La seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica son tres aspectos que la sociedad necesita tener garantizados para desarrollar su vida cotidiana y su actividad productiva, por un lado, y que el Estado debe garantizar con su capacidad administrativa y política.
El sistema de salud en el país ha llegado a una crisis tal que necesita intervención desde sus aspectos básicos. El acceso mismo a la salud pública y gratuita no está garantizado. Faltan políticas de prevención de la enfermedad y se necesita una reingeniería de la gestión de la salud.
La educación escolarizada carece de una evaluación de su calidad; ha limitado la participación social; ha centralizado las decisiones en el Ministerio de Educación y no ha podido llevar los postulados de la educación liberadora a la práctica desde la más reciente reforma hace ya una década.
El respeto a los derechos humanos en Bolivia ha ido en retroceso en las gestiones del MAS, pero también en el Gobierno transitorio de Áñez. La justicia está en crisis por falta de independencia y credibilidad. La próxima administración debería actuar con un enfoque de derechos; respetar la Constitución e impulsar la reestructuración de la justicia para garantizar independencia y eficiencia.
Los mayores problemas ambientales en Bolivia tienen que ver con las actividades mineras e hidrocarburíferas que están enmarcadas en un modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales.
La permanencia del modelo patriarcal y machista; una deficiente aplicación de la Ley 348 y vacíos en esta; un bajo presupuesto para luchar contra la violencia; problemas en la justicia; escasa prevención integral; persistencia del extractivismo que atrae mafias que violentan a la mujer y el irrespeto de la autonomía del cuerpo femenino hacen que la violencia hacia las mujeres continúe y hasta aumente en Bolivia.
Nebulosas en las contrataciones públicas; designaciones a dedo desde el Órgano Ejecutivo; manipulación de estadísticas y propuestas electorales sobre transparencia y democracia recicladas son algunas de las observaciones de especialistas que creen que la falta de transparencia carcome los fundamentos democráticos del Estado y alienta la corrupción en Bolivia.
Pobreza, informalidad, desempleo y empleo precario son los cuatro males. Y quienes son entendidos en la materia plantean un pronto ajuste en los actuales desequilibrios macroeconómicos para luego implementar un plan de desarrollo que supere el patrón extractivista, basado en la exportación de recursos naturales, a través de la diversificación productiva. Urgen también políticas en el área del conocimiento para incentivar la innovación y el emprendimiento desde las universidades.
