Domingo, 10 Abril 2016 18:49

Restaurar antes que castigar, el desafío de la justicia para adolescentes

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Estigmatizar a la persona por su edad es un grave error, dicen los expertos. Los datos que brinda el centro de rehabilitación de Qalaúma ayudan a entender las variables del problema de la delincuencia entre los adolescentes; por ejemplo, el 55% de los internos no estaba en el colegio; 36% de ellos tiene algún familiar que está -o estuvo- privado de libertad y casi la totalidad proviene de familias de bajos recursos, con una tasa alta de adolescentes en situación de calle, es decir, abandonados por la familia, la sociedad y las políticas públicas.

Javier Badani / La Paz

La privación de libertad para adolescentes se ha convertido en política social más que ser una respuesta clara y eficiente del Estado. Hay una expansión del uso de lo penal para resolver problemas que, en realidad, corresponden al ámbito social, económico y político. Y así, lo único que se hace es penalizar la pobreza. Ello explica que hace poco más de dos años Bolivia alcanzó la tasa más alta de presos sin condena en la región con el 85% sobre el total de la población carcelaria y la tercera tasa más alta de hacinamiento carcelario (con el 295%) sobre el total de las capacidades instaladas en los recintos carcelarios del país, como señala un estudio de 2015 de Fundación Construir.

Así de contundentes fueron los conceptos que surgieron en el conversatorio “Avances y desafíos del sistema penal para adolescentes”, organizado la primera semana de abril por el Ministerio de Justicia.

A pesar de que Bolivia cuenta con un Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) que es considerado como una de las normativas más avanzadas del continente en la materia, el sistema de justicia para adolescente no ha logrado transitar de la lógica punitiva hacia un enfoque restaurativo. Esto implica: 1) comprender las razones por las que los y las adolescentes entran en conflicto con la ley; 2) la consolidación de un Sistema Especializado de Justicia para Adolescentes en Conflicto con la Ley que promueva la aplicación de medidas socioeducativas y no así privativas de libertad.

Para comprender mejor es necesario explicar que la justicia penal convencional se basa en su carácter retributivo: busca un culpable para luego sancionarlo con una pena. El sistema restaurativo, en cambio, tiene como foco las necesidades de las víctimas y de los responsables del delito para trabajar de forma conjunta en la reparación del daño, sin que el eje fundamental sea el castigo sino la reconciliación y la reintegración social del adolescente. En el caso de delitos en los que el daño se pueda reparar, por ejemplo aquellos de contenido patrimonial como el robo, se  prevé la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, bajo el acompañamiento de servicios sociales. Esto no exime a ofensores adolescentes que han cometido delitos graves de ser recluidos en centros especiales. Pero se trata de espacios donde se promueve un trato especializado y basado en las necesidades y derechos de las y los adolescentes.

Si bien el CNNA incorpora la filosofía del sistema restaurativo y desde el Ministerio de Justicia se vienen impulsando diversas políticas y acciones de implementación, aún no se ha logrado empapar este nuevo enfoque a otras instancias estatales. Claro ejemplo es la propuesta surgida desde el Ministerio de Gobierno de bajar la edad de imputabilidad penal, que hoy está situada en los 18 años. Para Emilio García Méndez, de aplicarse, esa decisión significaría un grave retroceso. Para el doctor en Derecho y especialista en derechos de la niñez y adolescencia y justicia penal juvenil en América Latina, las experiencias internacionales que castigan a adolescentes como si fueran adultos no han mostrado reducir los índices de delitos. “De hecho han sido negativas y han mostrado aumentar la violencia de estos adolescentes al momento de salir del sistema. La solución no es aumentar los tipos penales y las penas. Es necesario sobrepasar la lógica punitiva. Para que un sistema penal funcione debe existir medias alternativas de privación de libertad”.

Bolivia es signatario de los principales instrumentos de Derechos Humanos, por ello para las resulta paradójico que pese a contar con una legislación de avanzada y este cúmulo de lecciones tras más de una década en la que la mirada punitiva no ha logrado reducir el problema del delito, ahora nuevamente se analice la posibilidad de modificar la edad de imputabilidad penal sin antes profundizar las respuestas respeto a las razones por las cuales los y las adolescentes cometen delitos.

Para la asambleísta nacional, Adriana Salvatierra, lo que hay es una estigmatización peligrosa sobre la condición de ser adolescente. “Ser joven no es condicionante de criminalidad. No podemos caer en extremos como en Brasil, donde los debates en torno a la baja en la edad de imputabilidad derivaron en discursos fascistas que señalaban que el delincuente nacía, no se hacía”. La legisladora considera que la mirada del Estado debe estar centrada en atacar la raíz del problema, ofreciendo alternativas claras a los adolescentes para su desarrollo.

El problema del delito es multidimensional, porque obedece a múltiples factores principalmente las brechas sociales, sin embargo la política criminal y el sistema de administración de justicia penal no han logrado dar una respuesta acorde a estos desafíos. Los escasos estudios existentes sobre el delito en la población adolescente exponen un historial de violencia, abandono, y carencias.

En esa línea, Roberto Simoncelli, de Progetto Mondo, sostiene que el Estado debe pasar de la lógica penal y punitiva a un sistema dedicado a generar bienestar social y donde se promueva la corresponsabilidad y la convivencia social. “Meter más adolescentes a la cárcel no es solución, pues –mezclados con la población adulta- saldrán de prisión con una capacidad de delinquir que lo único que hará será incidir en mayor inseguridad ciudadana. El sistema penal crea reincidencias y reproducción de delitos”. El experto explica que en los países donde se aplica la justicia penal tradicional en adolescentes se presentan los más altos índices de reincidencia. Por ejemplo, en EEUU donde la reincidencia alcanza el 50% y Brasil, con un 80%. En países que aplican el sistema restaurativo el porcentaje, en promedio, no pasa el 30%.

En Bolivia uno de los ejemplos de las ventajas de este sistema se puede apreciar en el centro de reinserción social para jóvenes con responsabilidad penal de Qalauma, en La Paz. El centro tiene la tasa de reincidencia más baja del país, con un 7% aproximadamente, según aseguró a la agencia ANF Ricardo Giavarini, representante de la Pastoral Penitenciaria. Esta cifra difiere en gran medida del promedio de penales del país, donde la tasa de reincidencia alcanza el 80%.

El ejemplo de Qalauma sirve, además, para analizar las causas sociales y económicas que llevan a los adolescentes a delinquir. Por ejemplo, que el 55% de los internos en el centro no estaba en el colegio antes de ingresar al centro. O que el 36% de ellos tiene algún familiar que está -o estuvo- privado de libertad. Casi la totalidad proviene de familias de bajos recursos, con una tasa alta de adolescentes en situación de calle; abandonados por la familia, la sociedad y las políticas públicas.

“No cabe duda que Bolivia ha iniciado con buen pie el cambio de lógica de justicia juvenil, pues tiene una norma de lujo para América Latina. Ahora sólo resta que el resto de las instancias estatales pasen del papel a la acción, quizás la tarea más desafiante”, sentencia el experto Emilio García Méndez.

Ver también un spot de la campaña "No a la baja" que se hizo en Uruguay:

Defensoría señala deficiencias en los centros de detención

El Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) estipula que los Gobiernos Autónomos Departamentales son responsables de la creación y administración de los centros especializados para adolescentes en conflicto con la ley, así como de los programas y servicios destinados a la realización de la justicia restaurativa. Sin embargo, un informe publicado por la Defensoría del Pueblo, en abril, apunta a la existencia de deficiencias en esta labor.

El “Informe-verificación defensorial a centros de detención para adolescentes en conflicto con la Ley” señala, asimismo, que el proceso de implementación del sistema penal para adolescentes –previsto en el CNNA- “ha sido lenta e ineficiente, y la situación de los adolescentes privados de libertad no ha mejorado, por el contrario, las condiciones han bajado en cuanto a calidad y no se han implementado efectivamente las medidas alternativas planteadas en el marco de la justicia restaurativa en la que se funda este Sistema”.

La verificación se realizó entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 e incluyó 20 centros ubicados en los nueve departamentos del país. Entre los datos que se presentan este informe se destaca que en los 20 centros visitados, se hallan recluidos un total de 480 adolescentes, de los cuales 440 son varones y 40 mujeres. El 37% (176 personas) se encuentran en Santa Cruz, el 21% en Cochabamba y el 11% en La Paz. El 29% tiene entre 13 y 15 años y el 71% tienen entre 16 y 19 años. Hay 4 de 13 años y 26 de 14 años.

Del total de adolescentes privados de libertad, entre hombres y mujeres, el 60% están en calidad de detenidos preventivos, mientras que el 40% tiene sentencia.

El 37% de los casos por los que están detenidos las y los adolescentes está referido a robos, el 34% a delitos sexuales, el 20% a delitos contra la vida y la integridad y el 6% a casos de narcotráfico. “Llama la atención que se encuentren privados de libertad adolescentes acusados de delitos como ‘amenazas’, ‘asociación delictuosa’ o ‘destrucción de bienes del Estado’, se lee en el informe.

Conclusiones del informe

  1. Las gobernaciones no han asumido su responsabilidad dentro del Sistema Penal para adolescentes establecido en la ley 548.   No existen políticas departamentales ni planes referidos a esta población.
  2. No existe ningún   programa con modelo socioeducativo restaurativo que se esté implementando de forma real en los centros dependientes de las Gobernaciones.
  3. A pesar de identificar los tipos de Violación, Robo Agravado y Homicidio como los delitos con más incidencia en la población privada de libertad, no se implementa ningún tipo de terapia especializada que permita la rehabilitación de los adolescentes y su posterior reinserción social.
  4. Seis centros son casas o infraestructuras habilitadas para la atención de esta población, sin tener los requerimientos o condiciones mínimas para garantizar un efectivo proceso de reinserción social.
  5. El presupuesto asignado a estos centros es totalmente insuficiente, no permite la implementación de programas de reinserción, terapias ocupacionales o formación técnica.
  6. El   personal   asignado   a   los   centros   es   completamente   insuficiente,   la   cantidad   de adolescentes bajo su responsabilidad supera el máximo admisible, no existen los suficientes profesionales en psicología o trabajo social que permitan un acompañamiento individualizado.
  7. No existe un sistema de clasificación efectiva, las poblaciones están mezcladas independientemente del delito cometido o de la situación procesal en que se encuentren.
  8. Las jueces de Niñez y Adolescencia no visitan periódicamente los Centros de Detención preventiva ni los Abogados de Defensa Pública. Existe ausencia de Representantes de las Defensorías Municipales de Niñez y Adolescencia cuando son aprendidos los adolescentes, siendo que el Código Niña, Niño y Adolescente en su artículo 274   establece que todo adolescente con responsabilidad penal, deberá ser asistida por una abogada del Estado, y por el equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

 

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