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Los líderes mundiales adoptaron este lunes 18 de septiembre una declaración política en la que reconocen que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin un impulso masivo a la inversión necesaria para lograr transiciones energéticas, alimentarias y digitales justas y equitativas, y para transformar la educación y la protección social en los países en desarrollo.
El documento se selló durante la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene lugar hoy y mañana en la sede de la ONU en Nueva York en el marco del Segmento de Alto Nivel del Debate de la Asamblea General.
La declaración renueva el compromiso con la acción inmediata y colectiva para construir un mundo sostenible, inclusivo, próspero y resiliente en el que nadie quede atrás para 2030.
El foco del documento es la implementación y, sobre todo, el financiamiento al desarrollo, para el que urge a asignar 500.000 millones de dólares anuales.
Además, manifiesta un sólido respaldo a la reforma de la arquitectura financiera internacional para que refleje las necesidades del mundo actual.
“Apoyamos la reforma de las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo como clave para las inversiones a gran escala relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de abordar mejor los desafíos globales”, apunta la declaración.
Según los declarantes, la arquitectura financiera internacional, incluidos sus modelos de negocio y capacidades de financiamiento, “debe hacerse más adecuada a su propósito, equitativa y receptiva a las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo, para ampliar y fortalecer la voz y la participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones económicas internacionales, las normas entorno y la gobernanza económica global”.
El texto se pronuncia también por un mecanismo eficaz de alivio de la deuda y subraya la necesidad de establecer un financiamiento privado a tasas más asequibles para los países en desarrollo.
La declaración busca, asimismo, impulsar la inversión en la transición a las energías renovables, promover el acceso a internet para todos, crear 400 millones de empleos decentes y ampliar la protección social a más de cuatro millones de personas.
En 2015, los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron con los ODS, que incluyen poner fin a la pobreza extrema y el hambre, garantizar el acceso a agua potable y saneamiento, así como a energía verde, además de brindar educación universal de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas en plazo de 15 años.
La situación actual permite proyectar que únicamente el 15% llegarían a buen término, en tanto que algunos van revirtiendo los avances que habían conseguido.

Picota en mano, Alejandra Mamani golpea la tierra y la arrastra atrás, hacia sus pies, una y otra vez. Cuando se detiene, con una mano saca de entre la tierra las cabezas rojas de cebolla.

Es tiempo de cosecha. El tercer sábado de noviembre, ella recogió también habas y arvejas, para vender a los visitantes que llegaron a su comunidad como parte de la actividad agroturística que realiza con la Red Polinizar.

Alejandra Mamani revisa las cebollas que acaba de cosechar y que luego vendrá en la ciudad de La Paz.

A Mamani le toca regar sus sembradíos los miércoles. Lo hace por inundación con el agua que corre por los tubos que se extienden a lo largo de su parcela. Hace cinco años, a través de un proyecto, financiado por una ONG y el municipio, en algunas comunidades de Palca se instaló un sistema de riego.

Retamani fue una de las beneficiadas, ahora las familias agricultoras tienen días determinados para regar sus cultivos. A pesar de esa limitación y lo costoso de ese sistema de riego, David Quispe, esposo de Alejandra, se siente satisfecho con su producción agrícola.

Los pobladores de Retamani tienen garantizada la provisión de agua, pero deben respetar un cronograma para usarla en sus cultivos.

Durante nuestra visita, cosechó papa para usarla en la preparación del almuerzo que sirvieron a sus ocasionales visitantes. Antes de cocinarlas, las lavó con el agua cristalina que llega hasta su vivienda, gracias a su sistema de riego.

Retamani es una de las 69 comunidades que componen los tres distritos rurales del Municipio de Palca, ubicado a dos horas en auto de la plaza Murillo de La Paz. Su principal actividad productiva es la agricultura, le siguen la ganadería y la minería. Esta última es rechazada en algunas comunidades porque contamina sus fuentes de agua.

Retamani tiene 398 hectáreas de superficie. Es tierra fértil. Alejandra Mamani, con una sola toma de aire, nos cuenta que, además del ganado vacuno, producen arveja, haba, maíz, cebolla, papa, cebada. “Todo producimos. Fruta también: manzana, tuna, durazno, pera”, complementa.

– ¿Y de dónde viene el agua con la que riegan sus cultivos?

­- Directo baja del Mururata, responde Alejandra.

2060, ¿el punto crítico para el glaciar Mururata?

El Mururata es un glaciar ubicado en la Cordillera de Los Andes, está muy cercano al Illimani. Se está derritiendo más rápido que hace tres décadas, al igual que los otros que están en la misma cordillera. Según científicos bolivianos y extranjeros, es víctima del calentamiento global.

El glaciólogo Edson Ramírez, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, estima que los glaciares como el Illimani, Wayna Potosí, Tuni-Condoriri, Mururata y Sajama, han perdido un promedio del 40% de su cobertura de nieve en los últimos 30 años debido al incremento de la temperatura.

El cambio climático avanza y el Mururata podría perder su cobertura glaciar en 2061.

El estudio “Deshielo del nevado Mururata y su impacto sobre los recursos hídricos de la cuenca de Palca”, realizado por Ramírez en 2008, establece que tuvo un retroceso generalizado en el último medio siglo del 20,13% de su superficie.

En la conclusión de su estudio, el glaciólogo Ramírez señala que: “el hecho de que la superficie del nevado por encima de los 5.300 metros es todavía significativa, muestra que el nevado Mururata, si bien experimentará en la próxima décadas retroceso de sus frentes glaciares, éno desaparecerá”.

Este año, tras un análisis multitemporal hecho con imágenes del satélite Landsat, Jerzon Quisbert Parra, investigador de la carrera de Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés, afirmó que hasta el año 2061 la cobertura glaciar del nevado de Mururata podría perderse totalmente.

El experto analizó el comportamiento glaciar a través de la obtención de imágenes Landsat de los años 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2014 y 2018. La investigación tuvo como herramientas a la Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG), con las que se obtuvo información cuantitativa y grafica del análisis multitemporal.

El Mururata cuenta con una altitud de 5.750 metros sobre el nivel del mar y la distribución espacial del glaciar es la siguiente: Yanacachi con un 57%, Palca con un 22%, e Irupana con un 21%.

Según el estudio, el área glaciar perteneciente al municipio de Irupana fue el más afectado, con una pérdida del 60,5%, en el municipio de Palca fue el segundo más afectado perdiendo 44,8% de su área glaciar y, por último, el municipio de Yanacachi con 25,6% de pérdida glaciar.

El periodo de mayor pérdida glaciar ocurrió a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, según Quisbert.

Adaptación, represas y cosecha de agua

El agricultor David Quispe ha percibido que en Retamani, donde tiene sus cultivos, hay más agua que antes. Cree que es porque el Mururata se está derritiendo “más que antes”.

“Hay épocas en que mucha agua suelta, más que todo cuando hace mucho calor”, explica. Sabe que el cambio climático es el problema. A él, como a otras familias de su comunidad, ya les han hecho conocer que el glaciar está desapareciendo.

Los pobladores han buscado las mejores alternativas para aprovechar el agua que llega del Mururata en sus cultivos.

Para Quispe una alternativa es construir pequeñas represas para colectar el agua de la lluvia.

Su vecina Dora Tola Pugro, de la comunidad Choquecota, donde el agua del Mururata llega sin pausa porque está ubicada en las faldas de ese cerro, piensa que “de aquí a 10 años, se va a perder esa agua”.

“Nosotros, en el municipio, pensamos hacer unas represas para captar el agua de la lluvia. Eso es para harta plata, estamos buscando proyectos de la Gobernación (de La Paz)”, dice contundente.

Consultamos al ministro de Medio Ambiente, Juan Santos Cruz, sobre la estrategia o plan de adaptación al cambio climático del gobierno, respondió que si hay un plan que se está ejecutando.

“Tenemos varios ejes. El cambio climático está generando eventos climáticos en diferentes regiones del país durante el año. En el oriente del país, tenemos época fuerte de sequías e incendios que ya hemos controlado con Defensa Civil”, aseguró.

En tanto en la región andina, “las sequías y la granizada provocan desastres que perjudican la producción agrícola”. “Estamos iniciando una época de intensas lluvias, se vienen las inundaciones, pero vamos anticiparnos de manera responsable”, dijo.

Cinco municipios de la metrópoli del departamento paceño son vulnerables, en diferentes niveles, a las sequías, inundaciones por efecto de las lluvias, heladas, entre otros. Achocalla, Mecapaca y Palca aseguran que incluirán su plan contra el cambio climático en sus PTDIs en 2022. Mientras El Alto implementó su plan 2021, La Paz tiene uno hasta el 2026 que apunta más a la mitigación.

El segundo conversatorio de Planeta Bolivia reunió a expertos en el tema agua. De las ricas reflexiones surgidas, compartimos aquí siete medidas urgentes que los bolivianos debemos encarar de aquí en más si queremos precautelar uno de los recursos naturales más preciados.

Diego Pacheco, jefe alterno de la delegación boliviana en la Conferencia sobre Cambio Climático, explica los tres objetivos que como país se prevé alcanzar y que tienen que ver con agua, energía y bosques y agricultura. 

El Parlamento de los Jóvenes por el Agua comprometió la movilización de sus integrantes en el mundo, incluyendo a los jóvenes indígenas, para estar preparados ante la crisis del líquido que, como señaló por ejemplo el Banco Mundial, es imprescindible no sólo para el consumo, sino para pensar en energías renovables que requieren de su existencia en abundancia.

Entre noviembre de 1999 y abril de 2000 la ciudad de Cochabamba vivió una de las luchas sociales más emblemáticas de la historia boliviana reciente: la Guerra del Agua. El conflicto se inició en el gobierno de Hugo Bánzer, como respuesta a su intento de privatizar los servicios de suministro del agua, y concluyó con la expulsión del país del consorcio Aguas del Tunari, liderado por la multinacional Bechtel Groups. Quince años después, el acceso al agua en la ciudad jardín de Bolivia es restringido y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) no ha podido solucionar las serias limitaciones, especialmente en esta época del año. Estas últimas semanas, por ejemplo, algunas Unidades Educativas de zonas periféricas se quedaron sin la provisión.