No hay rastro ya de los "discas", como la propia gente con discapacidad se denominó, en las calles aledañas a la plaza Murillo de La Paz. Antes de marcharse todos, a principios de agosto, las personas en sillas de ruedas, con muletas, las madres de niños y niñas con discapacidad intelectual y con otro tipo de limitaciones, lavaron sus prendas y las dejaron secar en la plaza Wenceslao Monroy. Ahora que se han marchado, se podría pensar que su movilización de casi cuatro meses va a olvidarse. Pero quizás no: una de sus líderes, Rosmery Guarita, viajó a Ginebra para contar en plena sesión de las Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidad las penurias y la represión de que fueron víctimas por parte del Gobierno boliviano. El Comité para el tema de la ONU ha escuchado y, como informan los medios, lamenta los hechos “de violencia en contra de la integridad física y psicosocial de personas con discapacidad” de Bolivia, así como exige que el Estado pague una renta a ese sector y que los afectados por la represión policial obtengan reparaciones por parte del Gobierno". El plazo para la respuesta boliviana es de 12 meses. Habrá que ver cómo se lavan esta vez los trapitos sucios.