Martes, 19 Agosto 2014 18:29

La pandemia del feminicidio

Marcha contra el feminicidio en Santa Cruz de la Sierra. Marcha contra el feminicidio en Santa Cruz de la Sierra. Rocío Recalde

 

A más de un año de aprobada la Ley 348, para el Estado boliviano la vida y la dignidad de las mujeres no es prioridad; la realidad es elocuente… cada día mujeres son víctimas de feminicidio, cada día las familias viven tragedias, dolor y desamparo.

Patricia Flores Palacios, feminista queer y comunicadora

Bolivia tiene los más altos niveles de violencia contra las mujeres de América Latina, según el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres. Por registros del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM),

Bolivia, además de registrar el nivel más alto de violencia sexual contra las mujeres, es el segundo país de la región, después de Haití.
A más de un año de su promulgación, la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia no tiene reglamentación ni existen los recursos económicos mínimos e indispensables para su implementación, menos aún, medidas efectivas para luchar contra toda forma de violencia y contra el feminicidio..

Para la gestión 2014 datos del Ministerio de Economía registran que el Estado destina menos del 5% del presupuesto general de la nación para atender el área social y no figura en ninguna de sus líneas de inversión o gasto -la lucha contra la violencia hacia las mujeres-.

La desatención estatal al feminicidio se lo subsume en la inseguridad ciudadana, sin embargo los feminicidios cotidianos que se registran en el país son muertes propinadas por el odio profundo a las mujeres, por el hecho de ser mujer, son muertes por misoginia institucionalizada, muertes por machismo siniestro y que ve a las mujeres como seres inferiores a las que se puede abusar, torturar o matar, porque vivimos en una sociedad que recurrentemente celebra la subordinación y cosificación de las mujeres, un signo de ello es que las propias autoridades estatales celebran frases, cánticos y actitudes de extrema violencia verbal o lascivas, porque la dignidad de las mujeres no cuenta, en una suerte de naturalización de todo tipo de violencia, desde la verbal, sexual, psicológica, física y finalmente la muerte, la macabra criminalidad.

A pesar de los discursos del Vivir Bien, la descolonización y la despatriarcalización, miles de víctimas, fundamentalmente en situación de pobreza, siguen luchando contra la injusticia; porque si vemos la realidad, para las mujeres nada ha cambiado.
 


La ley y la realidad


El Artículo 5. de la Ley 348 establece que las “autoridades y servidores públicos de todos los Órganos, Instituciones Públicas, Entidades Territoriales Autónomas y la sociedad civil tienen la obligación de hacerla cumplir, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa sin privilegio de ninguna clase”.

Pero la realidad sigue su curso, como lo demuestran los cientos de trámites en juzgados de todo el país que desde hace décadas sumen en el calvario a las familias de las víctimas , visibles en casos como el de la cadete Cinthia Poma de la Academia Nacional de Policías, que murió con signos de violencia en el cuerpo (aunque, según versiones oficiales, habría sufrido una “descompensación respiratoria”).

A la fecha, las instancias del Órgano Judicial no han esclarecido los hechos, a pesar de que existen sospechosos del ámbito policial (¿o quizá porque son de ese ámbito?). Lo mismo con el caso de la periodista Analí Huaycho.

A más de un año del hecho, una comisión de fiscales ha ordenado la exhumación del presunto cadáver de Jorge Clavijo, el presunto perpetrador, para que el Instituto Departamental de Investigación Forense (IDIF) haga su presunto trabajo. Todo, en estas historias, es presunto, precario, vago, incompetente.
Mientras que la madre vive la tragedia de transitar en los vericuetos de un indolente sistema judicial, de interminables trabas procedimentales.

Pero las tragedias de Analí o la cadete Poma son tan sólo una arista de una pandemia de violencia. Violencia que no termina con los crímenes y que más bien continúa con las familias de las víctimas arrojadas al infierno de la vulneración de derechos, entre demandas y querellas que se estrellan ante un andamiaje judicial inmisericorde y atentatorio a la dignidad humana.


La erradicación de la violencia, dice la ley, en la letra muerta es un tema de prioridad nacional y un problema de salud pública que debe ser combatido “desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los agresores” (Ley 348).

Hasta hoy una ley que queda en un simple hecho discursivo, mientras que el Estado invierte recursos millonarios para eventos del entretenimiento transnacional o en infraestructuras inconclusas, inexistentes o frutos de la corrupción.

A más de un año de promulgada la norma, habiendo sido antecedida por otra de base similar, no hay un solo indicio de que el Órgano Judicial, Ministerios del área, principalmente Justicia, Salud o Gobierno, Gobernaciones, Municipios o el propio ente legislativo reconozcan en los hechos “que la erradicación de la violencia hacia las mujeres es –efectivamente– prioridad nacional y que los órganos de Estado, instituciones públicas y entidades territoriales autónomas adoptarán las políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio” (Art. 3 Ley Integral 348).



El fetiche colonial de la ley

La realidad testimonia cuán asentada está en las estructuras del Estado y en sus representantes la fetichización colonial de las leyes, como sin con letras en el papel, letras muertas, la realidad se modificará por sí sola, es decir, dejara de producir muertas reales. Una fetichización respaldada, de paso, por la retórica del “Vivir Bien, de igualdad, inclusión, trato digno, equidad de género y despatriarcalización” (Art. 4 de la Ley 348).


Esta fetichización jurídica es sin duda uno de los grandes obstáculos para hacer efectiva la lucha contra la violencia, el acceso a la justicia sin discriminación o el ejercicio de derechos humanos. 
En los hechos, que son los que importan, se contraviene lo promulgado, se contravienen los mandatos y el presupuesto general del Estado Plurinacional aprobado no contempla recursos para la implementación de la Ley en cuestión.

Quedan en la discursividad entidades que ya deberían estar en fase de implementación como el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género–SIPPASE (Art. 1, Ley 348). Aunque se afirma que el país tiene un importante crecimiento económico con reservas estatales considerables, toda esa “bonanza” está lejos de destinarse a la defensa de la vida y de los derechos humanos.


Fetichización jurídica a la que se suma la impunidad y la protección de la que gozan los propios representantes nacionales y servidores públicos que, con antecedentes de violencia ejercida contra sus mujeres (contraviniendo el Art. 13, de la Ley 348), acceden y siguen en cargos públicos.
 


¿Qué hacer?

Quizá Bolivia dejaría de ser el país con los mayores índices de feminicidio y vulneración de derechos contra las mujeres si con el mismo empeño con el que se inauguran obras, locales deportivos e infraestructura caminera, se inauguraran Hospitales de la Mujer de segundo o tercer nivel con ecógrafos y tomógrafos, incubadoras e insumos médicos. Si de manera serie y responsable se lanzaran campañas educativas y preventivas para alertar a que los hombres no prostituyan a las mujeres y se castigasen a los prostituyentes.

Si el estado emprendiera campañas y programas educativos que alerten a los niños y jóvenes a no maltratar de ninguna manera a las niñas, a que la violación es un grave delito, a que no se utilicen a las mujeres como objetos para la complacencia sexual, con mecanismos de prevención en todas las esferas sociales, nacionales, departamentales y municipales.

O si tuviéramos un sistema jurídico eficiente, rápido, transparente, sin corrupción o chicanería. Así como un sistema de salud que garantice a las mujeres atención física y psicológica de calidad, con medicinas gratuitas como parte del Seguro Universal Materno Infantil SUMI. O si se hiciera algo para frenar los cientos de muertes por abortos mal practicados, en condiciones infrahumanas. O si se abriesen en cada gobernación y municipio Casas de Acogida para las mujeres que cotidianamente se ven acorraladas por la violencia, Casas con personal comprometido con la defensa de la vida.


Pero para el Estado boliviano la vida y la dignidad de las mujeres no es prioridad, la realidad es elocuente… cada día mujeres son víctimas de feminicidio, cada día las familias viven tragedias, dolor y desamparo.

 

Visto 3428 veces Modificado por última vez en Martes, 19 Agosto 2014 20:11
La Pública

La Pública es un proyecto que busca crear y gestionar espacios para el ejercicio ciudadano a través de redes sociales y fuera de ellas, articulando para ello el periodismo digital y el activismo.

fb htw hyt h

lp15

 

La Paz - 71597592
Cochabamba - 71786333
Santa Cruz - 71528022

 

cc