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La cantidad de agresiones contra las mujeres en Bolivia, probablemente no sea mayor que antes de la aprobación de la Ley 348; pero, la crueldad de los ataques constatada en la actualidad es un motivo más de preocupación para las entidades que siguen de cerca la problemática en el país.

Apenas el 47% del dinero destinado por los municipios de Bolivia para cambiar la realidad de violencia contra las mujeres fue ejecutado desde la vigencia de la Ley 348. Las gobernaciones, en tanto, destinaron sólo el 0,16 del presupuesto con ese fin. En contraparte, entre enero y octubre de 2016 se registraron 94 feminicidios, la cara extrema de dicha violencia. Un análisis crítico de lo invertido en 2016 y lo proyectado para 2017 es indispensable para medir la voluntad política más allá de las palabras y las promesas.

Hoy, 12 de abril, se celebra una audiencia del caso de Veruska contra los primos Esteban y Gustavo Monje, quienes están acusados de haberla violado en un alojamiento de Santa Cruz la madrugada del 7 de junio de 2014. El juicio comenzó el 23 de marzo. La alteración del video, prueba clave en el caso, generó desde un tuitazo al Ministerio de Justicia y otras instancias del Estado hasta que la anterior audiencia se llenara la sala. Ésta es una cronología del caso que lleva casi dos años esperando sentencia y que ha desnudado algunos de los vicios de la Justicia que ponen en tela de juicio la eficacia de la Ley 348 que debe garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

El mismo día de la madrugada en que Esteban Monje Castro y Gustavo Monja Burga salieron del alojamiento Tía Martha esposados por dos policías, y Veruska lo hizo un rato después acompañada ya de su madre y su tío, a los que se había alertado sobre que algo grave le había pasado, la fiscal Alejandra Ávalos presentó una acusación por violación agravada ante el juez onceavo de instrucción cautelar de Santa Cruz contra los Monje, que son primos. Era el 7 de junio de 2014. 

En Bolivia hay una Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia o Ley 348 que estipula, entre otras cuestiones, que las mujeres no deben ser revictimizadas y que la celeridad ha de regir estos procesos judiciales. Veruska ha sufrido lo primero y no ha disfrutado de lo segundo: el juicio como tal empezó el 23 de marzo de 2016. Antes, todas las audiencias que hubo, y de las que ni madre ni hija llevan ya la cuenta exacta, fueron solicitadas por los primos para pedir su cesación de libertad preventiva.

La última audiencia, el 6 de abril, no llegó a celebrarse: el abogado de Gustavo no acudió porque, indicó el acusado, sufrió un accidente de tráfico. Aquella mañana la sala estaba más llena que en cualquier otra sesión del proceso: había varias trabajadoras de la Defensoría de la Niñez, incluyendo a su máxima cabeza, Rossi Valencia; parte de la directiva del Comité Cívico Femenino; medios de comunicación; familiares de los imputados; abogadas de la Casa de la Mujer, que también están apoyando a Veruska, y, cómo no, el grupo ciudadano que viene siguiendo el caso desde junio. Quizá la indignación había crecido tras la anterior audiencia, cuando se mostró la prueba clave, que ha existido desde el principio: el video captado por las cámaras de seguridad del alojamiento Tía Martha. Las imágenes fueron difundidas en junio de 2014 por el canal PAT y en ellas se ve a los dos primos entrando con Veruska, quien es alzada por Esteban pues no puede tenerse en pie. 

Los primos han argumentado que llevaron a la chica al alojamiento para que descansara y no apareciera en su casa en estado de embriaguez. Sin embargo, el examen médico forense muestra que hubo violación.

Esta imagen corresponde a una de las páginas del acto conclusivo de acusación presentado por la fiscal Alejandra Ávalos el 8 de junio de 2014, que se encuentra dentro del expediente del caso.

La recepcionista, Yenny Roxana Pérez Chamo, declaró en junio de 2014 que Gustavo también entró a la habitación después de que saliera Esteban y que estuvo allí entre 10 y 15 minutos. En la etapa de juicio ha indicado que ella lo acompañó hasta la habitación y que entraron los dos unos momentos y se fueron. 

Hay algo más que huele raro: en la hoja de registro del alojamiento (ver foto) Esteban se registró como estudiante, cuando es enfermero, y procedente del Beni, siendo cruceño:

Fotografía del registro de Esteban Monje en el alojamiento Tía Martha, ubicado en la calle Sandía, 230. Esta información se encuentra dentro del expediente del caso.

Hoy, 12 de abril. a las 15.00 hay otra audiencia de este caso en el Tribunal Noveno de Justicia Penal, en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

Lee aquí una cronología de esta historia todavía sin final:

La preocupación de los defensores de los derechos de las mujeres es que, si el caso Soria contra Kucharsky procede, se estaría sentando un antecedente funesto para quienes se animen a denunciar a sus agresores. En lo concreto, se sospecha de tráfico de influencias, pues el acusador es hijo del Embajador de Bolivia en Cuba y desde 2014 la justicia no ha dado respuesta rápida ni positiva a quien ha presentado pruebas por agresiones intrafamiliares.

En Cochabamba el acto oficial por el ‪#‎25NBO‬ organizado en la Plaza de las Banderas por la Gobernación se desarrolló en medio de tensión, luego de que a algunas organizaciones no se les permitiera usar del micrófono en el palco. Además las activistas criticaron las incoherencias y el poco compromiso de las autoridades con la problemática, que en este departamento arroja cifras críticas.

El trabajo está encabezado por el Colectivo Rebeldía de Santa Cruz y también se realiza en Cochabamba y La Paz. El objetivo principal es identificar las pautas sociales y culturales que se tejen por debajo del ejercicio de la violencia contra las mujeres, para poder abordar estrategias de prevención más sólidas y consecuentes con el contexto boliviano.

En el caso de la violencia sexual, las víctimas se ven enfrentadas, en su camino por encontrar justicia, a un vía crucis de indiferencia, incomprensión, maltrato, prejuicios.

Ayer, en menos de 12 horas, se registraron dos violentos casos de feminicidio en Cochabamba. Según registros de la plataforma ¿Cuántas Más?, en 2015 ya son 23 las muertes, pero en sólo 3 casos se concluyó el proceso penal con culpables sentenciados a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. Algunas organizaciones dedicadas a la lucha contra la violencia de género consideran que sanciones más duras para los victimarios o programas de prevención dirigidos sólo a mujeres no resolverán nada. Inter Redes trabaja para integrar a los varones. 

Cualquier funcionario debe atender correctamente a una ciudadana o un ciudadano. Una persona puede esperar que el trato sea aún más cuidadoso cuando va a denunciar una violación. Testimonios y declaraciones de cargos públicos demuestran que sucede lo contrario.

Tras la audiencia cautelar en la que el juez decide si el o los acusados por la víctima se defenderán en libertad o privados de de ella, comienza el período probatorio: aquel en el que se acopian las pruebas y se hacen peritajes, y que dura unos seis meses. Después, y teniendo en cuenta que la Ley 348 establece la celeridad como unos de los principios procesales para casos de violencia contra mujeres, debe empezar el juicio. En teoría.