Claudia Terán, es coordinadora del Programa Defensoras Defensores de Derechos de Unitas. La entrevistamos al término del Foro sobre Institucionalidad organizado por la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad donde participaron cinco candidatos a legisladores dando a conocer sus propuestas sobre el sistema judicial, autonomías y derechos humanos.
Resalta que las violaciones a los derechos fundamentales aumentaron en 2024 con relación a la gestión anterior, según el monitoreo que realiza el Observatorio de Defensoras Defensores de Derechos que monitorea las libertades fundamentales y derechos. Registraron 915 derechos vulnerados: 595 referidos a la institucionalidad democrática, 150 a la libertad de prensa, 95 sobre libertad de reunión y protesta, 93 a los derechos de los defensores, 34 a la libertad de expresión y 18 a la libertad de asociación.
Lamenta que los candidatos – Juan del Granado (Alianza Unidad), William Bascopé (APB-Súmate), Milan Berna (MAS), Andrés Huanca (Alianza Popular) y Ana Crispín (PDC) – que participaron en el foro “no tengan nada que ofrecer” sobre derechos humanos y menos sobre las libertades fundamentales: La libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de asociación, el acceso a la información y el derecho a defender derechos.
CT: Cada vez tenemos más registros de ataques, agresiones y hostigamiento a defensores, no solo a personas, también a comunidades y organizaciones defensoras. La criminalización es una forma muy efectiva en contra de quien ejerce defensa de derechos. Hay casos desde el ámbito penal, pero también procesos administrativos que van deteriorando a los defensores, sobre todo a las mujeres defensoras.
DC: En el informe de 2024, se establece que ha habido un incremento de 82% de ataques y agresiones contra defensores respecto del año anterior, que eran como 50 casos. El énfasis ha sido en la criminalización, pero además hay una ausencia casi absoluta del Estado en temas de protección de derechos.
LP: Frente a esta situación, ¿qué demanda la sociedad civil?
CT: El Estado y sus instituciones están llamadas a hacer cumplir estas libertades fundamentales que son derechos reconocidos por estándares internacionales. Entonces, los defensores y defensoras piden poder desarrollar su labor con libertad. Hay varias recomendaciones hechas por organismos internacionales para que Bolivia establezca mecanismos de protección efectivos para defensores y periodistas, porque hacen una labor de promoción de derechos, (los periodistas) son también defensores. En Bolivia no existe ningún mecanismo de lucha contra la impunidad o que garantice algún tipo de protección. Es una medida inmediata que el Estado debería realizar.
CT: Se plantea una instancia del Estado con participación de la sociedad civil que –de manera integral y preventiva– pueda generar mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras en riesgo.
CT: En nuestro país hay muchas normas y Bolivia ha sido de los primeros estados en ratificar y promoverlas como el Acuerdo Escazú, que es muy interesante en contenido, pero que no se están cumpliendo.
CT: Desde la sociedad civil tenemos una propuesta. Planteamos una política pública integral, necesaria y urgente. (…) Eso tiene que ver con el sistema educativo, el Órgano Judicial, la Fiscalía, porque cuando un defensor o defensora denuncia una agresión o un delito en su contra se lo tramita como un delito más, cuando hay estándares que plantean que –si un defensor o una defensora es víctima de un delito– hay que establecer ciertos mecanismos específicos de investigación. No sabemos si el Estado todavía está listo, pero hay que comenzar. Y desde la sociedad civil estamos haciendo propuestas.
CT: Las preguntas que hemos planteado son resultado de un proceso, las hemos enfocado en la problemática con datos y hemos revisado también los planes de gobierno. Y es coincidente, no hay propuestas (de los candidatos). Hay mención en algún caso a la libertad de expresión, pero no hay propuestas sobre las libertades fundamentales. Las dan por hecho, por sobreentendidas.
Aquí, en el foro, como sociedad civil no encuentro que hayan respondido a nuestras preocupaciones, ni siquiera las de derechos humanos, pero menos –específicamente– a las libertades fundamentales y mucho menos a las que tienen que ver con el derecho a defender derechos.
Este tipo de acercamientos con los candidatos ayuda a ver qué es lo que tienen (que ofrecer) y no tienen nada. Y es absolutamente fundamental hablar de libertades fundamentales. (Este) es un proceso de elección nacional y no encontramos que haya propuestas concretas al respecto.
Igual en el tema de la justicia –que está muy vinculado a la impunidad– cuando hablamos de libertades fundamentales pareciera que todo se solucionaría si se cambia el modo de elección de las autoridades (judiciales). Y el sistema de justicia tiene una crisis profunda que tiene que ver con lo presupuestal, con la capacitación, con los mecanismos y los procedimientos. Es mucho más profundo.
CT: Puede ser un paso interesante, intermedio, la construcción participativa de un plan nacional de derechos humanos que no lo hay hace varios años, más de cinco probablemente. (El plan) debería contener la agenda del país en temas de derechos humanos, así como se habla del derecho a la educación o el derecho a la identidad estarán las libertades fundamentales o todos los temas urgentes en materia de derechos humanos, con acciones de política pública. Eso tomará tiempo, pero con eso se podría empezar. Y en cuestión de libertades fundamentales: con una ley de acceso a la información. Y un mecanismo de protección para defensores de derechos.
CT: Es que no hay ningún mecanismo, norma o acción para proteger a mujeres defensoras que están peleando día a día contra todo el sistema. Yo siempre relevo el rol de las mujeres cuando hablamos de defensa de derechos y de libertades fundamentales.
Defender derechos siendo mujeres –si ya defender derechos es difícil o ser periodista en estas complicaciones– hacerlo desde un rol de mujer es mucho más complejo. Entonces, creo que eso siempre hay que hablarlo con sus particularidades, relevando la labor que hacen las mujeres en este sector.
Claudia Terán, coordinadora del Programa Defensoras Defensores de Derechos de Unitas. Foto: Miriam Jemio
Entre decenas de indígenas, Lorenza Rivera Viera, de 62 años, destacó por su vitalidad durante los 500 kilómetros que recorrió a pie en los 30 días que duró la X Marcha de los Pueblos Indígenas en defensa de la Chiquitanía realizada entre septiembre y octubre de 2019.
Lorenza llegó con su familia a San Ignacio de Velasco, desde su natal San Nicolás del Cerrito, el día que partió la marcha, el 16 de septiembre de 2016, y no claudicó hasta alcanzar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para hacer oír sus demandas.
Ni el inclemente sol ni las ampollas en sus pies por las cinco horas diarias de caminata le hicieron abandonar su fortaleza. Lorenza caminaba diariamente en la mitad de la columna de los más de 150 marchistas junto a otras mujeres, ancianos y niños.
Los marchistas exigían al Gobierno de Evo Morales la declaratoria de desastre nacional por los incendios y la abrogación de la Ley 741 y del Decreto Supremo 3973 que autorizan los desmontes, quemas y en contra de nuevos asentamientos en su territorio, demandas que hasta la fecha no han sido atendidas.
Pero los indígenas tienen otras necesidades no atendidas. Por ejemplo, en la comunidad de Lorenza, San Nicolás del Cerrito, no tienen luz eléctrica, el agua la obtienen a través de una bomba manual que extrae el líquido desde un pozo profundo, en eso días no llegaba la señal de ninguna de las empresas de telefonía móvil.
“Los mensajes llegan y salen solo cuando alguien va o retorna a la comunidad más cercana, Mercedes de Soliz, ubicada a seis horas de San Ignacio de Velasco, en notas en un trozo de papel o a viva voz”, contó la indígena. Su comunidad no cuenta con servicio de transporte público, usa los pocos vehículos de algunos de los pobladores de la zona que transportan insumos.
Otras comunidades tienen las mismas carencias; además, han sido avasalladas por colonos de otras zonas y los incendios han afectado sus medios de vida.
En la marcha, las mujeres y niños, acompañaron la caminata con sus risas, llantos, canciones e inocencia. A lo largo de los 500 kilómetros, no faltó la música con instrumentos autóctonos de la región chiquitana, en los lugares de descanso se hizo comida típica de la región, se durmió en tinglados, conventos de jesuitas, como a la orilla de las carreteras.
El 16 de octubre, llegaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los indígenas fueron recibidos con una banda marcial, pasaron por el Cristo Redentor antes de llegar a la plaza “24 de Septiembre”, allí los dirigentes indígenas de tierras bajas hicieron conocer los graves problemas que enfrentan en sus territorios y que todavía no han sido resueltos.
Con las mismas demandas y otras nuevas, hoy los indígenas de tierras bajas nuevamente están marchando, está vez la Gran Marcha Indígena partió hace 24 días de la ciudad de Trinidad y esperan llegar a la urbe cruceña la siguiente semana.
Las nuevas tecnologías de la información han transformado la forma en que nos relacionamos con el mundo e impulsan una verdadera evolución en la manera en que la ciudadanía puede potenciar su voz. Ante este desafiante contexto, urge que organizaciones de la sociedad civil se empapen de las lógicas y las posibilidades que se mueven en la era digital. No sólo se trata de conocer las herramientas, sino de pensar en digital y comprender que el trabajo colaborativo es clave para desarrollar un trabajo que tenga verdadero impacto social.
La Pública lanza el Acelerador de Comunicación Digital para la Incidencia Social con el objetivo de apoyar a organizaciones de la socedad civil que trabajan temáticas relacionadas a los Derechos Humanos a mejorar sus procesos comunicacionales en el ámbito digital.
El quimsacharaña se vende libremente en la ciudad de La Paz como elemento correctivo para los niños malcriados, como se vio y escuchó en la feria de Alasita. La Constitución y el Código Niño, Niña, Adolescente, que prohíben el castigo corporal, se quedan en la pura letra.
Abandonados por sus padres, hay leyes que garantizan a niños, niñas y adolescentes su derecho a vivir en familia. La realidad para miles de ellos, sin embargo, es que crecen encerrados en “hogares” que no son sino fríos y hasta peligrosos orfanatos.
¿Recuerda lo sucedido con el bebé Alexander en 2014? Testimonios de huérfanos que crecieron en centros de acogida, afirman que ese caso no es una excepción sino la prueba de la violencia con que se trata a los menores “institucionalizados”.
Las adopciones son la única respuesta aceptable, afirman personas e instituciones que trabajan para evitar que el maltrato, inevitable para una persona obligada a vivir sin amor, haga mella. La burocracia estatal frena esa respuesta.
El 17 de Julio de 2014 se puso en vigencia el nuevo Código Niño, Niña, Adolescente (Ley 548) en Bolivia. Aunque en términos legales los avances son significativos, al momento de aplicar la norma es que la burocracia toma protagonismo.
Marcia Torrico y Sofía (la niña que crió desde sus primeros meses) y su traumática separación, son tan solo un ejemplo de las miles de historias en las que los más afectados son los infantes. Privados de sus derechos, los niños que viven en abandono, además deben lidiar con todo tipo de trabas legales.
Hasta 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 42% de la población boliviana tenía menos de 18 años. De ese porcentaje, en un informe de la UNICEF de 2012, se asegura que al menos unos 20 mil viven en situación de abandono, muchos de ellos hacinados en hogares y albergues. La misma organización aseguró en 2014 que este número podría llegar hasta los 32 mil.
La mayoría de los niños "institucionalizados" tiene entre 7 y 18 años. Este último dato resulta particularmente relevante, pues la experiencia de organizaciones como Infante muestra que las parejas o personas que adoptan prefieren a recién nacidos o pequeños con pocos años de vida. A pesar de que la ley 548 promueve la adopción de niños mayores de 4 años, entre otros y tomando en cuenta que los lugares de acogida deberían buscar la inserción de niños y niñas en un hogar y una familia, el 60% de ellos que vive en centros de manera permanente, marcando la pauta sobre el mal funcionamiento de los procesos legales que buscan restituir su derecho a la familia.
A pesar de que es de conocimiento general que las casas de acogida privadas funcionan desde siempre, recién en este año existe en La Paz una norma que regula su funcionamiento. Una situación que pone en peligro la integridad física y psicológica de los pequeños.
Sin embargo, al momento sólo se conoce de un centro con acreditación oficial, el resto funciona fuera de norma. A esta informalidad se suman el hacinamiento, la falta de personal y recursos en los Hogares administrados por el SEDEGES. Es la tragedia a la que se enfrentan los menores que no cuentan con una familia.
Dudas muy graves se ciernen sobre las adopciones de niños, niñas y adolescentes en Santa Cruz. El propio directorio de la entidad creada en los años 60 ha solicitado una auditoría, pues se teme que haya habido discriminación a la hora de aprobar solicitudes, e incluso trata.
Los expedientes de varios casos están siendo revisados y la alerta está encendida. Una vez más, las principales víctimas son niños y menores de edad que de repente se ven envueltos en todo tipo de chicanas legales.
Celia Jordán tiene un hijo de vientre y dos de corazón. Su familia es un botón de esperanza en un panorama tan agreste. Además, su vocación solidaria la impulsa a seguir trabajando por brindar a más niños una familia con la que compartir sus días.
Ella trabaja desde la Red Por mi Derecho a Tener Una Familia y es una convencida de que ninguna persona debería crecer en un orfanato. Por eso, desde 2009, impulsa las adopciones como única salida para librar del abandono a la infancia.
Amparados por el sol otoñal de Potosí, que da calidez al patio de la casa de retiros de San Juan de Dios, Rubén Mamani, Miguel Mamani, Lidia Aguilar y María Yolanda Delgado reflexionan sobre las reivindicaciones fundamentales para las personas con discapacidad. Ellos todavía se autodenominan así, a pesar de que poco a poco el sector está adoptando el concepto de “diversidad funcional".
El 30 de julio de 2015 tuvo una mañana negra para la familia Copaga. El hijo único de los esposos Néstor y Eugenia sufría una agresión que lo dejó inconsciente hasta el día de hoy. En los últimos días, galenos del Hospital Néstor Kirchner en Buenos Aires, Argentina, dieron a conocer un informe que asegura que los daños neurológicos en el estudiante de agronomía y dirigente universitario son irreversibles. El futuro de este joven de 24 años es incierto. La Pública te invita a conocer más del caso en la siguiente cronología.
Cualquier funcionario debe atender correctamente a una ciudadana o un ciudadano. Una persona puede esperar que el trato sea aún más cuidadoso cuando va a denunciar una violación. Testimonios y declaraciones de cargos públicos demuestran que sucede lo contrario.
Tras la audiencia cautelar en la que el juez decide si el o los acusados por la víctima se defenderán en libertad o privados de de ella, comienza el período probatorio: aquel en el que se acopian las pruebas y se hacen peritajes, y que dura unos seis meses. Después, y teniendo en cuenta que la Ley 348 establece la celeridad como unos de los principios procesales para casos de violencia contra mujeres, debe empezar el juicio. En teoría.
Poner una denuncia por violencia sexual es sólo el primer paso de un largo vía crucis que recorren muchas mujeres en el país. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), 7 de cada diez mujeres bolivianas son víctimas de abuso en algún momento de su vida.
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