El Estado, a través de la Policía, es el principal responsable de la seguridad ciudadana en el país, aunque al ser un bien común, es también responsabilidad del ciudadano. “En el caso de Bolivia, la Seguridad Ciudadana se fundamenta en el establecimiento de la corresponsabilidad institucional de seguridad ciudadana, la participación ciudadana y el control social”, se lee en el artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

La seguridad ciudadana  es un derecho, un bien común que se articula mediante la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones públicas. Busca asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.