Luis Rejas / Más y Mejor Internet para Bolivia
A finales de 2014, algunos miembros de la comunidad de software libre sostuvieron unas reuniones en las que se mostraron unos lineamientos -no plan- para la migración al gobierno electrónico. El proceso se hizo de manera tan cerrada que no se compartió con todos los ciudadanos interesados en el país. Desconozco que se haya hecho lo propio con el caso del plan de gobierno electrónico. Las reuniones se suspendieron debido a las fiestas de fin de año y después ya no hubo más contacto por parte de la Dirección de Gobierno Electrónico, dependiente de ese ministerio y los designados para la elaboración de ambos planes.
Desde hace unos ocho días hay nuevo director en esa entidad. Así las cosas, dudo mucho que se haya avanzado lo suficiente como para elaborar un plan y menos aún que se consiga recuperar estos 17 meses perdidos, a un mes de que venza el plazo dado por el D.S. 1793/2013.
Personalmente creo que a los ciudadanos que asistieron a ver un plan (el 14 de abril de 2015, en la Vicepresidencia del Estado) se les hizo perder el tiempo de manera miserable. Lo que se vio y escuchó fueron conceptos básicos, para lo que no era necesario malgastar el tiempo de la gente. La ciudadanía merece saber, y para saber, en este caso, los servidores públicos tienen el deber de informar de manera correcta y no escurrir el bulto, como se ha hecho en esta ocasión.
Para poder empezar a hacer un plan como el que nos ocupa, creo que primero hay que tener un “mapa del terreno”: inventario del software actualmente funcionando en las instituciones públicas, inventario del hardware y un inventario de los recursos humanos de los que se dispone para la tarea. ¿Existirá, por lo menos ese mapa?
Mis interrogantes más inmediatas son: ¿qué es lo que se hizo durante estos 17 meses? ¿cuándo se empezó a trabajar? ¿estará listo un plan completo y bien elaborado a tiempo? Y por último, ¿cuándo veremos el inicio de la primera migración como consecuencia del plan?
Ya existen observaciones y recomendaciones de miembros de la comunidad de software libre, hechas durante la dirección anterior. Es de esperar que no se recurra a la vieja y fea costumbre en las instituciones públicas de desechar el trabajo de los antecesores por completo; algo se podrá rescatar, aunque sea como lineamientos. En el caso de gobierno electrónico, a cargo de la misma institución, el desconocimiento es aún mayor.
Ya tenemos más de un ejemplo de incumplimiento de plazos en instituciones públicas, como el caso de la reglamentación para la portabilidad numérica que debió elaborar la ATT y que lleva nada menos que tres años de retraso, con el perjuicio que ello implica para los ciudadanos. También es preocupante la calidad de los trabajos que se vayan a elaborar, tomando en cuenta que hay un nuevo director a tan poco tiempo de que deban aprobarse. Y también se teme que se acabe aprobando algo sin previa puesta a disposición de la ciudadanía para posibles observaciones o sugerencias. Ya hemos visto en ocasiones anteriores efectos contraproducentes cuando sucedió lo mismo.
También hace falta, por parte de la ciudadanía, en especial por aquellos directamente afectados, su colaboración y control. Y que se hagan propuestas serias, no limitándose a meras labores de copiar y pegar de trabajos en otros países.
Esperemos, por el bien de todos, que el nuevo director encuentre la forma óptima de despejar las dudas y problemas del reto que acaba de aceptar.
De momento, mientras no lo vea, para mí, no hay planes.
