Dependiendo del hecho, la víctima puede formalizar su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (FELCC) o en el Ministerio Público cuando de se trate de delitos como el  robo, hurto, asesinato, homicidio y secuestro, entre otros. Además de esta instancia policial, existen oficinas a nivel nacional que tienen la obligación de atender las denuncias la ciudadanía.

Pese que el Gobierno prometió, en 2012, una “Justicia gratuita  para todos”, esto no ha logrado concretarse hasta la fecha. “Dependiendo del delito, la víctima podrá optar por un defensor, sin embargo, el costo deberá ser pagado por el denunciante”, explica el abogado Bruno Belmonte. Por lo general son gastos que como mínimo ascienden a los Bs 3.000 en una primera instancia y dependiendo del delito. “Una denuncia ante la fiscalía requiere de un memorial, para ello se debe contratar los servicios de un abogado que debe  ser cubierto por el denunciante”, agrega.

El Ministerio de Gobierno es la institución máxima a cargo de la seguridad ciudadana a nivel nacional y tiene como brazo operativo a la Policía Nacional Boliviana. Sin embargo, hay otras instancias como las entidades territoriales autónomas departamentales, las entidades territoriales autónomas municipales y las entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas que también son responsables de resguardar la seguridad de los bolivianos. 

El Gobierno identificó tres aspectos fundamentales como: los delitos comunes, el crimen organizado y el narcotráfico que hacen que la inseguridad aumente entre la población boliviana.