubicada dentro del Territorio Indígena Comunitario de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), en el Madidi. Si bien también están afiliados a la Federación de Campesinos de Apolo, más del 90% de sus habitantes son indígenas chimanes y mosetenes.

“A nosotros nos hubiera gustado no mover nada sobre el asunto minero, trabajar nuestros chacos como estamos acostumbrados a producir todo lo que es agricultura”, pero -dice Ocampo- se organizaron para crear una cooperativa minera y explotar el oro que hay en las riberas del río Beni para salvar sus áreas de producción.

Para llegar a la sede de la comunidad caminamos en medio de platanales, es “el producto estrella” de Torewa, según los habitantes. Era el último lunes de febrero. Los comunarios terminaban una reunión con técnicos de la AJAM y cooperativistas mineros. No divulgaron los términos del encuentro. Compartieron un almuerzo y se tomaron una foto conjunta.

Hasta esa sede, han llegado representantes de empresas chinas y de cooperativas mineras, en diferentes oportunidades en los últimos años.

“Principalmente, chinos han llegado. Aquí (cerca) estaban haciendo una medición para ver qué cantidad podrían invertir. Nos ofrecieron como 50.000 dólares para arreglar todo el asunto de las tierras. Ellos iban a trabajar (en la extracción del oro) y nos iban a dar un porcentaje. Así, lo tradicional”, recordó Ocampo, también miembro de la Mancomunidad de Comunidades afectads por las hidroeléctricas.

No aceptaron ninguna propuesta. En 2019, iniciaron los trámites ante la AJAM y el Sernap solicitando las cuadrículas mineras de su territorio. Tras la pausa por la cuarentena debido a la pandemia de la Covid19, han retomado los trámites.

“Nosotros no somos mineros, somos agricultores. Para nosotros hubiera sido lo ideal que nadie toque estos lugares, pero ahora muchos ya han anunciado que van a hacer este trabajo, empresas, cooperativas extranjeras, …  y bueno lo único para cuidar nuestra área es lo que podemos hacer”, explica.

- ¿Y corresponde hacer consulta previa informada?

- ¿Aquí? ¿Nosotros a nosotros mismos? No, pues. No sé qué corresponde ahí, pero hay empresas, por ejemplo, hace poco han venido de la Cooperativa Minera Aurífera “Milliscuni II” S.R.L, de Río Hondo. Ellos están un poco afectando la parte norte de nuestro territorio. Han venido a ver cómo concretamos un acuerdo, pero nosotros estamos sujetos a una decisión de la asamblea. No sé qué decisiones tomaremos, explica.

No saben cuándo les otorgarán los derechos mineros sobre las cuadrículas solicitadas en la AJAM. Les falta “los últimos papeleos en el Sernap”.

“Pero la preocupación que siempre ha llevado a la comunidad a pensar era cómo protegemos nuestra área el lugar, es solamente organizándose, ser digamos una sociedad igual que los otros, pero con un fin distinto: de proteger nuestra área de producción. Podemos trabajar en el asunto minero en el lecho del río sin dañar nuestras áreas de producción, lo que no puede hacer un minero, uno que tiene ese espíritu de trabajo de esa naturaleza”.

En la comunidad indígena vecina, llamada también Torewa, a la cual llegamos tras caminar casi por una hora por medio de la selva desde el río Beni, hablamos con su corregidor César Sánchez.

Hasta allí llegaron tres empresas mineras en el último año, entre ellas Coboldrom. Sus propuestas han sido rechazadas, porque dice que no quieren ser otra Guanay o Maripiri donde “están arruinando el río con la maquinaria”.

Esas determinaciones le hicieron saber a la AJAM, a través de resolución comunal, recordándole que la Constitución Política los ampara y que antes de comenzar cualquier trámite tienen que hacer la consulta previa e informada. Le han pedido, al igual que al Sernap, que les hagan conocer a qué empresas ya dieron las cuadrículas de su comunidad.

“En estas semanas iremos al mismo tiempo a la AJAM y al Sernap, para que no nos tomen el pelo. El Sernap nos va a dar unos documentos, porque nosotros somos dueños del territorio como Polígono 1 titulado”, remarca Sánchez.

En las últimas asambleas, la CIPLA ha determinado adjudicarse las cuadriculas de su territorio, bajo esa consigna, el corregidor de Torewa tiene la meta de obtener los derechos mineros para su comunidad. Aunque piensa que, si no logran parar a las empresas, tendrán que negociar de alguna forma, para no pelear o hacer una demanda que es lo más costoso.

“Las empresas y cooperativas no quieren dejar ni un pedacito sin explotar y amplían sus trámites. Por eso nos oponemos a que otra empresa entre porque lo va a barrer todo. Nosotros solo lo necesario vamos a extraer de manera artesanal”.

Pilón Lajas y el CRTM

A media mañana del 28 de febrero, mientras navegamos en el río Beni hacia la comunidad Charque, ubicada en la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, observamos a algunos indígenas en la faena del lavado de tierra en bateas en busca de oro, en algunos lugares se ven solo los caballetes, formado por tres delgados y cortos troncos, y algún promontorio de arena.

Esa es la manera artesanal de extraen oro y así es como quieren seguir haciéndolo, por eso en octubre de 2021, rechazaron la intención de la empresa Coboldrom S.A., que tiene un contrato con la AJAM, de explorar y explotar minerales en Pilón Lajas.

Tras una asamblea, emitieron una resolución en la que acusan a la AJAM de dar autorizaciones mineras dentro su TCO “sin estudios de impacto ambiental, sin consulta previa e informada a los pueblos indígenas del Pilón Lajas que se ven afectados por la presencia masiva de poblaciones de fuera que llegan a dragar ríos y sus afluentes, que amenazan la cultura y forma de vida de nuestro pueblo, actividades que significan la contaminación de aguas, suelos y peces, que constituyente nuestro sistema alimentario”.

El último lunes de febrero, al llegar al ingreso a la comunidad Charque en busca del corregidor para conocer su versión sobre la oferta de la minera Coboldrom, dos indígenas se encontraban en plena faena. Usan bañadores para lavar el material y extraer el oro.

Están molestos con nuestra presencia. No quieren hablar del tema. Piden que le pregunte a su dirigente del CRTM. Mencionan que ya les han informado que van a organizar una cooperativa, “y estamos de acuerdo las seis comunidades”, dice uno de ellos, sin precisar los nombres.

Según el pronunciamiento del CRTM, de octubre de 2021, la comunidad rechazó la oferta económica que le ofreció Coboldrom, que incluía un pago extra para los dirigentes.

Un día después, en Rurrenabaque, hablamos con Fernando Ara, presidente del Consejo Regional Chimanes Mosetén (CRTM), quien nos confirma que es la voz autorizada para hablar sobre su territorio, el Pilón Lajas donde habitan más de 2.500 indígenas mosetenes, chimanes y tacanas, unas 535 familias en 23 comunidades.

Sobre la decisión de conformar una cooperativa, dice que hablaron del tema en las tres últimas asambleas, pero que la decisión final la tomarán en una asamblea donde participen no solo cinco representantes, sino 10 por cada una de las 23 comunidades y que tengan derecho a voz y voto.

“Cuando son cosas mayores y de gran riesgo, convoco a una asamblea para someterlo a consulta. Que sea la asamblea con cinco representantes por comunidad con derecho a voz y voto. Ellos son los que toman la determinación, previa información técnica clara de qué estamos hablando, y mi responsabilidad es hacer cumplir la determinación”.

- Insisto en la pregunta, entonces, ¿aún no han tomado la decisión de formar una cooperativa para explotar oro?

- Bueno, en sí ha habido asamblea, dos o tres asambleas para analizar y debatir (…). Más es de análisis del tema minero, para ver de qué manera nos va a afectar, cómo vamos a contrarrestar, cómo vamos a hacer resistencia. Vamos buscándole, una vez encontremos ya la forma de cómo resistir o resguardar el territorio, ahí ya vamos a sacar definitivamente una resolución…”

Dos semanas después, Ara fue denunciado porque su nombre aparece en un contrato minero con la AJAM por el cual tiene derechos mineros dentro de Pilón Lajas.

En la TCO San José de Uchupiamonas, la situación no es diferente. Aunque a pesar de su determinación de no permitir el ingreso de ninguna minera, los últimos días de febrero, se sorprendieron cuando una cooperativa con el mismo nombre de la comunidad intentó ingresar a su territorio con maquinaria para realizar actividad minera.

El Rurrenabaque, el último día de febrero, hablamos con Pedro Macuapa, corregidor de San José de Uchupiamonas, quien nos contó que enviaron una carta a la AJAM solicitando que dejen sin efecto los contratos con las mineras y las cooperativas hasta que la comunidad formalice su demanda de cuadrículas.

- ¿Van a demandar las cuadrículas?

- Exactamente.

- ¿Ya iniciaron los trámites?

- Ya hemos iniciado. Esta va a ser ya la tercera, (el) tercer documento que vamos a enviar al gobierno y a la AJAM.

- ¿Cuándo fue la primera vez?

- Si mal no recuerdo, en octubre del año pasado.

El corregidor uchupiamona espera que el gobierno tome en cuenta sus votos resolutivos y que se paralice la adjudicación de las cuadrículas a los mineros. Van a continuar con la minería artesanal.

Asegura que en su comunidad no usan mercurio. “Nosotros siempre lavamos con lavaderitos o bateítas (recipiente). Mi padre ha sido minero siempre y gracias a eso por lo menos nos puso a una escuela, un poquito a una educación superior. Eso es lo que venimos peleando y vamos a seguir peleando por ese tipo de actividad, que no sea tan contaminante tan depredador”, afirma.

LA ESTRATEGIA

Para Álex Villca, activista ambiental y emprendedor turístico, el gobierno de turno ha sido “muy hábil” al involucrar en estos temas a muchos actores como son los cooperativistas mineros, las organizaciones de los pueblos indígenas, las empresas mineras que tienen intereses en común y se burlan de las normativas nacionales e internacionales.

“Dada la aguda crisis económica en nuestros territorios, en nuestras comunidades, es obvio que surjan familias que quieren entrar a estas actividades, porque nos están induciendo a que nosotros tengamos como último recurso el convertirnos en parte también de ese modelo económico extractivista, ya sea minero, ya sea de explotación forestal, ya sea el agro-negocio, sea la ganadería, cualquier actividad con tal de encontrar sustento para nuestra familia”, lamenta Villca, también vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

La responsabilidad del daño a las áreas protegidas es también de los autoridades locales y departamentales, pero el promotor es el nivel central con un conjunto de leyes y decretos que favorecen el crecimiento de estas actividades económicas extractivas.

Villca menciona que la Ley 535 de minería, por ejemplo, es permisible y atentatoria a los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos y de la naturaleza, porque abre las áreas protegidas y los territorios indígenas a las actividades extractivas mineras.

Ambientalistas e indígenas lamentan que se haya simplificado la consulta previa, libre e informada a un trámite administrativo que además establece que si en tres reuniones los interesados (el operador minero, la AJAM y los afectados) no llegan a entendimiento, el Ministerio de Minería toma la decisión final.

“Eso es violentar un derecho elemental que tenemos los pueblos indígenas, como es el derecho a la consulta, de hecho, ellos dicen que la consulta en nuestro país no es vinculante, entonces es simplemente un proceso administrativo el que intentan simular y al final siempre se van a imponer”, lamenta el indígena uchupiamona.

Con toda firmeza, dice, que los pueblos indígenas tienen que prepararse para entender las dinámicas económicas del país y no ser presa fácil del poder económico y político que los convencen de que tendrán mejores condiciones de vida o de empleo.

“Cuando vemos experiencias de casos similares de extractivismo, sea minero, petrolero, explotación forestal o de otra índole, allá donde se han desarrollado estas actividades han dejado a las poblaciones locales e indígenas en peores condiciones de lo que estaban antes de recibir el proyecto extractivista”, aclara.

En 2019, habían 550 cuadriculas solicitadas, sobre todo en la cuenca del río Tuichi. Según La Nube, la AJAM registra -entre mayo y noviembre de 2021- 6.023 cuadriculas mineras. “Eso representa alrededor de 150 mil hectáreas afectadas, es decir el 8% de la totalidad de la extensión que tiene el Madidi. El proyecto Chepete El Bala solo va afectar el 2% del Madidi, es una cifra abismal y debería preocuparnos a todo el pueblo boliviano”. 

“Este ha sido un proceso bien planificado”, sentencia el guardaparque Marco Uzquiano.

Si vemos los mapas de marzo en Madidi, desde las nacientes del Tuichi hasta el río Beni no queda una sola cuadrícula. Sobre el Pilón Lajas, asegura que todo está cuadriculado desde el río Quembeque.

“Están completando el plan estratégico que tienen. Se han constituido una o dos cooperativas de los dirigentes del CRTM y lista de socios. Eso nos da a entender que el siguiente paso es Pilón Lajas”, dice Uzquiano.

Todo comenzó –dice- en 2013 con la rezonificación del Parque Nacional Madidi, luego en 2014 se promulgó la Ley Minera y en 2018 y 2019 se cambia el reglamento ambiental, se elimina la ficha ambiental y se activa la categorización ambiental.

“Así se preparó el marco normativo para que sea permisivo” y en 2021, se debilitó la institucionalidad del Sernap, varios guardaparques fueron despidos o cambiados a otras regiones sin justificación. Y finalmente, se dividió a su asociación, la ABOLAC, creando una paralela afín al gobierno.

“Se debilita el control y vigilancia para quitar el blindaje que tenían las áreas protegidas. Ahí viene una incursión con fuerza de la minería, que se vio primero en Apolobamba, y desde 2020 en Madidi”, analiza el guardaparque.

El aliado estratégico de los guardaparques para la protección eran las comunidades indígenas, ahora son captados por los actores mineros.

“Ahora están haciendo meter a los indígenas como cooperativas, para que sea el indígena que destruya su propio territorio. Van a decir, si son los propios indígenas los que están contaminando, y ¿a quién se va a defender? Se quita la moral la ética que queda todavía”, explica Uzquiano, quien ahora trabaja en la Estación Biológica de Beni.

Los grandes capitales les provean maquinaria, eso le preocupa porque les inducirán a que se despojen de sus tierras y sus recursos naturales.

Las áreas protegidas han sido rebasadas en su control y vigilancia, el guardaparque ya no tiene autoridad ahí dentro. Su trabajo se limita a exigir a los mineros la licencia ambiental y la autorización del Sernap. Con el control del ingreso de maquinaria, lo único que se logra es multar y recaudar por ello, pero no se parará la actividad minera.

Ya no se tiene la capacidad para activar lo mecanismo de vigilancia. No tenemos refuerzo. Los mineros están haciendo lo que les da la gana. Dejaron la responsabilidad al guardaparque, los de la Armada ni la policía hace el control. 

“Nos quieren callar por completo. Quieren que todos sean mineros para que no molestemos. Ahora apuntan el cañón hacia los ambientalistas. A los guardaparques nos someten a acoso laboral, nos cambian, nos mueven”, lamenta.

Este material fue desarrollado en el marco del proyecto “Construyendo capacidades en comunicación para la conservación de la biodiversidad en el Corredor de Conservación Madidi – Pilón Lajas – Cotapata”

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Entre decenas de indígenas, Lorenza Rivera Viera, de 62 años, destacó por su vitalidad durante los 500 kilómetros que recorrió a pie en los 30 días que duró la X Marcha de los Pueblos Indígenas en defensa de la Chiquitanía realizada entre septiembre y octubre de 2019.

Lorenza llegó con su familia a San Ignacio de Velasco, desde su natal San Nicolás del Cerrito, el día que partió la marcha, el 16 de septiembre de 2016, y no claudicó hasta alcanzar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para hacer oír sus demandas.

Ni el inclemente sol ni las ampollas en sus pies por las cinco horas diarias de caminata le hicieron abandonar su fortaleza. Lorenza caminaba diariamente en la mitad de la columna de los más de 150 marchistas junto a otras mujeres, ancianos y niños.

Los marchistas exigían al Gobierno de Evo Morales la declaratoria de desastre nacional por los incendios y la abrogación de la Ley 741 y del Decreto Supremo 3973 que autorizan los desmontes, quemas y en contra de nuevos asentamientos en su territorio, demandas que hasta la fecha no han sido atendidas.

Pero los indígenas tienen otras necesidades no atendidas. Por ejemplo, en la comunidad de Lorenza, San Nicolás del Cerrito, no tienen luz eléctrica, el agua la obtienen a través de una bomba manual que extrae el líquido desde un pozo profundo, en eso días no llegaba la señal de ninguna de las empresas de telefonía móvil.

“Los mensajes llegan y salen solo cuando alguien va o retorna a la comunidad más cercana, Mercedes de Soliz, ubicada a seis horas de San Ignacio de Velasco, en notas en un trozo de papel o a viva voz”, contó la indígena. Su comunidad no cuenta con servicio de transporte público, usa los pocos vehículos de algunos de los pobladores de la zona que transportan insumos.

Otras comunidades tienen las mismas carencias; además, han sido avasalladas por colonos de otras zonas y los incendios han afectado sus medios de vida.

En la marcha, las mujeres y niños, acompañaron la caminata con sus risas, llantos, canciones e inocencia. A lo largo de los 500 kilómetros, no faltó la música con instrumentos autóctonos de la región chiquitana, en los lugares de descanso se hizo comida típica de la región, se durmió en tinglados, conventos de jesuitas, como a la orilla de las carreteras.

El 16 de octubre, llegaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los indígenas fueron recibidos con una banda marcial, pasaron por el Cristo Redentor antes de llegar a la plaza “24 de Septiembre”, allí los dirigentes indígenas de tierras bajas hicieron conocer los graves problemas que enfrentan en sus territorios y que todavía no han sido resueltos.

Con las mismas demandas y otras nuevas, hoy los indígenas de tierras bajas nuevamente están marchando, está vez la Gran Marcha Indígena partió hace 24 días de la ciudad de Trinidad y esperan llegar a la urbe cruceña la siguiente semana.

Indígenas amazónicos están en París para decir cómo se debe vivir en armonía con la naturaleza y para demandar a los gobiernos un acuerdo ambicioso y vinculante, la titulación de sus tierras y el respeto a sus territorios.