Ojos que no ven* / Parotani
Una intensa negociación entre diversas autoridades de alto nivel del Gobierno y las personas en situación de discapacidad resultó finalmente inútil y matizada por acusaciones mutuas de irresponsabilidad. La marcha que partió de Cochabamba sigue hacia La Paz con personas que impulsan sus sillas de ruedas y algunas que avanzan ayudadas por sus familiares.
Durante gran parte del día, el 24 de marzo, las ministras de Salud y de Justicia, el viceministro de Economía, Finanzas y Presupuestos, el ministro de Trabajo, una funcionaria ligada a Vicepresidencia, y la dirigencia de las personas con la etiqueta de discapacidad estuvieron encerrados para tratar, los primeros, de frenar la marcha, y los segundos para arrancar respuestas que alivien su vida.
Según fuentes de la caravana, en la mañana las ministras de Salud y la de Justicia solicitaron a la dirigencia de los movilizados justificar sus tres demandas: la renta "solidaria" de Bs 500 al mes para toda persona con discapacidad; la creación de una mesa técnica conjunta entre la sociedad civil y el gobierno, para la revisión de la clasificación de los grados de discapacidad, y el establecimiento de un carnet indefinido para las personas clasificadas con discapacidad grave o muy grave.
Demandas, respuesta, acusaciones
- La demanda de Bs 500 al mes está ajustada a derecho, ya que tanto la Constitución boliviana, como diversos decretos gubernamentales, más la Ley 223 que se refiere a los derechos de las personas con discapacidad en el país, mandan al Gobierno implementar una renta. La actual, de Bs 1.000 al año, de ningún modo puede considerarse como tal.
Además, la creación del llamado Fondo Nacional de las Personas con Discapacidad, que debería contar con Bs 40 millones de los que el Estado destinaba para las campañas electorales y que desde hace ocho años no se entrega y debe destinarse a implementar medidas en favor de la población que hoy se moviliza, no ha servido, puesto que ésta sigue afectada por el estigma, la discriminación y la pobreza que es más lacerante, sostienen, que la que sufren las personas consideradas en situación de normalidad.
Hay que tener en cuenta, piden, que ese fondo establecido por el actual gobierno es fijo, no revisable anualmente, mientras que el costo de la vida sube cada año. Por eso demandan que se busquen medidas alternativas de financiación. Las necesidades, afirman, no se alivian con medidas de carácter asistencial pero, puesto que las medidas estructurales requieren mucho tiempo, por algo hay que empezar y ese algo es la renta mensual.
La réplica del gobierno se centra en que, si bien es cierto que Bolivia crece económicamente a buen ritmo (5 por ciento, según el viceministro), la coyuntura internacional impone ciertas precauciones para seguir financiando el gasto social de forma responsable. Dicha coyuntura tiene que ver con la baja de los precios del petróleo, del gas y de algunos minerales, recursos fundamentales para la economía nacional. Por eso, el Fondo Nacional de las Personas con Discapacidad no podría crecer, además de que su presupuesto es fijo pues tiene rango de ley, y, dado que los precios de las industrias extractivas están a la baja, la única alternativa sería buscar vías alternativas de financiación en concurrencia con las gobernaciones y con los municipios.
"Renta o muerte"
Tras encallar las negociaciones en este punto, y con el ofrecimiento oficial de la creación de mesas de trabajo conjuntas entre el gobierno y el sector, rechazadas de plano por los dirigentes que consideran que el gobierno no tiene voluntad real de negociar, sino que pretende dilatar el proceso para frenar las movilizaciones, se acordó por ambas partes un receso de media hora. Un tiempo que los dirigentes de las personas movilizadas utilizaron para consultar a las bases.
Durante la asamblea, se cuestionó la inversión de los fondos destinados por el gobierno para políticas sociales, aludiéndose de forma mayoritaria a que el sector es el más olvidado de los empobrecidos. La asamblea denunció enérgicamente lo que considera como inversiones gubernamentales no necesarias, como la construcción de canchas de fútbol, la compra de aviones, los viajes suntuosos de los altos funcionarios del Estado y la compra de dirigentes del sector de la discapacidad.
La asamblea culminó con el grito de "renta o muerte", y algunas personas procedieron a increpar a los representantes gubernamentales, a quienes tacharon de corruptos e insensibles.
Entre tanto, en declaraciones a los medios de prensa las autoridades ratificaron la falta de recursos para aprobar una renta mensual Bs 500, y sostuvieron que la movilización obedecía a fines políticos de desestabilización, con acusaciones dirigidas a algunos dirigentes de la caravana de estar "bien pagados" para promover dicha movilización, aunque no mencionaron nombres ni aludieron a cuales serían dichas fuerzas desestabilizadoras.
Para hoy, feriado nacional por la Semana Santa, la caravana siguió su marcha, pese a que el camino se complica, ya que se abandona la parte llana. El colectivo de personas sordas iba a portar cruces como símbolo inequívoco, dijeron, de que la estigmatización de la discapacidad es todavía un hecho en el país.
* Ojos que no ven es Richard Mateos, activista que recorre el mundo guiado por su perra Mali.
