Patricia Tellería, activista integrante del Pacto Nacional por la despenalización del aborto
“Nos preocupa... la situación de las mujeres víctimas de violencia y “del crimen de violación”, por lo que (los obispos católicos) llamaron a la sociedad a apoyarlas para llevar una maternidad en el mejor modo posible". Así se informó el 12 de abril sobre el texto del pronunciamiento de los obispos. Hay que celebrar que al fin los obispos reconocen que la violación a las mujeres es un crimen, y si hay un crimen, entonces hay una víctima. Y si hay violación, entonces hay posibilidad de embarazo, y si hay embarazo, entonces es un embarazo no deseado, y si hay embarazo no deseado, entonces está el derecho de las mujeres a abortar o a no abortar, y ese derecho, bajo ninguna circunstancia podría ser un crimen.
Por otro lado, hay que condenar los constantes intentos de los obispos de pretender determinar qué es lo que debe hacer una mujer respecto a su vida reproductiva. Se preocupan los obispos de que frente a la violación llamen a la sociedad no a denunciar al agresor, no a defender el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, sino a que “lleven una maternidad en el mejor modo posible”; ¿perdóooon? El problema aquí no es la maternidad como tal, sino la violación y el que las mujeres hoy, SIGLO XXI siguen enfrentando barreras para poder acceder a servicios de aborto seguro en el país, si así lo deciden. Una barrera que aún persiste es que se cree que se sigue necesitando una orden judicial en caso de violación, incesto, estupro; pues ya no, ya no es necesaria esta orden (Sentencia Constitucional 0206/2014). Pretender generar ante este avance la objeción de conciencia como otra barrera es cuando menos aberrante.
Si bien es importante respetar el derecho a la objeción de conciencia, no se lo puede hacer sobre la base de la vulneración del derecho a la salud al que todos y todas las habitantes del país tenemos. El Estado boliviano, laico, debe garantizar que todos los establecimientos públicos de salud cuenten con la atención del aborto seguro, una atención integral de calidad y calidez a las mujeres, que incluya además la información sobre anticonceptivos como parte de la prevención de embarazos no deseados, y por supuesto su reconocimiento como sujetos de derecho. Ello quiere decir que si bien un establecimiento público de salud contará con médicos y médicas que tengan objeción de conciencia, debe garantizar que hay personal médico que sí atenderán los casos de aborto seguro, de tal manera que no vulneren el derecho de las mujeres que acudan en busca del servicio.
Señores obispos, muchas mujeres y hombres de nuestro país, creyentes y no creyentes, exigimos que se dediquen a su labor confesional y que se detengan en su criminal afán de restringir derechos a las mujeres. El ABC de los obispos debería ser: A=absténganse de inmiscuirse desde la religión en las políticas públicas del país; B=busquen respetar los derechos humanos; y C=condenen la violencia hacia las mujeres, no a las mujeres.
