Patricia Chulver Benítez, activista política por la reforma en política de drogas en Bolivia, Acción Semilla

2016 es un año fundamental en Bolivia. No sólo a nivel de coyuntura política sino porque toca que su política de drogas sea reformulada.

Indiscutiblemente, a partir de la insurrección de los movimientos sociales en 2006, se reivindica no sólo la condición del cocalero sindicalista oprimido o de un país que hasta entonces se ahogaba bajo gobiernos y políticas neoliberales; se reivindica también la lucha del campesino y la tierra que trabaja dado que sus cultivos son ilegales.

Ha costado mucho pelear contra ese estigma que cargamos en la espalda a partir de ser país productor de una planta ilícita, estigma que en 2011 fue puesto en debate al retirarnos de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 [1] para readherirnos en 2013 bajo la reserva del uso tradicional de la hoja de coca. Ha costado mucho darles a los cultivadores su derecho de cultivar, tanto como a la población su derecho de consumir, como para que lecturas políticas internas [2], compliquen más nuestro panorama en tema de política de drogas al argumentar (durante estos últimos años) que Bolivia se ha convertido en un  “Narco Estado”.

A nivel de opinión pública, este argumento ha captado muchos simpatizantes y, en contraposición, ha generado en otros sectores la necesidad de responder en defensa de los logros obtenidos desde una mirada un tanto arquetípica. A partir de la nacionalización de nuestra política de drogas, Bolivia fue sujeto de reconocimiento por su reducción de cultivos. Organismos como la ONU [3] afirman que nuestro sistema es efectivo y el gobierno dice incluso que es replicable. Sin embargo, un acercamiento más profundo a la aplicación de la actual política de drogas nos dice que aún se debe trabajar tanto el tema de cultivos como el de la penalidad.

El mito del Narco Estado

Tapa del diario cruceño El Día.

Uno de los argumentos más grandes para fomentar la lucha contra las drogas deriva de un posicionamiento ideológico que  califica como Narco Estado [4] a todos los “países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico”[5]. La definición nace alrededor de los 80, en el auge de la guerra contra las drogas. Dada la ambigüedad y el contexto en el que fue desarrollado, hoy en día el concepto se aplica a países como Bolivia debido a su condición de país productor de hoja de coca, de manera que la definición hace una relación directa entre cultivos y narcotráfico.

En Bolivia se ha visto la utilización desmesurada de la definición de Narco Estado (neologismo que se aplica haciendo referencia simbólica a la Narco Dictadura [6]) por parte de diversos actores, tanto políticos como comunicacionales, para poner en duda las nuevas prácticas en torno de la hoja de coca y su regulación bajo la lógica de “nacionalización de la política de drogas”. En Bolivia, uno de los mayores logros a partir de los mecanismos de control social de la hoja de coca [7] fue la reducción de daños respecto de la violencia generada por la erradicación forzosa en los años noventa, pues actualmente la racionalización [8] es concertada.

De forma empírica, sin embargo, América Latina ha desnudado en cifras y estudios su participación en la cadena de crimen transnacional organizado. Perú, Brasil o Argentina, no sólo Bolivia, son algunos de los ejemplos de estados relacionados con el narcotráfico [9].

Sobre la relación entre el crimen transnacional y el narcotráfico

El narcotráfico en la actualidad no es un fenómeno aislado; es un área dentro del crimen transnacional que por la complejidad de sus relaciones y el nivel de organización de su estructura se aproxima a una economía moderna.

El narcotráfico cruza fronteras y se relaciona con diversas redes de carácter global como tráfico de armas y trata de personas. Es así que el término de “Narco Estado” es inaplicable, dado que es de carácter geográfico y políticamente limitado.

Ley 1008 y tierras

Revalorización de la hoja de coca 

Tras años de resistencia social y política de las organizaciones de productores en Bolivia, se ha iniciado un proceso de revalorización de la hoja de coca tanto en el país y como a nivel nternacional; se llega a una legitimidad dentro de la constitución y las leyes que resultan en los mecanismos de control social de la hoja de coca que ahora se manejan a nivel gubernamental. Sin embargo, en la práctica se ha evidenciado que estos mecanismos no llegan a cubrir algunas áreas, cultivos que en la actualidad se encuentran en situación de marginalidad.

Hoja de coca y conflicto

Según la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas o Ley Nº 1008, artículo 9º, “la zona de producción tradicional de coca es aquella donde histórica, social y agroecológicamente se ha cultivado coca (…) Esta zona comprenderá las áreas de producción minifundiaria actual de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisiví del Departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba.”

Yungas de Vandiola (provincia Carrasco- Cochabamba) es un lugar de cultivo tradicional de hoja de coca que en la actualidad ha quedado fuera de los beneficios del control social[10], por lo que se ve impedido de comercializar su producto al igual que otras áreas tradicionales que se encuentran lejos de las carreteras y en muchos casos dentro de los límites de un área protegida (parques nacionales[11]). Las zonas tradicionales se han visto sometidas a la depuración del Cato[12], dando como resultado una reducción significativa en sus cultivos. En el caso de Vandiola[13] la reducción establecida fue de 984 a 784 catos.

De esa forma, la selección politizada de las áreas de cultivo autorizadas da como resultado nuevas dinámicas de exclusión. En 2013, una investigación de Carlos Crespo señalaba que desde 2006 Yungas de Vandiola sufre la  “sistemática práctica gubernamental de discriminación, desconocimiento de acuerdos y erradicación forzosa” [14]

Otro antecedente de conflictos por hoja de coca se dio en 2013 en el área de Apolo. La violencia desatada entre la Fuerza de Tarea Conjunta y los campesinos de la comunidad de Miraflores, causaron muertos y heridos, y el hecho generó gran susceptibilidad [15]. Es verdad que desde que la DEA ya no fiscaliza nuestras zonas de cultivo, se puede hablar de una reducción de daños significativa en la aplicación de la violencia, sin embargo es apropiado reconocer que esto se cumple en tanto se trata de zonas que cuentan con mayor presencia del Estado, como las seis federaciones del trópico de Cochabamba o Yungas de La Paz (ADEPCOCA).

Es, por tanto, real admitir que nuestra actual política de drogas es más que perfectible, dado que en tema de tierras existen zonas en estado de desatención y falta de oportunidades, aún sometidas a la violencia que genera el carácter punitivo de la Ley 1008.

Ley 1008 y penalidad

El 2015, uno de los temas fundamentales en Bolivia fue el de justicia. Finalmente y de manera entrópica, todos los escándalos de corrupción fueron develando la estructura del actual sistema judicial y penitenciario, dando como resultado una alerta roja en la opinión pública.

Con un sistema carcelario que hoy en día cuenta con aproximadamente 70% de su población en situación de detención preventiva y un 26% relacionada con la Ley 1008 [16], se evidencia que uno de los principales factores de hacinamiento carcelario en Bolivia está relacionado con la aplicación de esta ley. Las cárceles están llenas de consumidores, mulas y microtraficantes, números que rebasan cifras [17] tanto en interdicciones, como en la desproporcionalidad con que se aplican las penas (si es que llegan a aplicarse).

Cómo método aliciente a un sistema que se ahoga surge el indulto, medida que no implica una reducción real en cifras pues estas tienden a ser fluctuantes y en términos de reducción de daños, menos relevantes de lo que resultaría de una modificación o cambio de aplicación de la Ley 1008.

En abril de 2016 se llevará a cabo la Cumbre Nacional de Justicia, que al ser de carácter urgente abordará también el hacinamiento carcelario relacionado con la Ley 1008.

En conclusión, hablar de la total eficacia o de la exportabilidad de nuestra actual política de drogas (con respecto a su ángulo penal) está bastante alejado de la realidad, pues en temas de justicia presentamos casos espeluznantes de desproporcionalidad en las penas al no existir umbrales de consumo. Es decir, la posesión de una sustancia es considerada tráfico sin derecho a la presunción de inocencia, sin importar la cantidad ni el tipo de sustancia.

El carácter punitivo de la Ley 1008 no ha cambiado en 28 años porque la lógica sigue siendo la misma.

Enfocar problemas de salud pública a partir de la penalidad (la prohibición del consumo de sustancias ilícitas y la punición a través de la penalidad), sólo arriba a un daño invisible lejos de a una solución.

Desafíos para la nueva política de drogas

Antecedentes como Vandiola y Apolo ponen en duda la reducción de cultivos como solución prioritaria al problema del narcotráfico. La disminución del cato de coca como práctica aplicada desde 2006 no ha abandonado la lógica prohibitiva de la Ley 1008; es más, la efectividad real de este tipo de acciones represivas se ve cuestionada a nivel mundial por la corriente reformista de hoy.

En cuanto a la penalidad, la Ley 1008 dista de otras legislaciones más progresistas en nuestra región; en la actualidad la ley está siendo revisada, ciertamente, y sería un gran avance que contemplara alternativas como umbrales de consumo o descriminalización del microtráfico, dado el problema de hacinamiento carcelario. Quizás es mucho pedir que contemple el consumo como una materia de salud pública en vez de un problema penal, y finalmente sería realmente maravilloso pensar que en ésta su pronta modificación, la Ley 1008 se aleje de su enfoque opresivo y abrace uno más humano que contemple al individuo y sus prácticas, tanto como el discurso político canta; desde sus elementos empíricos hasta su práctica en lo social.

[1] En 1961 Bolivia se retira de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la misma que controla el cultivo del arbusto de coca e incluye la hoja de coca como estupefaciente. En 2013 Bolivia se Readhesiona al tratado de 1961 que entró en vigencia el 10 de febrero del mismo año.

[2] “Diputado opositor Luis Felipe Dorado, aseveró que Bolivia cumple con seis requisitos para ser catalogado como un narcoestado.” – Diputado Dorado dice que Bolivia es un narco estado. (2015, Erbol).

[3] UNODC felicita al Gobierno por el desarrollo del  ‘Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas’ y destaca logros del proyecto de prevención (2013), United Nations Office on Drugs and Crime. http://www.onodc.org

[4] Definición que se origina con el investigador canadiense Peter Dale Scott.  quien tras años de estudio sobre el “Estado Profundo”, presenta informes  en los que se detalla como los gobiernos, sus agencias de inteligencia y las organizaciones criminales forman una simbiosis. Uno de sus reportes sobre el caso de México menciona como el FBI, la CIA y el antiguo servicio de inteligencia mexicano tienen una profunda conexión con las mafias de drogas – Partners in Crime: The U.S. Secret State and Mexico’s “War on Drugs”

[5] Wikipedia.org

[6] En Bolivia el ex dictador Luis García Meza (1980-1981), describió en una obra autobiográfica, su relación con  Roberto Suárez Gómez (el Rey de la cocaína), la CIA y la DEA.  Relación directa de la que nace el término “Narco dictadura” en Bolivia, ya que el gobierno de G.Meza estaba siendo financiado directamente del narcotráfico

[7] Farthing, L.C y K. Ledebur (2015), Habeas Coca. Control Social de la Coca en Bolivia

[8] Término aplicado a la reducción de cultivos, producto del consenso entre el estado y los productores de coca

[9] Job Joris Arnold. Experto en criminología

[10] Cocaleros de Yungas de Vandiola Rechazan erradicación y presionan (2012),Opnion.bo

[11] Ejemplo de esta lógica es la declaración del presidente Morales que cita que  “No puede haber cultivos de coca ni en el Parque Isiboro Sécure ni en el Parque Carrasco”. La Coca hasta el 2014 (2014). El día

[12] 1.600 metros cuadrados. Extensión para productores legalmente registrados

[13] En 2006 se firma un acuerdo que aprobaba 984 catos de hoja de coca, convenio que en la actualidad según el dirigente Gabriel Prado no se respeta

[14] B.Caiuby y T.Rodrigues  (2015) Drogas, Política y sociedad en América Latina y el Cribe

[15] Conflicto en Apolo suma otro muerto (2013), Los Tiempos

[16] Fundación Construir (2014), Prisión preventiva y Derechos Humanos: Estudio de caso en Cárceles de La Paz

17] En la tabla de delitos predominantes presentada por el Régimen Penitenciario en Dic de 2015, la Ley 1008 ocupa el tercer lugar en la clasificación por delitos de la población penitenciaria.