Cuidado con hurgar el avispero, parece la consigna

La visión conservadora de los partidos políticos en este tema refleja una concepción guerrera que todavía está intacta, imposibilitando entrever otras posibilidades, como el servicio social en cuanto una opción conjuntamente al servicio militar obligatorio.

Los planes de gobierno presentados por las cinco fuerzas políticas que lidian para las elecciones generales a efectuarse el 12 de octubre de 2014 incluyen lo que sigue respecto de seguridad ciudadana.

Los menores de edad, la gente de sectores marginales que no tienen acceso a la justicia son las principales víctimas de la inseguridad. Los últimos años se han realizado una serie de encuestas a nivel nacional sobre la inseguridad, una de ellas fue elaborada por el Foro Regional, conformado por las organizaciones "Ciudadanía", y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). En su estudio se detalla que más del 25% de la gente que vive en las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ha sido víctima de delincuencia en los últimos 24 meses. 

Según el Censo de 2012 los delitos más frecuentes a los que están expuestos los ciudadanos son los que tienen que ver contra la integridad corporal y la salud; la estafa y otras defraudaciones; robo, robo agravado, hurto, homicidio y violación.  Las mayores preocupaciones de los bolivianos son la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Dependiendo del hecho, la víctima puede formalizar su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (FELCC) o en el Ministerio Público cuando de se trate de delitos como el  robo, hurto, asesinato, homicidio y secuestro, entre otros. Además de esta instancia policial, existen oficinas a nivel nacional que tienen la obligación de atender las denuncias la ciudadanía.

Pese que el Gobierno prometió, en 2012, una “Justicia gratuita  para todos”, esto no ha logrado concretarse hasta la fecha. “Dependiendo del delito, la víctima podrá optar por un defensor, sin embargo, el costo deberá ser pagado por el denunciante”, explica el abogado Bruno Belmonte. Por lo general son gastos que como mínimo ascienden a los Bs 3.000 en una primera instancia y dependiendo del delito. “Una denuncia ante la fiscalía requiere de un memorial, para ello se debe contratar los servicios de un abogado que debe  ser cubierto por el denunciante”, agrega.

El Ministerio de Gobierno es la institución máxima a cargo de la seguridad ciudadana a nivel nacional y tiene como brazo operativo a la Policía Nacional Boliviana. Sin embargo, hay otras instancias como las entidades territoriales autónomas departamentales, las entidades territoriales autónomas municipales y las entidades territoriales autónomas indígena originario campesinas que también son responsables de resguardar la seguridad de los bolivianos. 

El Gobierno identificó tres aspectos fundamentales como: los delitos comunes, el crimen organizado y el narcotráfico que hacen que la inseguridad aumente entre la población boliviana.

Saúl Lara, exministro de Gobierno, señaló en entrevista con La Pública que en países europeos como Suiza, Suecia y Noruega, donde se han implementado políticas de seguridad ciudadana, se tiene un policía por cada 50 personas.  “Ése es el ideal, pero en Latinoamérica estamos hablando como media de un policía por 200 ciudadanos. En el caso del país tenemos un policía por 300 o 500 ciudadanos, dependiendo el lugar”.

La normativa  internacional señala que los países deben tener un policía por cada 250 habitantes. En Bolivia hay un efectivo por cada 304 personas; en 2005 había uno por cada 356 y en 2012 uno por cada 366. Este año, durante el acto de celebración del 188 aniversario de la Policía, Carlos Romero, entonces titular del Ministerio de Gobierno, señaló que “con las nuevas modificaciones el país se acerca a esos parámetros”.