A seis años de Ley 045 contra toda forma de racismo y discriminación, los mecanismos para denunciar discriminación aún no están instalados en Santa Cruz. El proceso es burocrático. De cada 10 denuncias admitidas, 1 es resuelta. Denunciar por la vía penal toma 2 años en promedio de acuerdo a los prejuicios de los operadores de justica y cuesta al menos USD 700. Al no funcionar el ente regulador, el trabajo recae sobre organizaciones sociales. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos recibe al menos 10 casos diarios de denuncias contra operadores de justicia por discriminación. La discriminación persiste en sectores tradicionalmente vulnerados, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. La ley tiene un valor en el discurso pero tiene pendiente su alcance operativo, dicen organizaciones civiles y académicos.
*Contenido trabajado por Fabiola Gutiérrez en el marco del Módulo de Producción de Diarios y Revistas a cargo de Tuffí Aré como parte de la Maestría en Comunicación periodística de la UNESCO y la Universidad Evangélica Boliviana. Publicado también en el suplemento Séptimo Día de El Deber el 30/10/16.
Hoy, 12 de abril, se celebra una audiencia del caso de Veruska contra los primos Esteban y Gustavo Monje, quienes están acusados de haberla violado en un alojamiento de Santa Cruz la madrugada del 7 de junio de 2014. El juicio comenzó el 23 de marzo. La alteración del video, prueba clave en el caso, generó desde un tuitazo al Ministerio de Justicia y otras instancias del Estado hasta que la anterior audiencia se llenara la sala. Ésta es una cronología del caso que lleva casi dos años esperando sentencia y que ha desnudado algunos de los vicios de la Justicia que ponen en tela de juicio la eficacia de la Ley 348 que debe garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Gemma Candela con aportes de Mercedes Fernández / Santa Cruz
El mismo día de la madrugada en que Esteban Monje Castro y Gustavo Monja Burga salieron del alojamiento Tía Martha esposados por dos policías, y Veruska lo hizo un rato después acompañada ya de su madre y su tío, a los que se había alertado sobre que algo grave le había pasado, la fiscal Alejandra Ávalos presentó una acusación por violación agravada ante el juez onceavo de instrucción cautelar de Santa Cruz contra los Monje, que son primos. Era el 7 de junio de 2014.
En Bolivia hay una Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia o Ley 348 que estipula, entre otras cuestiones, que las mujeres no deben ser revictimizadas y que la celeridad ha de regir estos procesos judiciales. Veruska ha sufrido lo primero y no ha disfrutado de lo segundo: el juicio como tal empezó el 23 de marzo de 2016. Antes, todas las audiencias que hubo, y de las que ni madre ni hija llevan ya la cuenta exacta, fueron solicitadas por los primos para pedir su cesación de libertad preventiva.
La última audiencia, el 6 de abril, no llegó a celebrarse: el abogado de Gustavo no acudió porque, indicó el acusado, sufrió un accidente de tráfico. Aquella mañana la sala estaba más llena que en cualquier otra sesión del proceso: había varias trabajadoras de la Defensoría de la Niñez, incluyendo a su máxima cabeza, Rossi Valencia; parte de la directiva del Comité Cívico Femenino; medios de comunicación; familiares de los imputados; abogadas de la Casa de la Mujer, que también están apoyando a Veruska, y, cómo no, el grupo ciudadano que viene siguiendo el caso desde junio. Quizá la indignación había crecido tras la anterior audiencia, cuando se mostró la prueba clave, que ha existido desde el principio: el video captado por las cámaras de seguridad del alojamiento Tía Martha. Las imágenes fueron difundidas en junio de 2014 por el canal PAT y en ellas se ve a los dos primos entrando con Veruska, quien es alzada por Esteban pues no puede tenerse en pie.
Los primos han argumentado que llevaron a la chica al alojamiento para que descansara y no apareciera en su casa en estado de embriaguez. Sin embargo, el examen médico forense muestra que hubo violación.
Esta imagen corresponde a una de las páginas del acto conclusivo de acusación presentado por la fiscal Alejandra Ávalos el 8 de junio de 2014, que se encuentra dentro del expediente del caso.
La recepcionista, Yenny Roxana Pérez Chamo, declaró en junio de 2014 que Gustavo también entró a la habitación después de que saliera Esteban y que estuvo allí entre 10 y 15 minutos. En la etapa de juicio ha indicado que ella lo acompañó hasta la habitación y que entraron los dos unos momentos y se fueron.
Hay algo más que huele raro: en la hoja de registro del alojamiento (ver foto) Esteban se registró como estudiante, cuando es enfermero, y procedente del Beni, siendo cruceño:
Fotografía del registro de Esteban Monje en el alojamiento Tía Martha, ubicado en la calle Sandía, 230. Esta información se encuentra dentro del expediente del caso.
Hoy, 12 de abril. a las 15.00 hay otra audiencia de este caso en el Tribunal Noveno de Justicia Penal, en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
Lee aquí una cronología de esta historia todavía sin final:
El Índice de Cultura Ciudadana apenas ha cambiado entre los años 2013 y 2015: la población cruceña valora mucho los buenos hábitos en espacios públicos; pero los practica poco. Ciudadanos y Alcaldía se lavan las manos en cuanto a responsabilidades.
El municipio cruceño admite que la formación ciudadana no es cosa suya, mientras la sociedad civil presenta propuestas y la corriente mundial recomienda trabajar en ella para reducir violencia e inseguridad.
Si la formación ciudadana es la hijastra del presupuesto cruceño, entonces sus privilegiadas hermanastras son la ambientación navideña, las fuentes de agua multidistritales, las gestiones por la visita del Papa Francisco, la publicidad en medios digitales, la producciones audiovisuales y la organización de eventos.
Santa Cruz tiene la mayor cantidad de actividades de arte respecto del resto del país, incluso de La Paz, opina el artista visual Eduardo Ribera, criado en La Hoyada y residente los últimos años en la capital cruceña, donde dirige el Museo de Arte Contemporáneo. Este año, ciertamente, han aparecido nuevos centros culturales, pero uno dejó de existir y los míticos jueves de Calleja también han pasado, al menos de momento, a la historia. Lo que todavía está pendiente es la formación de público, de tal manera que todo cuanto se proponga encuentre eco, dice.
Están cerca de las oficinas consulares, de los servicios de identificación y de casi cualquier administración pública. Es fácil encontrarlos alrededor del Palacio de Justicia de Santa Cruz e identificarlos: en general son de la tercera edad o, al menos, cuarentones. Resuelven dudas sobre procesos y papeleos, acompañan a quien necesita guía para gestiones legales y realizan trámites por alguien más. Incluso hacen de garantes y testigos. Son los tramitadores, cuentapropistas que la justicia mira de reojo.