Sábado, 13 Septiembre 2014 16:50

6. ¿Por qué la legislación es letra muerta?

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 Falta voluntad política, lo que se traduce en la no asignación de recursos, analiza la periodista y feminista queer, Patricia Flores Palacios.

Si bien la Ley 348 plantea la asignación de los recursos para su implementación, no define partidas de asignación de presupuesto, montos o porcentajes para determinadas instancias estatales o las que se deberían destinar, ni define tiempos para su implementación en el corto, mediano o largo plazo, por lo que el Presupuesto General de la Nación de la gestión 2014 omite este mandato, el único caso en que se identifica la fuente de recursos es el  funcionamiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, para cuyo funcionamiento se usarán los recursos de la Ley de Seguridad Ciudadana (IDH), aunque en el presupuesto de la Policía este ítem no esta visible de manera explícita.

El Ministerio de Justicia como ente rector, desde aprobada la norma ha tenido una débil actuación o en muchos casos inacción a favor efectivo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y si bien ha tenido a titulares a mujeres han demostrado que el aparato burocrático y otras prioridades estatales son más fuertes al interior del ejecutivo, que a más de un año de aprobada la Ley casi nada se ha avanzado, no se ha incrementado el presupuesto ministerial, ni se han previsto presupuestos específicos para la implementación de la norma[1].

El ministerio en su conjunto cuenta con recursos humanos limitados y en permanente cambio, y más bien ha ido eludiendo su mandato constitucional ha delegado actuaciones o responsabilidades al Ministerio Público, a la Fiscalía o a la propia ciudadanía, como ocurrió en algunos hechos emblemáticos como los de violación a una mujer en el Concejo Municipal de Sucre o la lucha frontal contra la violencia hacia la mujer y contra el feminicidio. La actuación de oficio es un capitulo relegado.

Sumada a esa problemática la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos[2]en marzo de 2014 alerta sobre la grave situación del sistema de justicia penal, el 75% de rezago judicial, la aplicación excesiva y prolongada de la detención preventiva, insuficiente cobertura del Ministerio Público, del Servicio Nacional de Defensa Pública y del Instituto de Investigaciones Forenses y deficiencias en la gestión institucional. Dicho informe enfatiza también en la falta de control judicial, observando los frecuentes cambios de fiscales y suspensiones de previa, libre e informada.[3]

Y aunque el informe no explicita, dicha crisis que se profundizó aún más desde la elección de magistrados, acentuada por la mencionada voluntad política que tiene su correlato en la falta de previsión para exigir recursos al Tesoro General de la Nación, por lo que en la actualidad la asignación alcanza únicamente al 0,53% del Presupuesto General, como señala el informe del Alto Comisionado.

Si las instancias estatales responsables no han destinado recursos mínimos para que efectivamente se prevengan y combatan todas las formas de violencia de género, se deja en la indefensión cientos de miles a mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia, vulnerando mandatos constitucionales se relegan responsabilidades, se atenta contra la defensa de la vida, profundizando la naturalización y normalización de la violencia contra las mujeres de todos los estamentos sociales, acentuados por un sistema judicial en grave crisis, dejando en la orfandad a mujeres en el grave riesgo del feminicidio, de la muerte, atentando contra sus vidas.

Las instancias de la sociedad civil pueden extremar esfuerzos, optimizar recursos otorgados por la cooperación y desplegar capacidades institucionales pero no pueden en ningún caso suplir las responsabilidades estatales que emanan de la Constitución Política del Estado.

Por lo que queda sin respuesta si existe inacción o negligencia estatal en la lucha efectiva contra la violencia hacia las mujeres.

 


[1] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia* Leer informe completo

[2] Idem

[3] Idem.

 

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