Abandonados por sus padres, hay leyes que garantizan a niños, niñas y adolescentes su derecho a vivir en familia. La realidad para miles de ellos, sin embargo, es que crecen encerrados en “hogares” que no son sino fríos y hasta peligrosos orfanatos.
¿Recuerda lo sucedido con el bebé Alexander en 2014? Testimonios de huérfanos que crecieron en centros de acogida, afirman que ese caso no es una excepción sino la prueba de la violencia con que se trata a los menores “institucionalizados”.
Las adopciones son la única respuesta aceptable, afirman personas e instituciones que trabajan para evitar que el maltrato, inevitable para una persona obligada a vivir sin amor, haga mella. La burocracia estatal frena esa respuesta.
El 17 de Julio de 2014 se puso en vigencia el nuevo Código Niño, Niña, Adolescente (Ley 548) en Bolivia. Aunque en términos legales los avances son significativos, al momento de aplicar la norma es que la burocracia toma protagonismo.
Marcia Torrico y Sofía (la niña que crió desde sus primeros meses) y su traumática separación, son tan solo un ejemplo de las miles de historias en las que los más afectados son los infantes. Privados de sus derechos, los niños que viven en abandono, además deben lidiar con todo tipo de trabas legales.
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¿Cuáles son los números del abandono?
Hasta 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 42% de la población boliviana tenía menos de 18 años. De ese porcentaje, en un informe de la UNICEF de 2012, se asegura que al menos unos 20 mil viven en situación de abandono, muchos de ellos hacinados en hogares y albergues. La misma organización aseguró en 2014 que este número podría llegar hasta los 32 mil.
La mayoría de los niños "institucionalizados" tiene entre 7 y 18 años. Este último dato resulta particularmente relevante, pues la experiencia de organizaciones como Infante muestra que las parejas o personas que adoptan prefieren a recién nacidos o pequeños con pocos años de vida. A pesar de que la ley 548 promueve la adopción de niños mayores de 4 años, entre otros y tomando en cuenta que los lugares de acogida deberían buscar la inserción de niños y niñas en un hogar y una familia, el 60% de ellos que vive en centros de manera permanente, marcando la pauta sobre el mal funcionamiento de los procesos legales que buscan restituir su derecho a la familia.
A pesar de que es de conocimiento general que las casas de acogida privadas funcionan desde siempre, recién en este año existe en La Paz una norma que regula su funcionamiento. Una situación que pone en peligro la integridad física y psicológica de los pequeños.
Sin embargo, al momento sólo se conoce de un centro con acreditación oficial, el resto funciona fuera de norma. A esta informalidad se suman el hacinamiento, la falta de personal y recursos en los Hogares administrados por el SEDEGES. Es la tragedia a la que se enfrentan los menores que no cuentan con una familia.
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Dudas muy graves se ciernen sobre las adopciones de niños, niñas y adolescentes en Santa Cruz. El propio directorio de la entidad creada en los años 60 ha solicitado una auditoría, pues se teme que haya habido discriminación a la hora de aprobar solicitudes, e incluso trata.
Los expedientes de varios casos están siendo revisados y la alerta está encendida. Una vez más, las principales víctimas son niños y menores de edad que de repente se ven envueltos en todo tipo de chicanas legales.
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Celia Jordán tiene un hijo de vientre y dos de corazón. Su familia es un botón de esperanza en un panorama tan agreste. Además, su vocación solidaria la impulsa a seguir trabajando por brindar a más niños una familia con la que compartir sus días.
Ella trabaja desde la Red Por mi Derecho a Tener Una Familia y es una convencida de que ninguna persona debería crecer en un orfanato. Por eso, desde 2009, impulsa las adopciones como única salida para librar del abandono a la infancia.
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¿Cuáles son los requisitos que los bolivianas y las bolivianas deben cumplir para adoptar?