Sábado, 13 Septiembre 2014 16:59

4. ¿Qué instancias estatales están llamadas a actuar?

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La Ley 348 identifica claramente a las instancias encargadas de desplegar acciones que garanticen la vida libre de violencia a las mujeres en Bolivia.

Desde el Gobierno central

El Ministerio de Justicia es la entidad responsable de coordinar la realización de políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Tiene a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género.

El Ministerio de Justicia creará Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, que tiene obligatoriedad de atender a mujeres en situación de violencia al igual que el Servicio Plurinacional de Defensa a las Víctimas.

Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima

Es una institución pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Justicia, encargado de brindar asistencia jurídica en el área penal, psicológica y social a la víctima de escasos recursos. Lee la ley que señala sus funciones.

Servicios Integrados de Justicia Plurinacional

Dentro de los servicios están las Casas de Justicia y los Centros Integrados de Justicia, dependientes del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales.

Casa de Justicia

Son entidades que tienen el objeto de viabilizar el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables de la sociedad boliviana en un marco de respeto y preservación de sus derechos fundamentales. Se constituyen en el brazo social fundamental del Ministerio de Justicia y asumen la representación del Ministerio de Justicia en las Capitales de Departamento.

Centros Integrados de Justicia

Son entidades implementados como un componente del Programa Nacional de Acceso a la Justicia, tienen el objetivo de procurar el respeto a los derechos fundamentales llegando a la población más distante proporcionando el acceso a la justicia en coparticipación con el Órgano Judicial, Ministerio Público y otras entidades del sector justicia, por cuanto a diferencia de las Casas de Justicia, funciona un Juzgado de Instrucción Mixto, establecido en la Ley de Organización Judicial actual. Se ubican en lugares alejados de los centros urbanos a fin de que los servicios lleguen de manera ágil, oportuna, eficiente, oral, gratuita y cercana a la población más vulnerable de la sociedad boliviana.

Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV)

Organismo especializado de la Policía Boliviana, encargado de la prevención, auxilio e investigación de hechos de violencias hacia las mujeres y la familia, en coordinación con el Ente Rector y otras entidades públicas y privadas. Su Estructura, organización y procedimientos serán establecidos de acuerdo a reglamento y contarán con cuatro niveles de actuación:

a) Plataforma de atención y recepción de denuncias

b) Brigadas móviles

c) Divisiones de Investigación

d) Tareas de prevención

De acuerdo con la ley, debe investigar las distintas formas de violencia a través de cinco divisiones especializadas: División de Delitos contra la Vida, División de Delitos contra la Libertad Sexual, División de Delitos contra la Violencia Pública, División de Delitos contra la Integridad Corporal y la Salud y División de Delitos contra la Violencia Psicológica.

Consejo de la Magistratura

Debe implementar los Juzgados contra la Violencia contra las Mujeres, incluyendo en la currícula de la Escuela de Jueces del Estado, cursos de especialización en materias de género, derechos humanos y violencia.

Desde los gobiernos departamentales

Los gobiernos departamentales tienen la obligación de crear, sostener, equipar y mantener las Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en Situación de Violencia.

Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en Situación de Violencia

Deberán contar con personal multidisciplinario debidamente capacitado y especializado en atención a mujeres en situación de violencia; la administración deberá diseñar e implementar una estrategia de sostenibilidad. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, podrán establecerse acuerdos y convenios intergubernativos e interinstitucionales. 

Desde los gobiernos municipales

Los Gobiernos municipales tienen competencias asignadas por Ley, como la creación de albergues, la implementación y/o fortalecimiento de los Servicios Legales Integrales (SLIM).

Servicios Legales Integrales (SLIM)

Es un servicio Municipal, constituido por un equipo multidisciplinario de orientación y apoyo Psicológico , social y legal gratuito , que promueve y protege los derechos de la mujer familia contra la violencia intrafamiliar y doméstica , integrado por tres profesionales: Abogado, Trabajadora Social y Psicólogo.

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia

Son un servicio municipal público, permanente y gratuito para la promoción, protección y defensa psico-socio-jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A nivel de prevención, el Gobierno central asume responsabilidades de educación y atención de salud

Ministerio de Educación

En el ámbito educativo, la Ley 348, Artículo 9, instruye que el Ministerio de Educación tiene la obligación y responsabilidad de incorporar estrategias y programas de prevención e intervención integral contra la violencia hacia las mujeres, incorporar el enfoque de género, crear en las unidades educativas un centro de atención psicológica, con especialidad obligatoria en violencia, en convenio con universidades públicas o privadas para la atención psicológica de las y los estudiantes que viven en familias en situación de violencia, así como garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia, si se produce un cambio de domicilio.

El Ministerio de Educación debe formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema educativo, con reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de protección y atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas, con la prohibición de textos de estudio, materiales educativos con contenidos sexistas, mensajes violentos y discriminatorios hacia las mujeres, y promover la elaboración y difusión de material educativo con enfoque de equidad de género.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y Deportes tiene la responsabilidad de garantizar a las mujeres en situación de riesgo o de violencia, el acceso a los servicios de salud, su tratamiento y protección, como un problema de salud pública incorporando estrategias y programas de promoción, prevención e intervención integral en el marco de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, con protocolo único de detección, atención y referencia de la violencia con enfoque intercultural y de género.

Se garantiza que el Sistema de Salud Público, seguro social a corto plazo y privado, responda con atención médica y psicológica de emergencia, tratamiento inmediato para el restablecimiento de la salud física y emocional con la prestación de salud gratuita, quedando prohibida la negación de atención y referir o derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inminente a los servicios especializados de atención médica, psicológica y de protección.

El personal médico del Sistema de Salud Público, seguro social a corto plazo y servicios privados deberán extender de oficio, de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente, un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia, debiendo derivarse a las instancias competentes la respectiva valoración del daño psicológico. El médico forense con carácter prioritario deberá homologar los certificados médicos extendidos en casos de violencia contra las mujeres y establecer el grado de impedimento.

Los servicios de salud de todos los niveles tienen obligación de atender, bajo responsabilidad, a toda mujer que solicite atención médica y psicológica, reportar casos probables o comprobados de violencia contra las mujeres, enviando una copia firmada del registro del caso al Ente Rector, para su inclusión al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, dentro de las 48 horas de conocidos los hechos.

En el campo de la Salud, la propia CPE, Artículo 48, señala que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo haya cumplido un año de edad.

Y el Artículo 66 garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

La principal entidad para el cumplimiento de dicho mandato, el Ministerio de Salud, ha diseñado una serie de Planes de Salud a objeto de garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y contra la violencia hacia las mujeres, entre los que se destacan principalmente los siguientes:

  • Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2009 - 2013
  • Plan Nacional para la igualdad de Oportunidades 2009 - 2013
  • Plan Estratégico Nacional Multisectorial VIH - SIDA
  • Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009 - 2015
  • Plan Sectorial de Desarrollo “ Hacia la Salud Universal” 2010 - 2020
  • Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Boliviana 2009 - 2013.
  • Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino 2009 - 2015.
  • Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de Mama 2009 – 2015
  • Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Materna, Perinatal y Neonatal 2009 - 2015.

No obstante, se advierte que el Servicio Nacional de Salud (SNS) evidencia desigualdades de la realidad económica del país y cuyos procesos de reforma han conducido a crear un SNS fragmentado, con múltiples proveedores de servicios públicos y privados, sin mecanismos efectivos y eficiente de coordinación ni objetivos compartidos, con seguros que cubren sólo determinados grupos poblacionales con servicios poco accesibles para la población más vulnerable y pobre.

Visto 2659 veces Modificado por última vez en Jueves, 18 Septiembre 2014 13:01
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